Un contrato contra la ablación de genitales de las niñas.

Alberto Penadés

 

La ablación, o mutilación, parcial o total de los genitales femeninos es una norma seguida por millones de familias en el territorio inmediatamente al sur del Sahara, desde Somalia y Kenya hasta Nigeria, excluyendo así a los países árabes o muy arabizados, excepto Egipto y Sudán. La práctica, tipificada en cuatro grados por la OMS, en realidad es un continuo desde una leve herida en el clítoris, tal vez comparable a la circuncisión masculina, a su extirpación parcial o total, a la extirpación de todos los órganos exteriores, hasta la infibulación, que añade el cierre de la abertura vaginal. La infibulación, lo más brutal, sólo es frecuente (pero lo es mucho) en el norte de Sudán y varias regiones de África Oriental.

 

 

No es una conducta en retroceso. Se ha abandonado en algunos lugares, con o sin intervención política y de OONGG. Pero se ha adoptado en tantos otros en tiempo reciente; se sabe que se expande lentamente hacia el sur. No es una conducta desviada. Su seguimiento está muy segmentado dentro de cada país e incluso de cada región, pero allí donde se practica lo habitual es que lo practique la gran mayoría o todo el mundo. No es una práctica de grupos marginados o “atrasados”. En muchos países, tener mayor nivel educativo, mayor renta o vivir en una ciudad incrementa sustancialmente la probabilidad de seguir la norma. No es un precepto islámico, aunque forme parte de la religión popular en muchos lugares;  lo practican también los cristianos y los adeptos a las religiones tradicionales. Los “islamistas” lo repudian y han sido efectivos en algunos sitios. No es un rito de paso, aunque lo sea en muchos países del África Occidental; se practica a veces en bebés, a veces en mujeres adultas antes del matrimonio, y la edad más frecuente es la preadolescencia (entre 6 y 10 años). No lo hacen los hombres, sino las mujeres a sus hijas y a sus nietas; los hombres lo ignoran casi todo sobre esto, como sobre muchas otras cosas que consideran totalmente femeninas (lo que no excluye, en los hombres, la hipocresía). Es casi indispensable para poder casarse en las sociedades donde se practica (como también lo es para los hombres estar circuncisos); los genitales naturales son una señal de desviación social, a veces de suciedad y de malas costumbres, o simplemente algo propio de extraños. Sólo una minoría, aunque importante, cree que tiene propiedades religiosas, mágicas, reguladoras de la sexualidad o estéticas; la gran mayoría sabe que no sirve para nada, lo hacen “por tradición” o “por buenas costumbres”; incluido aquí un número grande de madres y padres que lo repudian íntimamente. No son raros los casos de adolescentes que se lo hacen a sí mismas, por razones tan distintas como la moda o la política.

 

La actitud “occidental” oscila entre la condena furibunda (a la que se asocia el nombre “mutilación genital femenina”, difundido por la OMS) y el intento de escuchar el punto de vista de las mujeres africanas (a lo que se asocia el nombre “circuncisión femenina”, empleado en África). Hay feministas que sólo ven en esto machismo y patriarcado, y aplican la receta, y hay feministas que sopesan el hecho de que las propias feministas africanas se ofendan porque las occidentales las llamen mutiladas, o porque las consideren víctimas pasivas incapaces de entender “lo que les hacen”. Con toda lógica interna, hay feministas occidentales que, enteradas del control femenino de la norma, afirman que las abuelas africanas “en realidad son hombres” (tienen autoridad y no menstrúan); con toda lógica a secas, hay feministas a las que esto les parece ridículo.

 

La ablación de genitales (término médico intermedio entre las opciones más cargadas de intención) está prohibida en casi todos los países donde se practica, así como en los países occidentales que son receptores de inmigrantes africanos. Desde 2003 el código penal español prevé condenas de seis a doce años de cárcel y privación de la patria potestad (arts 149 y 150), y desde 2005, por una iniciativa legislativa de CiU, los residentes pueden ser perseguidos aunque el supuesto delito se cometa fuera de España (23.4. de la LGPJ).

