Síntomas de locura colectiva

Lobisón 

Parece lógico pensar que los momentos de crisis económica aguda tienen efectos sociales poco previsibles, y entre los sociólogos, que ya eran audaces mucho antes de que las tertulias ofrecieran campo libre a la imaginación, no faltan los que relacionan los ciclos económicos con la moda: habiendo sido la minifalda el emblema de los felices años sesenta, la crisis de los setenta y primero ochenta debía conducir inevitablemente a un alargamiento del vestido femenino. ¿Por qué no? Quizá los economistas deberían vigilar más la longitud de las faldas en vez de hacer encuestas a los empresarios.

 

Con la misma o menor audacia se podría pensar que atravesamos ahora una fase de locura colectiva, quizá traída por la crisis económica, de la que pueden advertirse síntomas por todas partes. Uno de los más notables es el desvarío de eminentes representantes de la Iglesia española, que en su afán de dar la batalla al aborto se preguntan si la violación debería ser despenalizada —una vez que se niega el sagrado vínculo entre sexo y reproducción— o dudan de la importancia de los abusos sexuales a miles de niños realizados durante décadas por sus colegas irlandeses.

 

Se podría pensar que estamos ante un problema de delirio ideológico: metidos en su locura dogmática estos excelentes clérigos no son capaces de ponerse en el lugar de las víctimas de atrocidades reales, mientras que les resulta fácil, al parecer, identificarse con un embrión humano que sería poseedor, desde el mismo momento de su concepción, de un alma inmortal. Bastante patológico, pero quizá consecuencia de sus creencias.

 

Sin embargo, hay algo más: una evidente falta de prudencia al valorar las consecuencias de sus mensajes. El autor del texto en el que se especula sobre la despenalización de la violación es consciente de que le pueden acusar de frivolizar, pero aun así realiza su provocativo razonamiento. Puesto que el cambio legal que se plantea no parece justificar que se arroje a los leones —es improbable que aumente el número de interrupciones del embarazo—, cabe temer que sea víctima de una exaltación colectiva, a la que no deberíamos atribuir un origen químico, sino psicológico.

 

El pobre Weber parecía creer que con unos sueldos decorosos y cierto orgullo de cuerpo se podía lograr que los funcionarios pusieran el cumplimiento de sus funciones (de su deber) por encima de cualquier otro interés. Algunas actuaciones judiciales parecen demostrar que o bien los jueces no son exactamente funcionarios o bien Weber era demasiado optimista. Por alguna razón un número significativo de jueces hace cosas raras, que sólo se podrían explicar como reflejo de intereses extrajudiciales o bien, ay, como fruto de un ataque de locura colectiva.

 

Naturalmente debemos descartar la hipótesis de que la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias contra Garzón sea fruto de presiones o de las afinidades políticas de los magistrados del Supremo que así han resuelto (si no descartáramos esa posibilidad podríamos incurrir en un delito). Luego sólo cabe pensar nuevamente que es fruto de un clima colectivo que les impide valorar el riesgo de su decisión, que puede tener elevados costes en términos de la imagen institucional del alto tribunal.

 

Porque el entusiasmo con el que el PP ha acogido la decisión, sumado a los peculiares rasgos de la entidad querellante, pueden hacer pensar a mucha gente que se trata de una maniobra política contra Garzón, o, peor aún una vendetta por su actuación contra la trama de Correa y sus conexiones en el PP. Imagínense además si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa contra Camps y paralelamente vemos a Garzón acudir al Supremo como imputado.

 

Lo que está en juego, lógicamente, no es el mayor o menor acierto de las actuaciones del juez Garzón, ni tampoco la valoración de su persona. Lo que está en juego es la imagen del Tribunal Supremo convertido en parte o en campo de una batalla política, contra una persona que con razón o no se ha convertido en símbolo de la imparcialidad de la justicia. La sospecha de que a él no se le aplica esa imparcialidad puede hacer más daño a la institución que la decisión equivocada de cualquier juez.

 

Uno de los problemas más graves de la polarización o crispación política es que impide a la parte que está lanzada a la ofensiva valorar el impacto de sus acciones sobre el conjunto de la opinión pública. Esto lleva a indeseables sorpresas: la cara de Aznar el 14-M lo resume todo, pero el actual sentimiento de soledad de Cheney revela también lo efímeras que son las euforias políticas. O los ataques de locura colectiva.