TangentoPPoli

Jon Salaberría

Y por si faltara algo, estalló. El pasado jueves 17 de enero, mientras en Castilla-La Mancha se extendía la indignación de la buena gente de sus pueblos ante la decisión sin alma de cerrar puntos de urgencia dejando a los ciudadanos de zonas rurales de difícil tránsito desamparados ante una patología urgente; mientras el PSOE “procesaba” y comenzaba a elaborar el desarrollo de la hoja de ruta de Rubalcaba hacia el “Horizonte 2015” que tendrá como culmen, este año, la gran Conferencia Política; mientras Rajoy intentaba vender la salida de la crisis y la recuperación de la marca España con un prima de riesgo de 370 puntos diferenciales (la apocalipsis con Zapatero la marcaban los 280 puntos); y finalmente, cuando media España, la madridista, no dormía preocupada por las tribulaciones de Iker Casillas y la enésima salida de pata de banco de José Mourinho, conocimos la confirmación judicial de una sospecha que estaba en el aire de la opinión pública (y en los sumarios de instrucción del escándalo “Gürtel”): que Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1957), Tesorero del Partido Popular hasta julio de 2009, fecha en la que dimitió y se dio de baja en el Partido por su imputación por el Tribunal Supremo en el referido asunto, era titular de al menos cuatro cuentas en Suiza en las que llegaron a figurar saldos de 22 millones de euros. El extremo se confirma, como todos bien saben, a raíz del trabajo del Juez Instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, concretada en los datos de la comisión rogatoria remitida por Suiza el día 3 de enero. A partir de la bomba informativa, comenzamos todas y todos a conocer detalles sonrojantes, como los movimientos que el Tesorero hizo una vez quedó imputado por el Supremo para vaciar las cuentas con destinos varios, como la retirada en 2009 de las cuentas que tenía en el Dresdner Bank, a nombre de la fundación panameña Sinequanon, de 2,5 millones de euros que ingresó en otras dos cuentas del HSBC en Nueva York en las que figuraban como titulares dos sociedades llamadas Brixco S.A. y Lindmel International. Movimientos bancarios simultáneos a la triple respuesta del Partido Popular: la de Mariano Rajoy, con una solemne declaración de despedida y reconocimiento a quien en esos momentos vaciaba las cuentas suizas; la de la simpar Dolores de Cospedal, una de las personas más hábiles del mundo en la tarea difícil de decir una cosa y la contraria en escasos segundos e ingeniosas inventora de eufemismos, que desde las playas marbellíes acusaba al Gobierno de España de la época de conducirnos a un Estado policial en el que se perseguía a la oposición y se fabricaban falsas acusaciones; y una tercera reacción, consistente en poner  pleno funcionamiento la máquina jurídica del Partido a favor del presunto evasor fiscal con una serie de maniobras de dilación vergonzantes, en la línea de lo ocurrido (qué casualidad), cuando otro Tesorero del Partido Popular, “Ángel Sanchís”, que se llevó por delante  otro juez (Manglano) y termino con la impunidad y el olvido.

A raíz de este “bombazo” informativo, los detalles comenzaban, pasadas las horas, a adquirir dimensiones tales que el asunto tomaba por momentos dimensiones propias de “caso que hace tambalear los pilares institucionales”. Fundamentalmente, cuando el abogado Miguel Bajo confirmaba que, de las cantidades depositadas en Suiza, hasta 10 millones de euros se habría acogido a la amnistía fiscal decretada por el Ministerio de Hacienda al comienzo del mandato popular. Cristóbal Montoro era en esos momentos el miembro del Gobierno más en cuestión y de hecho su renuncia fue la primera en ser solicitada por la oposición, en declaraciones de Pérez Rubalcaba y Cayo Lara.

Fue el viernes cuando la gravedad de los hechos conocidos llega a extremos impensables hasta entonces: la investigación del diario “El Mundo” revela que miembros de la cúpula popular, desde hace años, podrían haber estado cobrando abultados sobresueldos en efectivo (no sujetos a tributación) que habría repartido y contabilizado de forma paralela el citado Bárcenas. El estupor, primero, y la indignación, poco después, sacudieron el país como un latigazo. La sociedad tenía en esos momentos la constancia y la certeza moral (frente al “no consta” oficial del Partido Popular) que la podredumbre era más profunda de lo imaginado.

