Arthur Mulligan
Como uno más de los ciudadanos europeos, asisto a una forma de continuidad del bolchevismo en la que se educó Vladimir Putin caracterizada por el rechazo de la primacía de la ley como base del buen gobierno, por la obsesión con el enemigo interior y exterior -cuyo destino no puede ser otro que la eliminación- y por la huida hacia adelante imperial como fuerza legitimadora. Todo ello se resume en una voluntad de hegemonía sobre una Europa relativista y debilitada por sus vicios y por entramados leguleyos que asfixian la toma de decisiones e impiden el expansionismo existencial que el régimen atribuye a la madre patria. Cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, las cifras hablan por sí solas: más de dos millones de muertos y heridos.
El agresor insiste en que los europeos deben cesar su obstinado suministro de apoyo logístico a Kiev y priorizar la construcción de un “sistema de seguridad” junto a quienes son, precisamente, los autores de la inseguridad. Tras doblegar a Ucrania a sangre y fuego, Rusia pretende que olvidemos los miles de crímenes de guerra cometidos, que olvidemos la OTAN, que olvidemos nuestros sistemas de alianzas, lo que somos y aquello que nos diferencia.
Paralelamente, una extrema derecha europea simpatiza con Putin por afinidades ideológicas profundas: nacionalismo, conservadurismo social y rechazo del multiculturalismo promovido por la U, valores que estos movimientos creen ver reflejados en el modelo ruso de Estado fuerte y liderazgo autoritario. Aunque esta simpatía pueda parecer inopinada, dada la tradición anticomunista de estos grupos, Putin se presenta como defensor de valores “tradicionales” -cristianismo ortodoxo, oposición a los derechos LGTBI y control migratorio-, lo que lo convierte en un referente alternativo al progresismo liberal europeo. Comparten, además, un rechazo común a la globalización y a la OTAN, percibidas como imposiciones externas que erosionan la soberanía nacional. Putin encarna para ellos la figura del “hombre fuerte” que subordina los derechos individuales a la identidad nacional, en una línea similar a la de líderes como Viktor Orban en Hungría o Salvini en Italia.
Rusia ha financiado partidos como el Frente Nacional de Marine Le Pen -nueve millones de euros en 2014- e invitado a dirigentes ultras a Moscú, fomentando redes que buscan debilitar a la UE desde dentro. Esto incluye la difusión de propaganda compartida contra Ucrania y la inmigración. Figuras como Le Pen, Salvini o el FPÖ austriaco, han elogiado públicamente a Putin pese a la invasión de Ucrania. En 2026 esta simpatía persiste, reflejada en el auge electoral de formaciones prorrusas en Francia, Países Bajos y Eslovaquia.
La UE ha impuesto sanciones específicas contra la propaganda rusa desde 2022, suspendiendo la emisión de medios estatales como RT y Sputnik por su papel en la desinformación sobre Ucrania. Estas medidas, prorrogadas hasta julio de 2026, incluyen prohibiciones de radiodifusión en todos los formatos y la congelación de activos de entidades y personas clave.
También existen afinidades ideológicas prorrusas documentadas en partidos de la extrema izquierda europea, aunque con menor respaldo financiero que en la extrema derecha. Estas afinidades se basan en críticas compartidas a la OTAN, a la UE y a Occidente, así como en llamamientos a levantar las sanciones contra Rusia.
En Die Linke (Alemania) se mantiene una posición escéptica hacia la OTAN, con defensa de vínculos económicos con Rusia y reticencias a calificarla como Estado agresor en Ucrania. Podemos (España) ha mostrado colaboraciones con RT y Sputnik y posturas calificadas de equidistantes respecto a la guerra. Syriza (Grecia) ha mantenido históricamente una actitud abierta hacia Rusia y crítica con las sanciones europeas. Otros partidos, como AKEL en Chipre, el KSČM checo, el Partido Comunista Portugués o el Partido Socialista Búlgaro, exhiben afinidades ideológicas similares.
La convergencia entre ambos extremos incluye elogios al supuesto “antifascismo ruso” por parte de la izquierda radical y el rechazo compartido de la narrativa de agresión en Ucrania. Rusia invierte en medios afines y en narrativas anti-UE con fines desestabilizadores, beneficiando simultáneamente a la extrema derecha y a la extrema izquierda.
En la actualidad, pese a la imagen oficial de unidad de la OTAN, España es percibida como un actor disonante y se encuentra bajo escrutinio dentro de la Alianza.
Así se configuran los afectos cambiantes hacia Rusia en el interior de la UE. Aunque en el putinismo hayan desaparecido las referencias explícitas al marxismo-leninismo, la visión maniquea de un “ellos” contra “nosotros” sigue estructurando el sustrato continuo de su conciencia política.
