Tenemos solución

Diego de Ojeda

Nuestra situación económica es dramática y las perspectivas de futuro son poco halagüeñas. La espiral de recortes que desde mayo de 2010 pretende aplacar la presión de los mercados financieros, sólo ha generado más paro, más deuda pública y una nueva recesión que se prevé insoportablemente duradera. Cada vez son más los ciudadanos afectados directamente, con el consiguiente incremento de la tensión social, que viene acompañada de un peligroso desencanto y escepticismo ante una clase política que no consigue formular alternativas para romper el círculo vicioso.

Debería haber sido evidente desde el principio de la crisis que la disciplina presupuestaria y la racionalización del gasto público no conseguirían equilibrar los presupuestos sin una revitalización paralela de los ingresos públicos, en caída libre desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. En los últimos tres años, los paupérrimos resultados cosechados por la austeridad extrema abrazada voluntariamente por Gran Bretaña, Lituania, Letonia y Estonia, y todavía más claramente por el corsé impuesto a Grecia, Irlanda y Portugal dentro de la Eurozona, han convencido hasta a sus más fervientes guardianes de la insuficiencia de las recetas neoliberales.

Sin embargo, el Estado carece de los recursos para abordar una intervención keynesiana clásica. Incluso si los mercados se avinieran a prestárselos, el estímulo no conseguiría el efecto deseado al diluirse en la inevitable reducción de una deuda pública que en nuestro país se va acercando inexorablemente al 100% del PIB.

Así las cosas, parecería que no hay alternativa; no cabría sino resignarnos a largos años de empobrecimiento, desmantelamiento del Estado de bienestar y convulsión social. Es una conclusión errada. Pese al elevado endeudamiento y el desempleo masivo, los grandes logros políticos, económicos y sociales que hemos alcanzado en los últimos treinta años no son un espejismo. Un país con una riqueza nacional de más de un billón de euros, moderno, formado, abierto, bien dotado en infraestructuras, con capacidad para el emprendimiento y el trabajo duro, dispone de los activos necesarios para recuperar la confianza, mantener el control de su destino y levantarse sin necesidad de ayudas externas y las imposiciones de sacrificios adicionales que las acompañarían.

España es un gran país, en extensión y en proyección global. En Latinoamérica por historia, cultura y presencia empresarial; en el resto del mundo por su capacidad cultural, éxitos deportivos y cuestiones menos tangibles como su gastronomía, nuestro modelo de vida y la excelencia turística, que mantienen desde hace años a España en el segundo o tercer puesto en el ranking de países más visitados del mundo. Pero precisamente por ello, los problemas que afrontamos tienen mayor visibilidad.

Hace sólo un lustro, la prensa internacional reflejaba que España creaba unos dos tercios de todos los empleos que se generaban en Europa, en gran medida porque se construían tantas casas como Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia juntas. Y resaltaba la ausencia de incidentes que acompañaba el aumento de población extranjera del 3 al 14% en sólo una década, o la paulatina desaparición de la banda terrorista ETA.

Con el estallido de la crisis, la atención mediática viró hacia los serios problemas subyacentes, como los muchos casos de corrupción con ramificaciones políticas, el despilfarro en infraestructuras no rentables y las nefastas consecuencias de la colonización partidista de las administraciones e instituciones públicas. La quiebra de la mayoría de las cajas de ahorros, gobernadas por representantes políticos escogidos en función de su adscripción antes que por su cualificación, ha sido ampliamente publicitada. Como también los bloqueos políticos para renovar instituciones tan trascendentes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, cuyo Presidente se vio forzado a dimitir por un sonado escándalo de viajes de lujo a costa del erario público.

También hemos sido protagonistas negativos a escala mundial por la inhabilitación del juez Garzón, mayoritariamente percibida como represalia por haber osado investigar los crímenes de la guerra civil, o el accidente del Rey durante un viaje privado semi clandestino. La Puerta del Sol tomada durante semanas por el 15-M llegó incluso a ser comparada con la Plaza Tahrir de El Cairo, como si la primavera árabe pudiera extenderse también a la Al Andalus melancólica de Al Qaeda.

En las últimas semanas las imágenes de la represión de las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados y de la masiva manifestación soberanista de la Diada y su reverberación política han coincidido con los rumores constantes sobre la probable petición de rescate financiero.

Es evidente que la clase política debería abordar con urgencia reformas de calado para mejorar la calidad de nuestra democracia, incluida una reforma de la ley electoral que ponga fin al progresivo y peligroso distanciamiento ciudadano de las instituciones democráticas y sus representantes políticos.

