Una oportunidad para recuperar la confianza en los partidos

José D. Roselló

No hay Presupuestos Generales del Estado sin polémica.Es una ley no escrita. Siempre habrá alguna partida que baje mucho, o que suba más de lo que se piense necesario, o de manera recurrente habrá alguna Comunidad Autónoma que quede descontenta al compararse con los demás. Es una situación que se repite de manera inexorable cada octubre.

Reconocido esto, bien es verdad que en los Presupuestos para 2014 brillan con luz propia dos hechos especialmente cuestionables.

El primero es el leitmotiv de “Presupuestos para la recuperación” que el Gobierno pretende hacer calar en la sociedad: han menudeado los análisis desde diversos puntos de vista poniendo en cuestión la veracidad de tal aserto. El factor común de todos ellos puede resumirse en que poco se aporta por parte de la actuación pública a esta esperada mini-recuperación para el año entrante.

Nada hay significativo en partidas que puedan resultar dinamizadoras, o de cambio de modelo, o que se orienten a disminuir el sufrimiento de aquellos colectivos sociales más baqueteados por la crisis. Lo único que de recuperación contienen son las previsiones macroeconómicas, y dichas previsiones se basan en un cierto pequeño cambio de tendencia observada, prácticamente en una radición de fondo en los indicadores, que hace presagiar un año donde la tasa de crecimiento de la economía pasará de ser negativa a ser marginalmente positiva. Nada de hacer, solo de no hacer (muy “rajoyanamente”) .Un contener la respiración en forma de no anunciar nuevas subidas de impuestos a la vez que se trata de disminuir el tamaño de los recurrentes recortes, esperando que, sin ruido y por si sola, la llama no se apague. Presupuestos y recuperación (y ésta en una versión “low-cost”) no tienen una relación causal, sino pura contemporaneidad.

No obstante es el segundo hecho polémico de los PGE sobre el que el artículo de hoy quiere pivotar: el incremento de gasto destinado a los partidos políticos, motivado por la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo.

La partida de gasto se incrementa aproximadamente un 30% lo que se traduce en una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Estos 30 millones de euros estarían destinados a financiar mítines, propaganda, transportes y envió de papeletas electorales.

Con el toque de prudencia necesario para no abonar más la demagogia que hace carne en cualquier euro gastado por “los políticos”,  y que muchas veces se ha basado en argumentos muy pedestres (sobre si hay muchos diputados, o si estos tienen Tablet, o sobre cuánto cuesta el móvil) estamos ante una situación distinta.

 La diferencia estriba en tres aspectos: la importante cuantía, la simultaneidad con otros recortes en servicios públicos muy importantes sostenida en el tiempo y, sobre todo, en su finalidad: una campaña electoral.

Surge la cuestión, a mi juicio perfectamente legítima, de si las campañas electorales, especialmente unas para el Parlamento Europeo, no podrían ser austeras hasta el hueso… Por parte del Estado, información institucional sobre el día de la convocatoria, por parte de los partidos, actos a nivel local con poco más que un micrófono y un atril, o la creatividad que cada uno le quiera poner, usando los servicios de la sociedad de la información y los espacios electorales cedidos gratuitamente por los medios.

30 millones de euros para una campaña parece reducible. Debería serlo. Máxime porque cuando no hay para nada, el compartir la carga, ajustarse como se han tenido que ajustar todo lo demás, se convierte en lo único que se puede ofrecer con una apariencia de integridad.

Uno de los aspectos más dañados por la crisis económica es la pérdida de confianza experimentada por los partidos políticos. Mucho se avisa, y con razones, para empezar, históricas, del riesgo que esto supone. Cuando una sociedad pierde la identificación con las instituciones democráticas que la representan, cuando los representantes electos y los partidos pierden credibilidad, tarde o temprano acaba resintiéndose la fe en la democracia misma. Después solo tiene que aparecer alguien que se aproveche del despiste y el desencanto sin que nadie tenga la capacidad, casi podríamos hablar de la legitimidad, para frenarlo.

Un gesto por parte de nuestros representantes en esta dirección puede tener un gran valor cualitativo en el momento en que vivimos. El no hacerlo, en cambio, deteriora muy absurdamente unas relaciones ya sometidas a excesiva tensión.

Recórtense esos 30 millones, a la mitad, a una tercera parte, incluso más si se puede. Úsese toda la creatividad e improvisación de la que se disponga. Hay mucho que ganar si se hace bien, entre otras cosas, empezar a reparar puentes en la actualidad casi rotos, y cuyo deterioro definitivo puede tener consecuencias imprevistas e incalculablemente caras. Por el contrario,  un esfuerzo en recuperar la confianza es muy necesario, resulta absolutamente clave en el momento en que vivimos recuperar cohesión a todos los niveles, necesitamos poder creer en lo que nos dicen y necesitamos pensar que nuestros gobernantes, independientemente de su signo, son unos de nosotros y es el mayor bien común, según su entendimiento, lo que persiguen.