Tras el desastre, teoría de juegos, posible solución y línea roja

LBNL

Todos vimos lo que pasó ayer en Cataluña y supongo que estaremos de acuerdo en que fue un gran desastre. Para todos. Más allá de las valoraciones sobre quién perdió más y por qué, así como sobre quién es más responsable de que hayamos llegado a esta situación, creo más útil centrarse en lo que puede pasar a partir de ahora y cómo evitar que el desatino colectivo siga in crescendo. Con la cabeza lo más fría posible. Estaremos de acuerdo también, espero, con que urge recuperar el diálogo y el pragmatismo. La duda es si se dan las condiciones para que el diálogo pueda fructificar en un acomodo político-social que permita restablecer la estabilidad y la convivencia plenamente pacífica. Si no es posible, que dios nos pille confesados porque la declaración unilateral de independencia (DUI) y la suspensión de la autonomía catalana por la vía del artículo 155 de la Constitución, serían la única alternativa, y la ocupación permanente de Cataluña por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es una perspectiva terrible. Para Cataluña y para el resto de España. Y la violencia que vimos ayer será una naderia en comparación a la que veremos. Así que más vale intentar lo del diálogo. Igual no es imposible. Veámos.

Puigdemont es un independentista convencido desde hace décadas y seguramente está presionando para quemar las naves. El resto de Convergencia no. La mayoría quiere seguir al mando de la Generalitat. Esa ha sido la razón principal de que hayan aceptado aliarse con Esquerra, que amenazaba con comerles la merienda reaccionando con más virulencia a la anulación parcial del Estatut por parte del Tribunal Constitucional a instancias del PP. No les ha funcionado y los resultados electorales recientes y las encuestas a futuro apuntan a su práctica desaparición si convocan elecciones anticipadas. Pero si declaran la independencia se suspende la autonomía y pierden el mando del chiringuito inmediatamente. Es decir, su mejor opción racional es prolongar el procés.

Esquerra quiere sinceramente la independencia pero en general prefiere llegar a ella cuando una mayoría suficiente así lo quiera, lo que en 2015 no se dio. Y sobre todo, a corto plazo quiere reemplazar a la corrupta y derechista Convergencia al mando del chiringuito. Las encuestas les dan unas perspectivas fantásticas pero si se suspende la autonomía no habría elecciones. Ergo, no a la DUI pero si a las elecciones anticipadas, lo suficiéntemente rápido como para evitar una posible inhabilitación judicial de Jonqueras antes de que se celebren. Ahora bien, la convocatoria de elecciones es una potestad del President, que más bien quiere la DUI, que su partido no quiere.

Rivera ha pedido elecciones anticipadas. ¿Puede el Parlament tumbar al Govern para que sean indispensables? De los 62 diputados de Junts pel si, 29 son Convergentes y solo 20 de Esquerra. Y la CUP, que en realidad no quiere elecciones sino la DUI, tiene solo 10. Si sumamos los 25 diputados de Ciutadans y los 20 de Esquerra, no llegamos a los 68 de la mayoría absoluta. Tampoco con los 11 de Podemos (56) y es muy difícil que los 13 restantes de Junts Pel Si apoyaran todos. Es decir, sin Convergencia o PSC, no se podría forzar la convocatoria de elecciones bloqueando el Parlament.

En su comparecencia del domingo por la noche Puigdemont se cuidó muy mucho de anunciar la DUI: el Govern trasladará los resultados al Parlament en los próximos días. Curioso porque según la ley del Referéndum, anulada, de salir el sí, como supuestamente ha salido en un 90%, la DUI debe declararse en las 48 horas siguiente al referéndum.

Muchos interpretan que anunció la DUI pero a mí me suena a compromiso entre las diferentes corrientes de Convergencia. Por un lado, exigen y esperan un pronunciamiento de la Unión Europea. Que no llegará. No puede llegar. Los líderes europeos pueden criticar al Gobierno español, sobre todo en privado, pero no pueden avalar un desafío a la legalidad democrática. Que podrían sufrir en sus propias carnes en el futuro. Ni arriesgarse a un grave conflicto bilateral con España a cuenta de su interferencia en asuntos internos.

