Verificando las intenciones de ETA, Rajoy no se aclara. ¿O sí?

Barañain

Tras declarar ETA su alto el fuego “permanente y verificable” – ocurrió hace apenas dos telediarios, aunque parece que ha pasado una eternidad-,  se convirtió en un lugar común reiterar que no era necesario el concurso de expertos internacionales que verificasen ese hecho, algo muy querido desde el mundo filoetarra (que al menos en su pirueta de despedida conseguiría así la ansiada internacionalización de su conflicto). La doctrina, asumida por gobierno y oposición,  proclamaba que el Estado – por medio de sus fuerzas de seguridad-, se bastaba para verificar ese abandono de la violencia.

Ironías del destino: ahora parece que no sólo es autosuficiente para cumplir esa tarea sino que va tan sobrado que se permite el lujo de tener varias versiones del estado en que encuentra la banda terrorista. Resulta que lo que para el CNI es un evidente final irreversible de ETA, que “ni quiere ni puede actuar”, para la Guardia Civil se convierte en algo no tan definitivo ya que aunque ven a la organización muy tocada creen  que conserva capacidad de reacción  y para la Policía  se trata de un mero paréntesis pues “ETA sólo está hibernada”. Menos mal que se decidió prescindir de observadores externos que aportaran un  pronóstico adicional. Tres parecen ya excesivos.

Es posible que entre el optimismo de los espías del CNI y el pesimismo de la Policía del impresentable Cosidó (me lo imagino encantado de pasarle al jefe informes con pronósticos tremendistas), la versión de la Guardia Civil sea la más ajustada a la realidad. No es de extrañar,  pues son los que siempre han manejado más y mejor información sobre la banda y, al parecer,  sus servicios de información son los únicos que mantienen unidades operativas en territorio francés.   Ellos advierten de que aunque ETA está prácticamente K.O., no es descartable que algún sector juvenil radical pueda estar tentado de hacerse notar, aunque fuera al precio de una escisión.

Fiel a su estilo, Rajoy no se ha apuntado oficialmente a ninguna de las tres versiones aunque debe haberse mosqueado un tanto porque dicen que ha llamado a capítulo a los responsables de los tres estamentos -eso sí, por separado-, junto con el ministro de Interior (ya es llamativo que el ministro del ramo no sea capaz de integrar las informaciones que le llegan).  El caso es que, a estas alturas, seguimos sin saber cuál es la opinión del gobierno, esto es, qué valoración tiene de la situación de  ETA, de sus posibilidades y, sobre todo, de cuales puedan ser sus intenciones. Ni siquiera sabemos sí tiene algún criterio al respecto, aunque se lo guarde para sí.

¿Explica eso el absoluto inmovilismo del que hace gala en la política penitenciaria? Cuando el lehendakari Urkullu se reunión con Rajoy en La Moncloa -casi en secreto, que es lo que ahora se lleva-, no pudo conseguir ni un sí ni un no a la propuesta que le llevó de flexibilizar esa política, estimulando la reinserción y acabando con la dispersión de los presos etarras, que sólo sirve ya para mantener movilizado al colectivo de sus familiares, muy influyente en el seno de la izquierda abertzale.  Urkullu se volvió a Euskadi sin tener idea de los planes de Rajoy (al pobre Urkullu no le sale nada bien, pero esa es otra historia). Lo de consensuar  la política antiterrorista entre los gobiernos central y vasco y entre las distintas fuerzas políticas es, por lo visto, sólo un buen deseo para una campaña electoral, no algo que tenga que llevarse de verdad a cabo.

Mariano Rajoy se desenvuelve bien entre las dicotomías y parece que para definir su trayectoria necesita  transitar entre versiones duales, ya sea en la política  (Soraya y Cospedal) o en la economía (Montoro y De Guindos). Como lo de la lucha antiterrorista son palabras mayores, aquí no han sido dos, sino tres, los que le han soplado al oído de qué iba la cosa. La calma chicha en el mundo abertzale favorece este ejercicio “reflexivo” tan retorcido; si, cumpliéndose los peores pronósticos, la cosa se torciera de nuevo -¡toquemos madera!-, es de suponer que alguien se daría prisa en evaluar seriamente la amenaza. Ahora parece que hay margen para especulaciones, intoxicaciones y prejuicios.

En realidad, puede ser que sinceramente Rajoy no sepa a qué atenerse. Casi prefiero imaginar que se trata de eso, de su pura incompetencia. Me parecería peor  que se tratara de un cálculo oportunista de costes. Es decir, que Rajoy sí fuera consciente de que no hay riesgo de reactivación del terrorismo pero no esté por labor de actuar en consecuencia -con respecto a los presos-, porque un País Vasco “pacificado” no le preocupa (y ahí no tiene nada que ganar) aunque se pudra la situación y porque temiendo la reacción de la caverna mediática y de las asociaciones de víctimas, no está por la labor de complicarse más la vida.

Esa posibilidad es más peligrosa porque existe el riesgo de que el inmovilismo pase factura. La autoestima nacional ya está bastante decaída como para tener que soportar el rebrote de algo que creíamos ya felizmente superado. Sería muy lamentable que el gobierno de Rajoy dilapidara la magnífica herencia que le dejó el gobierno anterior – con el cese de la actividad de ETA y la asunción de la vía política por parte de la izquierda abertzale -, y pasara a la historia como el que fue capaz de arruinar la esperanza, también, en la lucha contra el terrorismo. Y en esto, ni los mercados, ni Europa, ni Merkel tendrían culpa alguna.