David Rodriguez Albert
Esta primavera estamos viviendo las movilizaciones educativas más importantes de nuestra historia reciente, especialmente en Catalunya y en el País Valencià. Más allá de las razones concretas y de las negociaciones específicas que están teniendo lugar, el malestar del personal educativo tiene motivaciones muy profundas que me gustaría analizar en este artículo, partiendo del caso catalán, que probablemente sea en buena medida extrapolable a otros territorios del Estado.
En los últimos años, se ha producido un fuerte aumento del número de alumnos identificados con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE) en Catalunya. Las cifras oficiales muestran que se ha pasado de alrededor de 156.000 alumnos en 2019-2020 a más de 330.000 en 2024-2025, lo que supone un crecimiento superior al 100% en apenas cinco años. Este incremento no se explica únicamente por un aumento de trastornos o discapacidades. De hecho, la mayor parte del alumnado NESE actual corresponde a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Aproximadamente, el 85% de los casos identificados pertenecen a esta categoría, mientras que una proporción mucho menor está relacionada con trastornos del desarrollo, discapacidades o necesidades educativas especiales de carácter clínico.
Estos datos ponen de manifiesto que el sistema educativo se ha tensionado de manera notable, y más en un contexto de recortes en el presupuesto público que venimos arrastrando desde hace casi dos décadas. En Catalunya, el gobierno ultraliberal de Artur Mas fue especialmente agresivo en su ataque contra los servicios públicos, pero otras fuerzas políticas, en mayor o menor medida, han ejecutado medidas austericidas en diferentes comunidades autónomas. Por consiguiente, se han limitado enormemente los recursos justo en el momento en que resulta más urgente y necesario atender a la diversidad creciente en nuestras aulas.
De hecho, son dos caras de una misma moneda. El estallido de los mercados financieros y la gran crisis que eclosionó en el 2008 contribuyó a incrementar de manera progresiva la pobreza infantil y las desigualdades sociales. Esto no generó directamente más trastornos, pero sí aumentó el número de alumnos con necesidades derivadas de situaciones económicas y familiares vulnerables. A su vez, la pandemia de la COVID-19 actuó como acelerador de problemas ya existentes, e incrementó las dificultades emocionales, los problemas de salud mental, los retrasos en el aprendizaje y una mayor visibilización de necesidades que antes podían pasar desapercibidas.
Siempre hay docentes o sindicatos cuya principal proclama se queda en el salario, pero esto no refleja el motivo central del malestar acumulado durante años de inacción en las políticas educativas. Algunos gobiernos han intentado desviar la atención de los verdaderos problemas en las aulas, predicando los mantras de la innovación y las competencias como elementos mágicos que iban a llevarnos a una especie de paraíso en resultados educativos. Pero nada más lejos de una realidad en la que el profesorado se encuentra desbordado por una situación insostenible. La falta de recursos y el aumento de la complejidad en las aulas van acompañados de una enorme ineficacia burocrática, y todo ello provoca una sobrecarga de trabajo que genera ansiedad, frustración y desmotivación creciente. El profesorado tan solo quiere ejercer con una cierta dignidad y atender al conjunto del alumnado como se merece.
Hemos de evitar y combatir los discursos injustos y simplistas de algunas supuestas autoridades universitarias que claman porque dicen recibir a jóvenes cada vez peor preparados, responsabilizando de ello a la presunta inoperancia de las docentes. Muchos de ellos no denuncian, sin embargo, el aumento de las desigualdades y de las necesidades educativas especiales, ni los recortes presupuestarios que, por cierto, algunos de estos voceros han auspiciado desde algunas de sus cátedras.
Más allá de cómo finalicen las movilizaciones de este curso, la situación es crítica desde un punto de vista estructural, y requiere de una dotación de recursos muy superior a la actual y en consonancia con la media de la Unión Europea. La tarea es de largo recorrido, afecta a otras parcelas de nuestro frágil Estado del Bienestar, y la solución pasa necesariamente por algo que tantas veces propone la izquierda, pero que siempre se queda bastante a medias: una reforma fiscal progresiva que aumente sustancialmente la recaudación y permita a nuestros jóvenes ser educados de manera digna, en coherencia con lo que debería ser una democracia socialmente avanzada.