Sortu

El crítico constructivo

Ya la hemos liado. Tras muchos meses de consenso en torno a ETA se vuelven a abrir las costuras de la unidad democrática a cuenta del nuevo partido que la izquierda abertzale ha inscrito en el registro del Ministerio del Interior para concurrir a las próximas elecciones municipales.

Cuando Mayor Oreja empezó a acusar al Gobierno de estar negociando secretamente con ETA a cuenta del acercamiento de los presos que se desmarcan de la organización, su partido afortunadamente le dejó sólo, especialmente el PP vasco. Ahora, en cambio, el PP se ha posicionado radicalmente en contra de que Sortu pueda presentarse a las elecciones, frente a los demás partidos nacionalistas vascos que, unánimemente, abogan porque sí pueda hacerlo en atención a la ruptura sin precedentes de la izquierda abertzale con ETA.

Difícil papeleta la del Gobierno y el PSOE. Si optan por atenerse a lo inmaculado de los estatutos del nuevo partido y a la conveniencia de alentar la evolución positiva de la izquierda abertzale, volverán las acusaciones de connivencia con el terror para sacar réditos políticos. Y si, en cambio, se mantienen firmes reclamando una cuarentena suficiente para que Sortu demuestre con hechos su carácter verdaderamente democrático, podrían contribuir a quebrar dicha evolución y a poner en riesgo la salud democrática de nuestro frágil Estado de Derecho.

Afortunadamente la decisión no está en manos de nuestros representantes políticos sino de la Judicatura, que será la que tendrá que valorar si el nuevo partido sigue siendo parte de ETA. Esa fue la causa por la que se ilegalizó a las formaciones anteriores de la izquierda abertzale, y la razón por la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló su ilegalización, atendiendo a la demostración de que el brazo político seguía consignas impartidas por el brazo terrorista, con abundantes pruebas de vínculos orgánicos, económicos y personales. La ausencia de condena del terror fue sólo un indicio más, elevado a exigencia legal posteriormente por la Ley de partidos políticos.

Dada la profundidad del debate interno en el seno de la izquierda abertzale durante los últimos meses, años incluso, es muy dudoso que la nueva estructura mantenga vínculos semejantes con una ETA cada vez más disminuida política y económicamente. Por otra parte, el argumento de que son los mismos perros con distintos collares es válido moral y políticamente pero no se sostiene desde un punto de vista legal, puesto que nuestro sistema penal está orientado hacia la rehabilitación. Tras cumplir condena, incluso de inhabilitación para cargo público, todo ciudadano queda exento de su responsabilidad anterior. En este sentido, es irrelevante jurídicamente que los dirigentes del nuevo partido hayan sido miembros de formaciones ilegalizadas en la medida en la que no tengan causas pendientes y se desmarquen ahora de las razones por las que dichas formaciones fueron en su momento ilegalizadas.

Cabe aducir que la cuestión debe ventilarse en el ámbito político, a partir de la constancia de que las convicciones democráticas de la mayor parte de los integrantes del nuevo partido son francamente dudosas por mucho que sus estatutos se ajusten a la legalidad. El problema es que la ilegalización de una formación política no puede basarse en criterios políticos: sólo puede hacerse sobre requisitos legales y actos consumados contrarios a la legalidad.

No tiene tampoco validez aducir que la nueva formación responde exclusivamente al deseo de presentarse a las elecciones, objetivo por otra parte plenamente legítimo y compartido con el resto de formaciones políticas. El carácter meramente instrumental del cambio de posición con respecto a la violencia sólo podría demostrarse a posteriori lo que, además, será difícil dada la tregua permanente y total que ETA ha declarado.

Ventilar la posible ilegalización del nuevo partido desde un punto de vista político tendría, además, la dificultad añadida de que es posible que sea ahora el momento idóneo para relajar la presión y facilitar la inserción de la izquierda abertzale en el juego democrático. Es obvio que la evolución que ha experimentado se debe en gran medida a la presión política, judicial y policial que han sufrido durante la última década. Pero también que el objetivo de dicha presión era conseguir despojar a ETA de su base social, algo que, al menos en parte, ya se ha logrado. Salvo que lo que se persiga sea la venganza de quiénes durante tantas décadas han venido alentando el terror y beneficiándose políticamente de ello, es evidente que nuestra democracia habrá acabado definitivamente con la lacra de ETA el día en el que ETA desaparezca y desaparezcan sus partidarios. El problema es que seguramente ETA no desaparezca nunca formalmente; más bien se desvanecerá, como casi todos los grupos terroristas conocidos, que dejan de actuar por diferentes razones sin celebrar una asamblea de disolución final. Los seguidores tampoco desaparecen salvo que se les extermine; más bien evolucionan hacia otras posiciones, que es lo que está pasando con la izquierda abertzale.

