¿Y ahora qué? Ahora no toca moverse

Barañaín

El 9N no ha desvelado nada que no supiéramos. Ha sido, al fin, una nueva demostración de la cohesión y perseverancia del soberanismo catalán. De su fortaleza sí, pero también de sus límites. Un tercio del electorado ha decidido participar ayer en esa extraña consulta, de la que nadie esperaba que resolviera ninguna incógnita, más allá del volumen de tal participación. O sea, que el 80% de un tercio del censo ha respondido según lo previsto. Ninguna sorpresa.

Es posible que todo el guión de la consulta, supuesta secuela de unos frustrados intentos de referéndum abortados judicialmente, estuviera encaminado a provocar una respuesta de trazo grueso desde el gobierno central. Un poco en el sentido propuesto por los de UPyD con sus denuncias ante los juzgados de guardia de ayer mismo. Una respuesta que, impidiendo físicamente la celebración, permitiera dramatizar aún más el victimismo que es la seña de identidad sustancial del soberanismo catalán. Al no caer en esa trampa el gobierno de Rajoy, lo de ayer queda en una nueva exhibición, cualitativamente no muy diferente de las llevadas a cabo en las diadas y en otras ocasiones.

El titular de portada de El País de la víspera proclamaba que la demostración soberanista del 9N era inútil para resolver el encaje de Cataluña en España. Una obviedad, dado que no era esa la finalidad de la consulta. El desencaje de Cataluña, evidente desde hace unos años, debiera haberse encarado hace tiempo: en primer lugar desde el gobierno de la nación, por su doble responsabilidad política, la propia de cualquier gobierno nacional que no puede permanecer impávido ante un problema de semejante envergadura y la específica de la derecha española que tanto ha hecho –en la última década- para provocar este desaguisado.

¿Y ahora? De momento, se detecta cierta ansiedad en muchos análisis inmediatos post-9N: “hay que hacer algo”, puede ser el resumen. Parece una respuesta mimética al activismo de los soberanistas, que no dejan de moverse, aunque ese continuo deambular no les lleve a ningún sitio definido. También es verdad que quienes así se pronuncian son los mismos que venían reclamando esa respuesta, desde antes de que las cosas llegaran a este punto. Pero cada respuesta tiene su tiempo y no es seguro que lo que fue buena idea antaño siga siéndola ahora.

Seguramente tienen razón quienes sostienen que el gobierno de Rajoy debió haber evitado que el catalanismo fuera abducido por una estrategia soberanista que se alimentaba, entre otras cosas, del desdén del gobierno central. Que debió haber asumido que, al margen de las connotaciones legales y de la valoración que mereciera el escaso respeto a los usos democráticos que evidenciaba esa estrategia –algo por lo demás muy característico de casi todos los nacionalismos-, lo que subyacía era un enorme problema político cuyo abordaje –no necesariamente su solución-, tenía que ser político. El gobierno no sólo debía sino que podía haber tomado la iniciativa. Máxime teniendo en cuenta que nadie, a su izquierda o a su derecha, se lo iba a reprochar ni iba a intentar sacar rédito. No, desde luego, el PSOE que de ninguna manera iba a pagar al PP con la misma moneda de la deslealtad, el juego sucio y la demagogia que tuvieron que soportar en su día el gobierno de Zapatero y el tripartito catalán.

Siendo cierto todo eso, no tengo tan claro que la receta siga siendo válida a estas alturas. Al problema político objetivo de la difícil relación Cataluña-España, seguramente merecedor de una reforma constitucional, se ha superpuesto otro, el del desafío de una institución –un gobierno autonómico-, ante el que el gobierno de la nación tampoco puede ser insensible. Porque no es baladí el que todo un país haya asistido, “en vivo y en directo” al espectáculo de las últimas semanas y haya comprobado que un gobierno autonómico puede salirse con la suya no solo haciendo oídos sordos al Tribunal Constitucional, sino saltándose a la torera incluso su propia norma autonómica sobre consultas. Y exhibiendo un abuso patrimonialista de los medios públicos de comunicación y otros recursos públicos que la ley pone en sus manos pero no para que los gestione como si de un chiringuito privado se tratara.

Ambos problemas están obviamente relacionados. No abordar el primero ha contribuido a generar el segundo. Pero la solución a ambos no es necesariamente común. El gobierno de la nación no puede disimular ante la consumación del desafío. Ponerse ahora a mostrarse conciliador (“volver a la mesa de negociación” es la fórmula que algunos preconizan) sin hacer frente al segundo problema sería una mala salida. No para los catalanes soberanistas sino para el conjunto de los españoles.

Yo creo que el gobierno de Rajoy no debería haber permitido que las cosas llegaran hasta este punto. Pero si ha mantenido hasta ahora esa pasividad, frialdad, tancredismo, o como quiera denominarse su actitud, no tiene sentido que a estas alturas cambie de ritmo y se ponga de los nervios. Porque ahora los desafíos son dos. Y no puede ser que, por querer solucionar a destiempo el primero, repita su inmovilidad política frente el segundo. Si frente al desencaje catalán en España hubiera actuado con más iniciativa no habría tenido oposición, como he dicho antes. Si no toma iniciativas, con todas sus consecuencias, frente a la rebelión organizada por un gobierno autonómico eso sí que tendrá costes.

La insumisión de un ciudadano puede ser materia de reflexión y prestarse a la comprensión. Admite diversos enfoques. La insumisión promovida desde un poder público, saltándose la legalidad y exteriorizando su desafío es otra cosa muy distinta. Darse por enterado de la rebelión implica no solo dejar actuar a jueces y fiscales sino negarse a premiar la rebeldía mostrando inseguridad o disponibilidad a satisfacer las demandas de los insumisos. El problema político sustancial seguirá necesitado de respuesta pero esa no puede ser ahora mismo la prioridad. Es otra la respuesta que muchos españoles estarán ahora esperando.

No, este no es el momento de volver a ni ninguna mesa de negociación. No, al menos, con el actual gobierno catalán. Lo lógico ahora sería que el acreditado dinamismo soberanista se tradujera en una nueva composición del parlamento catalán y de su gobierno. Y sería la ocasión para volver a la casilla de salida para, quizás, empezar de nuevo. Salvo que el gobierno que saliera de esas elecciones catalanas quisiera ensayar nuevos episodios de ruptura. Está por ver. En todo caso, esa sería su responsabilidad en la que no hay porqué acompañarles.