Templanza constitucional o independencia

LBNL

Artur Mas y los suyos vuelven a insistir. Hace justamente un año el Gobierno consintió la desobediencia en forma de celebración de un pseudo referendum pero ahora no va a tener más remedio que recurrir al Tribunal Constitucional la declaración que el Parlament de Cataluña aprobará hoy poniendo en marcha un proceso de desconexión “democrática” del Estado que no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, incluido el Tribunal Constitucional, al que considera “deslegitimado y sin competencia”. Dado que el TC – que ya declaró nula en marzo de 2014 una declaración del Parlament considerando a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano – debe suspender cautelarmente cualquier resolución recurrida por el Gobierno central, Mas y los suyos tendrán la reacción del Estado que pretenden, como atestiguaba Ignacio Martín Blanco en El País el pasado día 4.

Son conscientes de que pese a haber tensado la cuerda todo lo posible, no consiguieron una mayoría suficiente ni en el pseudo referendum de hace un año ni en las recientes elecciones autonómicas. Más bien al contrario, porque la mayor polarización política que ha convertido en independentistas a muchos catalanistas y federalistas de antaño, en realidad ha debilitado la relación de apoyos con quienes siguen apoyando otras opciones. De la misma manera que es innegable que una porción democráticamente suficiente de catalanes no está cómoda en el actual encaje constitucional de Cataluña, también lo es que la independencia no ha conseguido la tracción democrática necesaria para una declaración de independencia unilateral. Lo saben perfectamente, como lo admitía el candidato de la CUP tras las elecciones autonómicas, pero no se trata de eso. La cuestión es seguir provocando hasta conseguir ser “víctimas” de la agresión anti-democrática de “Madrid”.

De ahí que la templanza por parte del Gobierno central vaya a ser fundamental a la hora de responder al farol. Recurrir la declaración es inevitable por más que lo grave no sea la declaración en sí sino las leyes autonómicas – porque el Parlament no tiene legitimidad jurídica o democrática para aprobar otra cosa – de desarrollo del proceso de desconexión que la propia declaración establece deberán empezar a ser aprobadas a partir de un mes.

Como también era innevitable consentir que la declaración fuera discutida y aprobada, como decidió el TC rechazando la petición de suspensión cautelar que le pedían el PP y Ciudadanos en su recurso contra la decisión de la Mesa del Parlament de tramitar la declaración. No es sólo que el TC haya rechazado todas las peticiones anteriores de suspensión cautelar de discusiones parlamentarias – incluída la del Plan Ibarretxe recurrida infructuosamente por el Gobierno Aznar – sino que, políticamente, resultaría mucho más rentable para los “victimistas” desobeder votando, ejerciendo su derecho democrático a opinar.

No está claro quién está llamado a presentar las leyes de desarrollo de la “desconexión” porque el Govern sigue en funciones y previsiblemente no se constituirá uno nuevo al menos hasta después de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre: el plazo para elegir un nuevo President antes de disolver la Cámara expira tres meses después de la primera votación, que tendrá lugar también hoy y en la que Mas no conseguirá la mayoría absoluta necesaria. Es posible que de hoy al 9 de enero la CUP consiga convencer a Convergencia de presentar a un candidato alternativo, pero también que ceda y acabe aceptando a Mas, especialmente si es “de nuevo objeto de agresión por parte de Madrid”.

En todo caso, de concretarse dichas leyes desarrolladoras del Procés, el Gobierno central deberá también recurrirlas – una vez aprobadas, no su discusión – ante el TC en todo lo que rebasen las competencias autonómicas catalanas, como ya se recurrieron en julio – y están suspendidas cautelarmente, los decretos de la Generalitat creando el Comisionado para la Transición Nacional y aprobando el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado. Es decir, en las próximas semanas asistiremos a un tira y afloja político-legal en el que el Parlament aprobará declaraciones y leyes y el TC las suspenderá a instancias del Gobierno central mientras valora su conformidad con la Constitución, con los independentistas catalanes llenándose la boca con todo tipo de declaraciones insumisas.

El vociferio catalán está asegurado. Frente a él, el Gobierno debería cuidarse muy mucho de caer en la provocación y contribuir al despropósito con bravuconadas: legalidad y punto. Porque una cosa es aprobar papeles en el Parlament y otra bien distinta atreverse a ejecutarlos teniendo en cuenta la responsabilidad personal en la que incurrirán quienes lo hagan. Es decir, no cabe denunciar a los representantes democráticos catalanes por votar a favor de textos manifiestamente inconstitucionales, pero sí cabe – y sería imprescindible – procesarles por prevaricación o desacato – o en su caso, secesión – si deciden dar órdenes e instrucciones basadas en textos sin ningún valor legal en tanto estén suspendidos por el TC.

Pero no se preocupen que no llegará la sangre al río. Por más que por vez primera los independentistas se declaren explícitamente insumisos frente a la legalidad constitucional y frente a su autoridad máxima, el Tribunal Constitucional, no se atreverán a incurrir en responsabilidades penales individuales. Todo lo más, seguirán tensando la cuerda a ver si consiguen que el Gobierno ceda a la presión de aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana antes de las elecciones generales, con el consiguiente subidón de votos en Cataluña para Convergencia, Esquerra y la CUP.

El problema es que seguramente también supondría un subidón para el PP en el resto del Estado y los independentistas van a darle todo tipo de excusas al Gobierno para que se atreva a dar el paso. Paso que sería fatal para España en todos los sentidos, también internacionalmente. Imaginen por un momento el escenario. España suspende la autonomía catalana y el pueblo catalán respalda masivamente a quienes están siendo “reprimidos” legalmente por España: dicha “represión” pasaría a ser percibida en muchos sitios como anti-democrática, lo que no ha sido el caso hasta ahora.

Van de farol. Como todos los faroleros, ellos lo saben. Nosotros también. Ahora habrá que ver si el Gobierno es capaz de resistirse a los cantos de sirena y anteponer los intereses de España a los puramente electorales del PP. El sábado en la Sexta escuché a un representante del PP espetarle a Patxi López que el problema de Cataluña también era producto de la herencia de Zapatero. Espero que fuera una diatriba partidista antes que una convicción sincera porque en caso contrario, si el PP considera que hizo lo correcto recurriendo el Estatut, la independencia de Cataluña está asegurada. Pero sólo lo estará si el Gobierno del PP juega mal las cartas o juega a ganar su partido particular. Que lo hiciera en la oposición, cuando no tenía la responsabilidad de preservar los intereses generales, no implica que vaya a actuar de forma igualmente irresponsable.

Y si lo hace, que con su pan se lo coman, ellos y los independentistas catalanes, y se busquen la ruina mutua. Muchos – y Zapatero el primero – tendremos la conciencia tranquila por haber contribuido todo lo posible para evitar un despropósito malo para Cataluña y para el resto de España.