Fin de semana de evaluación, de especulaciones, de interesantes debates, y en el que, fundamentalmente, servidor esperaba dos reacciones fundamentales: la de un Partido Popular y un Gobierno, obligado el primero a la responsabilidad política más allá del refugio en sus “no me consta” y a la espera a la “verdad judicial”, coherente con la exigencia que ellos sí han hecho en casos que han afectado a otras formaciones políticas y a lo que sí que consta en los numerosos y virginales “Códigos Éticos” de la formación desde los ochenta, y obligado el segundo a explicar a una ciudadanía a la que ha sometido a un esfuerzo fiscal asfixiante cómo es posible que presuntos delincuentes puedan haberse acogido (de ser cierto) a medidas de gracia como la aprobada. La otra reacción, esperada, la del principal partido de la oposición, el Partido Socialista.

La reacción del Partido Popular es la que esperaba, a falta de conocer lo que esta tarde (lunes) sabremos de la reunión del Comité Ejecutivo nacional. La estrategia tradicional de Rajoy: “esperar a que escampe”. La estrategia de huir por pasillos, de no comparecer, de no contestar. El dontancredismo que tan buenos réditos le ha deparado en su vida política. Aderezada con el uso del lugar común y de la nadería, tipo “no me temblará la mano”, “caiga quien caiga” y demás. A esa estrategia se une la del cinismo, proverbial. Desde el Partido, negar la evidencia y justificar lo injustificable. Desde los apoyos mediáticos, insistir en un discurso muy socorrido: cuando la corrupción alcanza a CiU, a PNV, al PSOE o a cualquier otra formación política, la misma se convierte en una enfermedad introducida en el sistema por La reacción del Partido Popular es la que esperaba, a falta de conocer lo que esta tarde (lunes) sabremos de la reunión del Comité Ejecutivo nacional. La estrategia tradicional de Rajoy: “esperar a que escampe”. La estrategia de huir por pasillos, de no comparecer, de no contestar. El dontancredismo que tan buenos réditos le ha deparado en su vida política. Aderezada con el uso del lugar común y de la nadería, tipo “no me temblará la mano”, “caiga quien caiga” y demás. A esa estrategia se une la del cinismo, proverbial. Desde el Partido, negar la evidencia y justificar lo injustificable. Desde los apoyos mediáticos, insistir en un discurso muy socorrido: cuando la corrupción alcanza a CiU, a PNV, al PSOE o a cualquier otra formación política, la misma se convierte en una enfermedad introducida en el sistema por ellos y sólo atañe a ellos; es el nacionalismo, el socialismo o el vegetarianismo el que es corrupto. Cuando la corrupción alcanza al Partido Popular, es una enfermedad de toda la clase política. La infamante portada de “ABC” este domingo, situando en una fotocomposición a presuntos corruptos junto a personas que no han sido imputadas, entre las que destaca José Antonio Griñán, y el “Informe Semanal” del sábado son muestra de esta argumentación, completada por el mismo diario “El Mundo” poniendo a la misma altura el “escándalo Bárcenas” con la contrataciones, legales, fiscalizadas y puestas al día en cuanto a obligaciones tributarias, de la Fundación Ideas. Ventilador a pleno rendimiento. O en la finísima ironía de José María Izquierdo, “¿Era Rubalcaba tesorero del PP?”.

La otra reacción, la del Partido Socialista, se hizo esperar hasta la mañana del domingo en Toledo, después de una primera intervención, tibia y sin preguntas, de Rubalcaba la tarde del viernes. Y por fin, la tarea de oposición y de fiscalización que corresponde al primer partido de la oposición, “se hizo carne”. Solicitud de comparecencia inmediata del Presidente del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso; denuncia del reparto de sobresueldos en dinero negro ante la Audiencia Nacional; solicitud de dimisión del Ministro de Hacienda; constitución de una comisión de investigación parlamentaria, y, hoy mismo, solicitud de revisión de los expedientes de “regularización fiscal”, a uno de los cuales se habría acogido presuntamente Bárcenas. Es, por fin, una reacción contundente, ajustada a las circunstancias, firme y que provoca especial júbilo a quienes somos críticos con la oposición que venía realizando Pérez Rubalcaba. Por fin alguien, al otro lado del hemiciclo, se hace presente en la tarea fiscalizadora, que en estas horas cobra la misma importancia cualitativa que la construcción de la alternativa de gobierno.