Si la presión sobre ellos se relaja demasiado pronto, es posible que vuelvan a las andadas. Pero si no se relaja a tiempo, se carga de razones a los que, entre ellos, abogan por continuar por la misma senda, con el riesgo de que consigan revertir la transformación política en curso. En otras palabras, ningún bien nacido tiene dudas sobre la misérrima catadura moral de Otegui y Josu Ternera, por ejemplo, y sin embargo, conviene apoyarles para facilitar que puedan imponer sus tesis pragmáticas y utilitaristas sobre las de sus correligionarios más alocados.

¿Conviene? Depende. Si lo que se pretende es acabar con el terrorismo, claramente sí, especialmente atendiendo a que la fuerza de ETA ha sido siempre su fuerte implantación social: si la pierde su mejor escenario es la “grapización” y el más probable su rápida desaparición, proceso ya muy avanzado. Ahora bien, si se pretende, al mismo tiempo o incluso dándole prioridad, cercenar el separatismo vasco, la cosa no está tan clara puesto que la pervivencia de un foco violento resulta muy útil para contener la presión nacionalista en su conjunto.

Ningún demócrata que se precie puede, sin embargo, aceptar la validez del planteamiento anterior, especialmente si incrementa la probabilidad de que siga habiendo víctimas de un terror reactivado. El futuro de España como Estado será el que los españoles vayamos decidiendo en libertad en cada momento, como no puede ser de otra manera en democracia. Y para que podamos obrar en libertad, lo urgente es desactivar a ETA. Es más, cabe argüir, y desde luego yo sustento esta opinión, la tesis contraria: la pulsión nacionalista vasca es más fuerte precisamente porque ETA existe; su desaparición centrará el debate en cuestiones más técnicas y tangibles, normalizando la tensión centro-periferia a un nivel similar al que mantienen otras autonomías, especialmente Cataluña.

En todo caso, los jueces deben ser ajenos a estas consideraciones y enjuiciar la legalidad de los estatutos del nuevo partido en función de las exigencias de la Ley de partidos, los informes policiales sobre los posibles indicios de que todo sea un fraude y, también, su propio criterio sobre la veracidad de la evolución con respecto a la violencia que acrediten sus promotores. Pero en ningún caso en función de lo que consideran más útil para acabar con el terrorismo (su criterio no tiene por qué ser mejor que el del ciudadano de a pie) o para preservar la unidad de España (no es la tarea que se les ha encomendado).

En este contexto, parece más que sensata la decisión del Gobierno de remitir los nuevos estatutos a la fiscalía, que seguramente los denuncie ante el Tribunal Supremo. En su lugar yo habría hecho lo mismo, tanto por cálculos políticos como por las dudas que no pueden sino planear sobre la enésima refundación abertzale, por mucho que esta vez sí parezca que va en serio.

Dicho lo cual, como ciudadano de a pie coincido plenamente con Jesús Eguiguren en el deseo de que los tribunales – Supremo y en su caso el Constitucional – sentencien a favor de la legalidad de Sortu. No se lo exijo, simplemente lo deseo, porque ello querría decir que los que tienen todos los elementos de juicio han concluido que la transformación de la izquierda abertzale esta vez es genuina, lo cual sería un hecho tremendamente positivo y un paso de gigante hacia el final definitivo de la violencia terrorista. Y luego, como todos, seguiré lanzando epítetos calificativos de dudoso gusto cada vez que vea a sus líderes desgranar su retahíla de victimismo demagógico y nacionalismo mítico y primitivo. Y por supuesto, me regocijaré con su fracaso electoral o lamentaré la previsible recompensa de votos que cosecharían en premio a su abandono de la violencia. Pero, como ya he dicho, evitar su representación política si verdaderamente se desmarcan de la violencia sin ambages, no puede ser el criterio que determine o no su legalidad.