 

Emplear el código penal para perseguir algo que no es una conducta desviada sirve de poco, salvo el claro propósito expresivo de mostrar rechazo. La simple prohibición no ha servido de nada en África, ni tampoco en Europa. Tenemos apenas un puñado de casos en los que se han abierto diligencias, lo que tal vez haya impedido algunos hechos, pero pocos. Hasta donde yo sé, sólo en Francia se ha producido alguna esporádica condena. Sin embargo, en Europa los casos son muchos miles (en España, tal vez unos cientos; la mayoría concentrados en la comunidad senegambiana de Cataluña); en África, naturalmente, son millones.

 

En mi opinión, la condena a unos pocos padres aquí y allá es cruel e injusta, además de lesiva de los intereses de sus hijos, que se quedan sin ellos. Los padres que lo hacen, y en realidad debería decir madres, lo hacen porque quieren lo mejor para sus hijas.

 

Me repugna de una forma casi irracional esta costumbre, a la que realmente le conviene llamarse bárbara (aunque en Bélgica, por ejemplo, la legislación tuvo que hacer algunos malabarismos para evitar que los profesionales del piercing fueran perseguibles bajo el mismo supuesto). Pero creo que sabemos demasiado poco, y amenazamos con la cárcel con demasiada facilidad. La pena de cárcel es algo muy serio, y dejar a una niña en poder de los servicios sociales también. En realidad tenemos que enfrentarnos al hecho de que pocos europeos van a casarse con una joven africana (primera hipocresía), que pocos hombres africanos van a desposar a una mujer no circuncisa, crean lo que crean (segunda), a lo que tampoco ayuda que difícilmente casen con europea (primera bis), que el cambio social debe producirse allí, donde intervenir es costoso, y no aquí, donde legislar es barato (tercera), que sabiendo lo que sabemos criminalizar esta norma es una barrera para la inmigración indeseada, la de familias africanas completas (cuarta), y así sucesivamente.

 

En mi pobre opinión, la población inmigrante sólo puede cambiar algo tan íntimo, y tan ligado a una clave de la vida de casi todos como es el matrimonio, si está aquí más o menos como en casa. Es decir, de momento, no va a cambiar. No soy un relativista, creo que se puede condenar a las culturas ajenas, y creo que hay que hacerlo público, y buscar el modo de ayudar a las familias a tomar la decisión correcta;  pero hay algo que no me gusta en la satisfacción moral (y política, y puede que identitaria) del rechazo expresado en un código penal que ni siquiera estamos en condiciones de aplicar sino de forma selectiva. Si se quiere ir en serio, hay que buscar la protección integral. Lo de amenazar con el peso de la ley no veo cuánto se hace para proteger a las niñas y cuánto para darnos el gusto indulgente de ser correctos y, de paso, enseñarles la puerta.

 

Mi propuesta es esta: un contrato. Sí, ya sé a lo que suena, pero se trata de utilizar algo que ha sido eficaz en algunos lugares (concretamente, en Senegal). Como la ablación de genitales es una norma, su no cumplimiento individual es muy costoso y arriesgado, pues está en juego el bienestar futuro de las hijas. Los mayores éxitos habidos son casos de abandono colectivo de la práctica, de pueblo en pueblo, mediante compromiso público  mutuo: yo no lo hago a mis hijas y tú no lo haces a las tuyas, y podrán casarse con nuestros hijos. Que esté prohibido de poco sirve si se espera que casi todos eviten la prohibición, pues es la conducta de los vecinos lo que le preocupa a las familias. El inmigrante en Europa podría firmar un contrato (por cuyo incumplimiento podría ser perseguido, pero, si funciona, esto será irrelevante), cuyo efecto sería el dar publicidad al número de personas que se comprometen a abandonar la costumbre. Cuantos más vayan siendo, menos costoso será unirse para cada familia, pues, entre otras cosas, confiarán en poder casarse entre ellos.

 

Naturalmente, esto funcionará sólo si hay una fuerte perspectiva de arraigo, y no funcionará si la sociedad de referencia sigue siendo la que se deja atrás. Esto conlleva apoyar materialmente a las familias para que se queden. No estoy nada seguro de que por ahí vayan a ir las cosas.