Tirando un viaje a la Constitución

Barañaín

Una acepción de “viaje” que me gusta es la que alude a una  “acometida inesperada, y por lo común a traición, con arma blanca y corta”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Aún prescindiendo del detalle del arma blanca, nada mejor define la decisión conjunta de Zapatero y Rajoy de cambiar  la Constitución Española para que acoja la limitación legal al gasto público. Decisión firme que han tenido a bien comunicar a los ciudadanos (y a los parlamentarios).

Hay una primera y obvia razón para la perplejidad: una de las frustraciones del proyecto político encabezado por Zapatero ha sido la de la reforma constitucional. Las razonables propuestas de cambio para dar un sentido al senado como cámara territorial y para actualizar el protocolo sucesorio de la monarquía se han estrellado contra el encastillamiento del PP que haciendo valer su papel imprescindible para dicha reforma ha preferido evitar que Zapatero se apuntara ese tanto de racionalidad. Más recientemente, cuando al calor del 15M ha vuelto a emerger el debate sobre el necesario cambio en la ley electoral, enseguida se ha esgrimido la dificultad casi insuperable de que PSOE y PP se pusieran de acuerdo en el asunto.

 ¡Y de repente, en el suspiro final de la legislatura nos vienen con estas! Se hará un cambio en la letra de la constitución, se hará con carácter inmediato –forzando los ritmos del calendario parlamentario si es preciso-, y se hará sin recabar el parecer de los ciudadanos  (se supone que sólo porque ello enlentecería el proceso). Y se hará no porque responda a un clamor nacional o sea la consecuencia de un reposado debate parlamentario sino porque así se ha sugerido desde el exterior: “Para tranquilizar a los mercados”.

 Se comprende la cara de póker que se le ha puesto a Rubalcaba. Disciplinado, el candidato socialista ha declarado que ha sido convencido en las últimas horas por Zapatero sobre la bondad de la idea; en ello ha influido, según se deduce de sus declaraciones, el hecho de contar con la aquiescencia del PP para llevar a cabo la reforma.  Pero, como bien han recordado desde el PP, cuando hace un año fue Rajoy quien propuso constitucionalizar la limitación al gasto público sólo obtuvo de Rubalcaba una réplica desdeñosa e irónica.

 En mi ignorancia, son varias las dudas que me asaltan. Yo no sé si esta limitación –una especie de garantía legal de la estabilidad presupuestaria-,  es conveniente o innecesaria (porque se pueda alcanzar por otras vías), que para ello tiene doctores la Santa Madre Iglesia. O si la rigidez con la que, según se nos cuenta, funciona en Alemania –¡pero sólo en Alemania!-, puede resultar entre nosotros. En su favor, se dice que es “una señal potente” que enviamos a los mercados, que les “confirma que los españoles somos cumplidores en el pago de nuestras deudas” (José Carlos Díez en El País). Pero no está claro que sea ahora –precisamente ahora, en tiempo de descuento-, el momento de hacer la reforma, habida cuenta de que el límite de déficit que pretende fijarse no se va a aplicar hasta dentro de unos cuantos años.

 “No aplicar al reforma sería atarse de manos”, ha dicho la ministra Salgado, en lo que parece un claro ejercicio de retorcimiento dialéctico. Porque es al  constitucionalizar la restricción al gasto público cuando un gobierno se ata de manos. Para eso se acomete la reforma, para demostrar a terceros hasta qué punto vamos a ser disciplinados en el gasto.

 Igual no hay margen de maniobra y los riesgos que siguen ahí hacen aconsejable esta medida. Tendemos a pensar que quienes están “en la pomada” saben lo que nos conviene y manejan datos cruciales que se nos escapan al común de los mortales. Bien, pero, ¿no deberían participar de la reflexión los representantes de los ciudadanos? ¿No tiene el tema la suficiente importancia como para que el asunto no sea zanjado con una breve conversación entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición?  ¿No estábamos en que se trata de regenerar el sistema institucional y dar mayor dinamismo a la vida política y la participación de la ciudadanía?

 Al menos, en esta ocasión, no podremos hablar de desfase entre los ciudadanos y el parlamento. Nuestros representantes, con la excepción de unos poquísimos elegidos, se han enterado de la ocurrencia a la par que el resto de la ciudadanía. En fin, el hecho de que ni siquiera hubiera sido previamente informado -no digo ya consultado-, el diputado que preside la comisión constitucional del Congreso, ilustra hasta qué punto nuestros líderes tienen interiorizado que lo de la “democracia parlamentaria” no es cosa que haya que tomarse necesariamente en serio.