Y que salga el sol por Antequera

Aitor Riveiro

Decíamos la semana pasada que los motivos que muchos republicanos tenemos para reclamar un cambio de régimen no tienen nada que ver con el dinero que cuesta o deja de costar nuestra actual monarquía o el que nos pudiera suponer una hipotética república, sino que nos mueven unas convicciones más profundas, que radican en la concepción misma que tenemos de cómo debería ser la sociedad.

Algo parecido nos pasa a muchos cuando debatimos sobre el papel que juega la Iglesia (la católica, apostólica y romana) en nuestra sociedad y cuál debe ser su relación con el Estado, un asunto muy en boga en los últimos cuatro años y que volvió a copar durante la última semana aperturas de informativos y primeras páginas de periódicos a cuenta de las recomendaciones que de cara a las elecciones generales han hecho los obispos.

Los señores de las sotanas llevan una legislatura como no se les recordaba; seguro que los más veteranos del blog pueden contarnos historias de épocas pretéritas que convertirían a la actual cúpula eclesiástica en meros aprendices, pero somos muchos los que, por suerte, no hemos asistido a los peores momentos del nacionalcatolicismo. Aunque con lo que hemos vivido desde marzo de 2004 ya nos vamos haciendo una idea.

(Uno que tiene bastante vivido de la transición y los primeros años de democracia, Felipe González, contaba hace ya algunos domingos en una entrevista en la SER que a él también le montaban unos buenos circos los señores de las sotanas y que, cansado, llamó a uno de los representantes de la Iglesia y le espetó algo así como “si encuentras un sólo concordato más favorable a vuestros intereses que el que actualmente rige las relaciones España-Vaticano, os lo cambio íntegro al día siguiente”. El interpelado no volvió nunca a La Moncloa. Todavía debe andar buscando un concordato mejor que el actual. Y no lo encontró ni el susodicho ni ninguno de sus sucesores, porque sencillamente no debe de haberlo).

Estábamos en que los señores de las sotanas han tenido una legislatura bien movidita. La verdad, el Gobierno de Zapatero no les ha dado tregua: que si matrimonios homosexuales, Educación para la ciudadanía, divorcio express, negociación con ETA, Ley de Igualdad (que, todo sea dicho, ni les va ni les viene, porque se pasan la igualdad entre sexos por el palio del triunfo), etc. El rojo masón tiene a la Iglesia al borde del caos, de la disolución, casi en la ilegalidad. ¡Tal parece que fueran Batasuna!

Y, sin embargo, ahí están. Con una interlocutora de lujo (la vicepresidenta, ni más ni menos) reuniéndose con ellos cada dos por tres para explicarles que no es para tanto, que ellos siguen teniendo los mismos derechos y algún que otro deber menos. La curia sigue contando con sus colegios concertados e impartiendo una asignatura en los centros públicos a cuenta del estado, aunque con capacidad de contratar y despedir al primer divorciado con cuernos y rabo que se les ponga entre ceja y ceja. Siguen sin pagar IVA, conservando sus templos (para uso, disfrute y explotación propia) a cuenta de las arcas públicas; invierten su dinero en bolsa y no han tenido noticia alguna de impuesto de plusvalías o similar. Por no hablar de los espacios gratuitos en la televisión pública.

Pero aún así, erre que erre: el rojo y masón de ZP nos odia y quiere terminar con nosotros.

Pues tengo una noticia para ellos: si por mí fuera, no iba a quedar ni rastro del actual statu quo en las relaciones Iglesia-Estado. Y no es por odio; ni siquiera porque económicamente pudiera ser mejor o peor para las arcas públicas. No; es pura y llanamente decencia democrática.

No es de recibo que la Iglesia siga contando con un sistema de financiación como el actual, en el que el Estado gestiona el dinero que algunos contribuyentes deciden donar a tan magna institución a través de su declaración de la renta y que si, como suele pasar, los españolitos se rascan el bolsillo menos de lo que deberían nuestros impuestos pagan el resto. No puede ser muy democrático que una organización adoctrine en los centros escolares públicos (y me da un poco igual que sea curricular o no la asignatura de Religión Católica) o concertados, pagando, como no, los contribuyentes, pero sin que el estado pueda decidir qué materias son o no son impartidas.

Sigamos: IVA y demás impuestos, patrimonio, adoctrinamiento desde RTVE, funerales (y bodas, bautizos y comuniones) de estado. Intromisiones en el legítimo (y legal) devenir del Gobierno, incumplimiento reiterado de varias leyes (protección de datos, igualdad, educación, etc.).

Quizá todas o algunas de estas (pocas) ventajas que tiene la Iglesia sean ‘buenas’ para el Estado. Es posible, no digo que no. Pero eso no es lo importante. Lo trascendente es saber si la Iglesia apunta en el debe o en el haber de la calidad democrática de nuestro país.

Si algo hemos aprendido en estos cuatro años es que la Iglesia nunca se conforma y siempre quiere más y más. Pues si quieren más que sea en igualdad de condiciones. No al (actual) concordato ni a las infinitas ventajas de la Iglesia.