Según la historiadora Françoise Thom un rasgo recurrente de la historia rusa es la capacidad de autodestrucción del propio pueblo ruso, y la guerra de Putin contra Ucrania sería su manifestación más reciente. El núcleo del problema reside en la ausencia de una sociedad civil estructurada. El concepto central de los ideólogos putinianos es revelador: aquello que garantiza la cohesión del Estado. Se trata de un concepto ágrafo: el autócrata, la verticalidad del poder, la Iglesia ortodoxa, los valores tradicionales o incluso Gazprom. Este concepto refleja la fragilidad percibida del Estado ruso, que, carente de vertebración institucional, necesita un corsé exterior para contener una sociedad no organizada en torno a instituciones sólidas. El sentimiento de precariedad estatal es constante entre autócratas y élites rusas, que temen una revuelta descontrolada del pueblo.
Ese mismo temor explica el bloqueo de las tentativas reformistas de los zares en el siglo XIX y la alergia de Putin hacia la libertad, a la que identifica con la anarquía. Todo su mandato puede entenderse como un proceso de erradicación sistemática de las libertades adquiridas en las décadas anteriores. La guerra contra Ucrania culmina este proceso: el Kremlin se siente desestabilizado por la existencia de vecinos libres y utiliza el conflicto como pretexto para liquidar los últimos espacios de autonomía ciudadana, en particular Internet y la empresa privada.
Surkov. uno de los ideólogos del régimen putiniano, sostenía que Rusia debía exportar el caos al exterior para estabilizar su régimen interno. La voluntad de subvertir el orden internacional ya estaba en el corazón del bolchevismo y sigue siendo la fuerza motriz del putinismo. La existencia de leyes limita el poder del soberano, y el régimen comunista se construyó sobre la destrucción del derecho, sustituido por la violencia.
No son pocos los historiadores sorprendidos por la perseverancia de los dirigentes del Kremlin en la consecución de su objetivo último: la hegemonía rusa sobre el continente europeo. El debilitamiento de las democracias occidentales aparece para Putin como una oportunidad histórica. El Ministerio de Asuntos Exteriores y los servicios de inteligencia rusos conservan una memoria institucional transmitida de generación en generación, en marcado contraste con democracias incapaces de sostener políticas a largo plazo.
Tras la Guerra Fría, las distintas administraciones estadounidenses prescindieron de sus sovietólogos, y la carencia de expertos en materia rusa se deja sentir de forma dramática. La política del Kremlin no puede comprenderse sin una perspectiva temporal amplia. Desde el lanzamiento del Plan Marshall en 1947, la finalidad estratégica de Stalin fue la expulsión de los estadounidenses de Europa.
La campaña comunista contra el Plan Marshall y contra la integración europea recuerda de forma inquietante los argumentos de los soberanismos actuales.
Solo podemos intuir la complejidad y escasez de la información que nos llega de Rusia, cuyo anclaje histórico quizá permita explicar la barbarie objetiva -por coherente que sea desde un punto de vista militar- del plan del Ejército ucraniano para el próximo año, consistente en causar 50.000 bajas rusas al mes.
Solo un Estado liberal europeo, robusto y adecuadamente armado, con una disuasión suficiente basada en el imperio de la ley y en alianzas sólidas, podrá hacer frente a los desafíos que se perfilan en un horizonte dominado por el ruido y la furia nihilista.
Pero hay señales muy positivas a pesar de todo. Como la que recogía en El Mundo el excelente periodista Rafa Latorre. un pasaje del juez Neil Gorsuch en el Tribunal Supremo de los EE.UU. reivindicando la deliberación democrática:
«Para quienes consideran importante que la Nación imponga más aranceles, entiendo que la decisión de hoy resulte decepcionante. Lo único que puedo ofrecerles es recordar que la mayoría de las grandes decisiones que afectan a los derechos y responsabilidades del pueblo estadounidense (incluido el deber de pagar impuestos y aranceles) se canalizan a través del proceso legislativo por una razón. Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede resultar tentador eludir al Congreso cuando surge un problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo era precisamente el propósito mismo de su diseño.
A través de ese proceso, la Nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o de un hombre. Allí, la deliberación modera el impulso y el compromiso forja las discrepancias hasta convertirlas en soluciones viables. Y como las leyes deben obtener un apoyo amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar, permitiendo a las personas corrientes planificar sus vidas de un modo que no pueden cuando las reglas cambian de un día para otro».
Concluía Latorre con esta breve reflexión: «Supongo que es aún más conmovedor leer esto desde una nación, como España, cuyo presidente ha asentado la doctrina que se puede gobernar «con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo», y cuyo Tribunal Constitucional, además, funciona ahora como habilitador de la acaparación de poder del Ejecutivo y no como el freno de su tentación usurpadora.»