Pero, a más corto plazo, nuestros representantes democráticos tienen el deber de tratar de superar la situación límite que afrontamos, consensuando una estrategia de salida de la crisis que sea al tiempo eficaz y justa, con participación activa de todas las fuerzas políticas y sociales.

Para que ello sea posible, alguien tendría que esbozar alguna propuesta innovadora con vocación de factible que nos permita albergar la esperanza de esquivar el fracaso colectivo y la renuncia de soberanía económica que implicaría recurrir al mal denominado rescate exterior.

El Gobierno argumenta que, pese a que había prometido lo contrario, no tiene otra opción que seguir recortando ad infinitum, mal que le pese, con la esperanza de que, en algún momento, que las instituciones internacionales se empeñan en postergar, se revierta el actual círculo vicioso económico, si es posible antes de que el país haya acabado de hundirse en la miseria más completa.

El Partido socialista critica con razón el incumplimiento de las promesas electorales del Gobierno pero esquiva la obviedad de que, desde mayo de 2010, el Gobierno socialista hizo lo propio y, sobre todo, no ofrece ninguna alternativa concreta más allá de fórmulas generales como reformar el sistema impositivo y crear un impuesto a las grandes fortunas.

¿Es factible generar una perspectiva creíble de reactivación del crecimiento económico que disipe las dudas sobre la solvencia de España teniendo en cuenta nuestro alto déficit público, nuestras dificultades de financiación en los mercados internacionales y la estricta condicionalidad que nos impone la UE que deprime aún más la situación?

Afortunadamente, hay quien está trabajando para promover soluciones justas y eficaces que generen un incremento de los recursos públicos y la regeneración de la confianza, el consumo y la inversión.

Antonio Quero, funcionario de la Comisión Europea y militante socialista que promovió el movimiento Bases en Red con el objetivo de democratizar y renovar el PSOE con vistas a su último Congreso, acaba de publicar un plan titulado Bases para un acuerdo nacional para la salida de la crisis y la defensa de la soberanía económica. Según su promotor, el plan permitiría evitar recortes presupuestarios o subidas de impuestos adicionales, con independencia de la conveniencia de seguir mejorando la eficiencia del gasto público y la equidad del reparto de las cargas fiscales.

El plan consta de cuatro ejes, explicados sucintamente en las primeras páginas de un largo, sesudo y bien razonado documento:

–        Creación de 3 millones de empleos y de 2,5 millones de formaciones para jóvenes en los próximos tres años a través de la anticipación de contrataciones, rotaciones-sustituciones, la creación de un banco público de inversiones para la creación y expansión de empresas y medidas orientadas a la eficiencia energética y el empleo juvenil.

–        Rebaja de las cuotas hipotecarias y los alquileres que afrontan los hogares de renta más limitada (hasta 3.000€ mensuales) a un máximo del 20% de sus ingresos durante los próximos tres años. La rebaja sería asumida por las entidades financieras beneficiadas por la creación del “banco malo” y liberaría 50.000 millones de euros de renta disponible que supondrían un fuerte estímulo a la demanda interna.

–        Generación de 20.000 millones de euros anuales de recursos públicos adicionales a través de una reforma del modelo bancario que separe la captación de depósitos de la concesión de crédito, lo que además estabilizaría el sistema financiero y reactivaría el crédito a empresas y particulares.

–        Blindar la inversión en educación e innovación.

Estoy absolutamente convencido de que el plan de Antonio Quero es perfectible. Tras leerlo atentamente, a mí me asaltan muchas dudas, especialmente por lo ambicioso que resulta y lo poco ortodoxo –al menos aparentemente- que algunas de las propuestas parecen. Ahora bien, dada la emergencia en la que nos encontramos y la sequía de opciones que nos permitan siquiera vislumbrar el fin de la debacle, considero que, como mínimo, estas propuestas deben ser tenidas en cuenta y, en su caso, rebatidas convincentemente.

No es aceptable que la sociedad española, partidos políticos y ciudadanos, nos instalemos en la pereza intelectual y nos resignemos a un presente negro seguido de un futuro aún más sombrío. Son ideas constructivas y, al parecer, lo suficientemente contrastadas como para que sean, cuando menos, debatidas y, en caso de ser desechadas, reemplazadas por otras mejores, eso sí, por alternativas que al menos pretendan sacarnos del abismo antes que prescribir que seguimos hundiéndonos en el mismo.