Torcuato o la fuerza del Procés

Senyor_J

Pienso en Torcuato Fernández Miranda: ese rostro aguileño; ese porte que conjugaba poder y tradicionalismo; esa seguridad adquirida en el conocimiento de la ley y de las cloacas franquistas. La ley es como una brújula que guía al navegante, pero hay que ser navegante para saber usar la brújula, del mismo modo que hay que ser experto en leyes para manejar la ley.

Él fue el hombre al que correspondió diseñar una estrategia evolutiva para el Estado español, desde el patrón protodemocrático y dictatorial franquista hacia ese modelo avanzado de democracia occidental que disfrutamos y sufrimos a partes iguales. Un cambio fundamental que suponía trasladar la soberanía al pueblo y arrebatársela al heredero de turno, en este caso el Rey de España, Juan Carlos I. Que debía llevarse a cabo mediante una estrategia que contaba con la colaboración de Su Alteza, pero que debía ejecutarse desde la presidencia del gobierno, es decir, desde un poder ejecutivo que conocía escasamente la separación de poderes y que carecía de una cámara legislativa digna de tal nombre. Se trataba de darle la vuelta a todo un ensamblaje de instituciones antidemocráticas cimentadas en la sangre de una Guerra Civil y en la hegemonía social que había adquirido el Franquismo en 35 años de dominio absoluto de todos los resortes del poder. Un poder en crisis, sin duda, pero un poder todavía formidable que no iba a caer meramente por la fuerza de la gravedad.

Pienso en Torcuato y en si realmente fue suyo el plan maestro que cambió España para siempre. ¿Podía ser aquel asturiano el responsable de todo esto, aquel hombre que tuvo la osadía de poner en cuestión las facultades del Caudillo mucho antes de su muerte, tras mencionar en un acto público a las brumas que nublan a veces las montañas más altas? ¿Aquel profesor rescatado del olvido político por S.M. para enfocar el camino de España una vez fallecido Francisco Franco? ¿No era la historia un proceso en el que a las acciones de los hombres se superponen las dinámicas sociales y la inevitabilidad del devenir histórico? ¿En qué medida un hombre puede resolver los nudos dejados por el paso del tiempo en una sociedad convulsa y llena de contradicciones?

Para algunos todo es posible en la ley y nada es posible fuera de ella. En una visión jurídica de la existencia, el cambio viene de la mano de la ley, en lugar de ser la ley el resultado del cambio. El nacimiento de una nueva ley ofrece alternativas que no existían antes de esa ley, pues es portadora de nuevas posibilidades, que a su vez dan pie a nuevos escenarios. Para algunos es clave diseñar una estrategia jurídica que arruine ciertas posibilidades y potencie otras, que abra caminos para el despliegue de una nueva realidad jurídica con resultados palpables en lo concreto. Torcuato diseñó de este modo la inmolación de las Cortes franquistas y fabricó a la vez un mecanismo de transición hacia la democracia haciendo aprobar la Ley para la Reforma Política. No fueron un obstáculo para ello las garantías contenidas en la legalidad franquista, que fueron burladas con la ayuda de S.M. y del presidente del gobierno, Adolfo Suárez: él fue el artífice de la que fue la octava Ley Fundamental del Franquismo, que como tal desmontaba el resto y allanaba el camino de la Transición.

Pienso en Torcuato y aprendo que “de la ley a la ley” (parafraseándole) hay un camino tan rupturista como el que existe fuera de la ley. La ley es un artefacto reformable hasta sus últimas consecuencias si existe el suficiente consenso para ello en los resortes claves del Estado. También aprendo que el motor de ese cambio “de la ley a la ley” solo puede venir de dichos resortes, siendo misión imposible que se genere una alternativa que atraviese caminos distintos: sin la colaboración de los mismos, no hay alternativa legal y rupturista, sino solo rupturista. La clave de este sistema es que todas las partes entiendan que lo que en ley se decide por ley obliga. Intentar separar el proceso de cambio legal de las instancias que deben proclamar ese cambio, ni que sea autoinmolándose, no es ir “de la ley a la ley” sino dar un salto en el vacío legal del que solo se puede salir vivo conjugando en paralelo elementos que se sitúan fuera de la misma y resultan inequívocamente rupturistas, en modo alguno legalistas.

Pienso en Torcuato mientras profundizamos en el conocimiento de los objetivos de esa Ley de Transitoriedad Jurídica que tal vez aspire a proclamar el Parlament de Catalunya. Lo que sabemos hasta ahora es que aquí tampoco se trata de ir “de la ley a la ley”, sino de romper el marco legal mediante un artificio. Asumiendo una competencia que nadie le ha concedido, el Parlament convocaría un consulta bajo la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”, sobre la cual se asentaría la consulta independentista largamente anunciada. Existe asimismo la posibilidad de utilizar la reforma exprés del reglamento de la Cámara, que permitiría su aprobación en un tiempo récord, con el fin de proceder a la consulta. La entrada en vigor del articulado principal de la Ley de Transitoriedad Jurídica tendría lugar tras la celebración de la consulta o bien tras la suspensión de la misma por el Estado español, si bien la parte correspondiente a la consulta debería entrar en vigor previamente para llevar a cabo el referéndum autodeterminante.

Descontando el hecho de que si alguien intentase aprobar algo así en el Parlament de Catalunya, el Estatuto de Autonomía quedaría suspendido al momento y pasaríamos a una situación de crisis institucional de primera magnitud con riesgo de grave conflictividad política, es de lamentar enormemente el precario diseño de un instrumento jurídico que no persigue otra cosa que dinamitar la legalidad con la máxima rapidez y en un espacio ficticio de representación política para estos fines como sería el Parlament, dando así nacimiento a una nueva llena de carencias. Una nueva legalidad que formula un nuevo estado republicano y reordena los tres poderes mediante un articulado que permite al poder ejecutivo atar en corto al poder judicial, asegurando que más allá de eso todo se mantendrá como si tal cosa.

Pienso en Torcuato y me doy cuenta de que sería incapaz de explicar cómo sostener semejante estrategia en lo jurídico, pero aun menos en lo político, donde sin la adhesión ampliamente mayoritaria de la población, sin contar con apoyo internacional y sin ningún tipo de acuerdo con los poderes del Estado español, semejante itinerario se antoja imposible. Es por ello que no son pocos los que ante tales escenarios opinan que todo esto no es más que un mecanismo de voladura controlada del Procés, para dejar paso a un nuevo escenario claramente orientado a su reformulación y al establecimiento de un nuevo equilibrio parlamentario acorde con la volátil realidad electoral.

En tiempos tan líquidos, todo es posible. Excepto que Torcuato manifestase algo distinto al desdén tras conocer la frágil arquitectura de esta estrategia jurídica.