Un desvarío supremo

Barañain

 El disparate se ha consumado. El Tribunal Supremo no ha podido, no ha sabido o no ha querido sustraerse a la ofensiva antidemocrática desatada en este país y ha ilegalizado las candidaturas de Bildu y con ello ha privado de su derecho a presentarse  a las elecciones a partidos de intachable trayectoria democrática (Eusko Alkartasuna y un grupito escindido de IU, ambos con mayor pedigrí democrático del que puede exhibir el PP, por ejemplo) como son los que han acordado la constitución de una coalición electoral que da cobijo a independientes vinculados a la izquierda abertzale. Y al hacerlo ha agrandado el ya amplio sector de la ciudadanía vasca privado de su derecho a la representación política.

 Si ya fue un hueso duro de roer la ilegalización de Sortu, que provocó una insólita fractura en la sala especial del Supremo que resolvió la papeleta, la aplicación ahora del mismo criterio seguido entonces ha requerido retorcer al máximo una lógica que ya resultaba muy forzada tanto cuando presumía que “Sortu” primero y “Bildu” después no eran sino manifestaciones de un plan urdido por ETA para sortear la ley de partidos y asegurar su presencia institucional como cuando abusaba del “hallazgo” jurídico  de la supuesta “contaminación” que las personas integrantes de una lista electoral con un pasado “batasuno” producían en la candidatura. 

 La ingeniería jurídica diseñada para penalizar a la izquierda abertzale no puede esconder la naturaleza política del planteamiento, expuesta descarnadamente tanto por el PP, que ha sometido a un marcaje descarado al gobierno (y de paso a  una presión obscena al Tribunal Supremo), como por el propio gobierno socialista que no ha parecido encontrarse demasiado incómodo en esta situación, como si apreciara la oportunidad que le brindaba para exhibir “firmeza” ante una opinión pública  intoxicada  por una campaña mediática monocorde.

 Horas antes de que se conociera la decisión del  Supremo aún se especulaba con descaro en los medios de la derecha con la hipótesis de que un sector de los jueces involucrados estaban indignados porque el gobierno no hubiera puesto más carne en el asador, esto es, más pruebas o argumentos contra Bildu que les hubieran facilitado la labor inquisitorial. En realidad con esa inverosímil patraña -pues dificilmente podrían haberse presentado más datos que las presunciones contenidas en los inanes informes policiales basados en   interpretaciones “ad hoc” de los planes de ETA-, se estaba preparando el terreno para un posible revés judicial, que no podía descartarse. Es decir, para seguir acosando al gobierno a cuenta de la política antiterrorista imputándole en este caso la responsabilidad por el fiasco en el Tribunal Supremo. Con el espéctaculo ofrecido a propósito de la salida del etarra Troitiño de la cárcel la derecha ha dejado bien claro que nada le va a desviar del guión que tiene diseñado; nada podrá sorprendernos en este terreno. Y el PSOE ha dejado claro que no está en condiciones de oponerse al desvarío. Tan sólo las razonables quejas de socialistas vascos han permitido salvar algo la cara a este partido.

 Si en el espacio político español esta decisión no aliviará la ya crispada  campaña electoral, con un debate que dificilmente escapará de los términos en los que lo ha planteado el PP (no se ve al gobierno o al PSOE con ganas de romper esa baraja trucada) en el ámbito vasco la decisión será recibida como un jarro de agua fría y alimentará el grado de desafección hacía la política española. Porque aquí lo que estaba en juego era y es, sobre todo, la posibilidad de que se alterara la “foto” electoral vasca.  Y con ello,  indirectamente, la legitimidad del actual gobierno vasco.

 En vano, Otegi declaraba ayer mismo que “la izquierda abertzale ya ha elegido entre votos o bombas”,  retomando el dilema que les ha venido planteando Rubalcaba. Queremos que opten por los votos pero se hace todo lo posible para impedirlo. El resultado es bastante estúpido e irresponsable. Menos mal que la opción por los votos parece sincera e irreversible.

 La única incógnita ahora es el recuento de abstencionistas que arrojará la próxima y falseada cita electoral. Esa será la mejor respuesta de la ciudadanía vasca a los políticos inquisidores y sus magistrados sumisos. Al menos esa será la mía.