En mi opinión, la cuestión que agita los medios desde el jueves pasado no es la continuación del “iter” procedimental previsto en los estamentos jurisdiccionales que se ocupan del “Gürtel”. Las consecuencias políticas de este escándalo afectan a la médula espinal misma del Gobierno de la Nación. Comparto la opinión de que estamos ante el mayor escándalo de corrupción en la historia de nuestro proceso democrático desde sus momentos germinales, coincidente también con la mayor crisis socioeconómica del mismo período y con el mayor descrédito de lo político y lo público de la historia contemporánea de España. No son exagerados los exégetas que concluyen que la no resolución de este asunto, acompañada de un proceso de reforma profundo posterior, pone en peligro la supervivencia misma de la democracia en nuestro país.

En el corto plazo, soy tajante: este Gobierno está deslegitimado para continuar con el austericidio, con la exigencia de sacrificios a la ciudadanía y con la destrucción progresiva de los derechos sociales y los servicios públicos esenciales. Item más, no puede seguir adelante con reformas legislativas de matiz ideológico como las que se realizan en educación o en materia laboral desde una posición moral (pública) más que desacreditada. Se impone la dimisión del Presidente del Gobierno y la llamada a consultas, según el procedimiento constitucional previsto, llegando, si fuese necesario, a la convocatoria anticipada de elecciones generales. En el posicionamiento crítico de Paralelo 36, espacio de pensamiento político ecoandalucista (muy crítico, también, con el PSOE): “Tienen que abandonar el poder antes de que la crisis institucional arrase con todo. Hay que exigirle que convoquen elecciones aunque no haya alternativa en estos momentos. Por ello, al mismo tiempo, tenemos que construirla”.

En el medio plazo, es recurrente el llamamiento a un gran pacto contra la corrupción.  ¿Quién dice que no? El partido en el que, para segura alegría de Amistad Cívica sigo militando de forma indignada, siempre ha estado en los grandes consensos de la historia democrática de España. El mismo Mariano Rajoy, con la credibilidad de un billete de 17,36 euros, ha propuesto un pacto contra la corrupción hoy mismo al resto de las fuerzas políticas. Sí, pero un nuevo parche más no sirve, porque nos jugamos mucho y las derivadas son complejas como para solucionarlas con un endurecimiento de penas o con un proceso penal más rápido. El gran pacto contra la protección debe ir incardinado en un nuevo proceso de reforma constituyente en el que además de las circunstancias penales y procesales, debemos abordar cuestiones como la financiación de los partidos, la democratización de los procesos electorales con listas abiertas, limitación de mandatos, incompatibilidades, etc., dotarnos de nuevos medios de fiscalización de la actividad pública acordes a la altura de nuestros tiempos, nuevas formas de participación y decisión, y una revisión integral de papel incluso de instituciones centrales de nuestro sistema democrático (sí, también pienso en la Jefatura del Estado). Una labor de recuperación de dimensiones históricas que debe realizarse entre todas las fuerzas democráticas; pero no puede realizarse con un Partido Popular marcado por la sospecha y que, encima, ha demostrado en lo que va de legislatura que la senda del consenso no es la que le gusta transitar. Una labor para la que necesitamos, sí, elecciones.

Posdata 1: Dos interrogantes que harán correr ríos de tinta. El papel que juega el diario “El Mundo”, en el plano mediático, colaborando a una “voladura controlada” del asunto, como señala Nacho Escolar,  jugando muy bien los tiempos. Y por otro lado, el de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, “La Presidenta”, que vuelve al primer plano de la actividad política tras su dimisión. Nunca se fue.

Posdata 2: A la hora en que envío este texto, conocemos la decisión de la cúpula popular de auditar externamente sus cuentas (medida cosmética que no servirá para nada por razones obvias); la de ofrecer un pacto anti-corrupción a las fuerzas políticas (ya comentada) y la de propiciar la comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso para aclarar la regularización fiscal de cuentas a la que se podría haber acogido el imputado Bárcenas. Esa sí es una novedad.