Una ley para el derecho al libre acceso a la información

Alberto Penadés

¿Se han preguntado alguna vez qué se gasta el dinero la SGAE? ¿O cuánto gasta en alquileres el ministerio de justicia? ¿O cuántos ciudadanos extranjeros han sido expulsados en un año? ¿O a cuántos jueces se les ha abierto expediente? ¿O qué terrenos del ministerio de defensa han sido sometidos a compraventa? ¿O cuánto cuestan las felicitaciones navideñas del Ayuntamiento de Madrid? 

No se lo pregunten, no se lo dirán. La Organización Info Access Europe hizo la prueba hace ahora un año de lanzar múltiples preguntas como estas a las administraciones. Los resultados fueron, en su inmensa mayoría, silencio o negativas: Los informes de la SGAE “no forman parte de un expediente”, el ministerio de defensa niega toda información por principio, el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera abre las cartas, y así sucesivamente.

La ley de Procedimiento Administrativo (1992)  señala que se puede tener acceso a un documento público si todo esto sucede: el documento forma parte de un expediente que se encuentra en un archivo administrativo; el expediente corresponde a un procedimiento; y el procedimiento está terminado. No les sorprenderá saber que si un papel forma parte o no de un expediente, si éste corresponde o no a un procedimiento, o cuándo se puede esto ultimo dar por terminado, es algo lo bastante indefinido como para que el derecho al acceso a la documentación pública no exista en España.

España es, de hecho, uno de los pocos países europeos que no han regulado el derecho al acceso a la información por lo que respecta a los documentos públicos, lo que a veces se resume como “derecho a saber”. Leyes mejor o peor inspiradas en la Freedom of Information Act de EEUU han sido adoptadas por la práctica totalidad de las democracias avanzadas, aunque no en la nuestra. El 8 de septiembre de 2008, hace ahora un año, el Presidente del Gobierno se comprometió frente a la Sociedad Interamericana de Prensa a producir esa ley en esta legislatura. En realidad, era un compromiso electoral de 2008, y de 2004.

 En abril de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el derecho de acceso a la información en manos del Estado es un derecho protegido por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En junio de 2009 la primera Convención sobre Acceso a los Documentos Oficiales ha sido firmada en Noruega por 12 estados miembros del Consejo de Europa. España estaba en el grupo de trabajo pero no firmó (como muchos otros países que sin embargo sí tienen leyes, menos maximalistas, para regular el acceso a la información).

El día 28 de septiembre se celebrará el Día Internacional del Acceso a la Información, o del Derecho a Saber. Se pide una legislación basada en este decálogo:

1. El acceso a la información es un derecho de todos.

2. El acceso es la norma, el secreto es la excepción.

3. El derecho se refiere a todos los entes públicos.

4. Realizar una solicitud de información debe ser sencillo, rápido y gratuito.

5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

6. Las negativas deben estar justificadas.

7. El interés público tiene prioridad sobre el secreto.

8. Todas las personas tienen el derecho de apelar una decisión adversa.

9. Los organismos públicos deben publicar de manera pro-activa información importante.

10. El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente.

En España queda mucho por hacer. Las administraciones se niegan la información entre sí, como cuando un ministerio quiere saber qué han hecho las comunidades con los dineros presupuestados (hace poco he conocido el caso de una investigadora del Ministerio de Ciencia que se desvive para lograr que las Comunidades informen sobre qué investigaciones de I+D se financian, qué resultados tienen, etc., lo que resulta ser tarea imposible), la documentación pública se niega incluso a los diputados. Qué no será de los ciudadanos comunes y corrientes.

Humildemente, en el lugar donde trabajo, el CIS, este año se abrieron los archivos del banco de datos a cualquier usuario interesado; el acceso es sencillo, por Internet, y totalmente gratuito. Sorprende pensar que datos de interés científico, que han sido producidos con dinero público, son celosamente guardados por muchas otras instituciones. ¿Por qué no hacen lo mismo?

¿Por qué no puede aplicarse el mismo principio a todos los papeles escritos en ordenadores públicos, por funcionarios públicos, en edificios públicos? No tiene por qué ser siempre gratuito (en Gran Bretaña se cobra por el tiempo que tarde un funcionario en recopilar la información) y puede negarse, temporalmente, por causa justificada. No hace falta mucha imaginación para pensar en una docena de fuentes de resistencia, pero todas parecen ilegítimas.

El acceso a la información sobre lo que hacen los empleados públicos, y los políticos, está en el centro de lo que signifique la democracia en el futuro, con perdón de la grandilocuencia. Todavía queda mucha legislatura, yo confío en que el Presidente cumplirá su promesa.