Por otro, me también me suena a dar tiempo para que “Madrid” haga una oferta. Rajoy dijo que convocará a los partidos políticos a parlamentar. Sería deseable que tras las intensas emociones de ayer, todos los convocados se mostraran de acuerdo con que corremos hacia el abismo y que conviene detener la espiral.

Rajoy sabe que una gran parte de su electorado aplaude a rabiar la firmeza constitucional y aplaudiría la suspensión de la autonomía catalana. Pero también que incluso con el apoyo de Ciudadanos, si la sangre llega al río, el PSOE apoyado por todos los demás grupos parlamentarios, puede destronarle. Y Sánchez, anoche, empezó su declaración condenando la violencia policial y exigiendo responsabilidades a los dirigentes políticos que la ordenaron. No pinta bien para la activación del artículo 155. Si Puigdemont no le deja otra opción, no le quedará otra, pero podría ser que esté esperando una oferta. Y empieza a extenderse la sensación de que los que nos han llevado al desastre de ayer deberían dejar paso a otros que sean capaces de arreglarlo. Así que es posible que sea capaz de vencer la tentación de seguir dejando que las cosas se resuelvan solas. Aquella broma radiofónica deja márgen para la esperanza. Falta que se anime él a llamar, es decir, acción. Si es mucho pedir, que llame Soraya. O que llame Soraya a Pedro para que este llame a Iceta y él establezca el tan necesario puente.

Mira que ha sido denostado Iceta y sin embargo, sus declaraciones ayer fueron lo más sensato del día. Mi único problema es eso de reiterar “nuestra mano extendida a todos los que quieran sinceramente dialogar, sin excluir nada y sin prefigurar el resultado de la negociación”. Y aquí viene la línea roja.

Resulta que la auto-determinación no tiene cabida legal en el derecho internacional – excepto en casos de descolonización – ni en la Constitución democrática de 1978, que Cataluña votó a favor con entusiasmo (segunda autonomía que más la apoyó). Ni tampoco en las constituciones de nuestros socios de la Unión Europea, algunas de las cuales (por ejemplo Italia) no aceptan siquiera la posibilidad de reforma del artículo que establece la indivisibilidad territorial. La Constitución española sí acepta la posibilidad de reformar su artículo 2 que establece la indisolubidilidad e indivisibilidad del Estado. Pero hace falta que las Cortes voten por mayoría cualificada su reforma y que la ciudadanía, de toda España, la refrenden. Es cuando menos dudoso que sea factible que una mayoría de españoles vaya a aceptar democráticamente la posibilidad de que las autonomías puedas segregarse del Estado. A mí me parecería fatal que se aceptara pero eso es irrelevante. Lo importante es que no parece factible.

De tal forma que el tan ansiado diálogo no podría incluir el tan ansiado derecho de auto-determinación. Porque no podría ponerse en práctica. Cabe todo lo demás, especialmente una reforma constitucional que transforme el Estado Autonómico en un Estado Federal, tan asimétrico como lo es el autonómico, que partía de la base de la diferencia entre las autonomías “históricas” que seguían la vía del artículo 151 y las que “normales” que seguían la del artículo 143. Asimétrico como lo es la España actual en la que algunos territorios tienen muchas más competencias autonómicas que otros, porque así lo han deseado. Reforma constitucional que convendría, además, para cerrar de una vez el mapa de las competencias exclusivas del Estado, compartidas, y puramente autonómicas. Transfiérase de una vez todo lo que haya que transferir y dejémonos de gradualidades. Y si hablamos de pasta, acordemos el ínclito principio de ordinalidad o cualquier otra forma que permita un grado sensato de transferencia de renta desde los territorios más ricos a los menos, sin las contradicciones del sistema actual, que no establece ninguna relación entre la solidaridad inter-territorial y la inversión estatal. Cataluña debe sin duda contribuir a la prosperidad de otros, pero no es de recibo que la magnitud de la inversión estatal en Cataluña sea una potestad exlusiva del Gobierno central.

En fin, que hay argumentos racionales más que suficientes para el entendimiento. Si se quiere. Si lo que se pretende es medrar a costa del sufrimiento colectivo, entonces obviamente estamos abocados al desastre total. La primera opción es posible pero difícil. La segunda es indeseable, muy costosa, también en términos de sangre, pero lamentablemente también perfectamente factible. Que cada palo aguante su vela.