Saturación

Lobisón

Quizá es un simple fenómeno de saturación, pero la incredulidad y la repulsión se han disparado tras las informaciones sobre la Operación Púnica. Ya es demasiado, tras la imputación contra el ministro Angel Acebes, los nuevos datos sobre pagos de la caja B en las obras de Génova, la apasionante saga de los Pujol, etcétera, etcétera. Hasta la propia Esperanza Aguirre se quedó sin habla en un primer momento al saber de la detención de Carlos Granados (dice que nunca había sospechado nada).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que  ‘fuentes jurídicas informan de que no se trata de una trama de financiación irregular de partidos, sino de gente que está en política, a la que se le acaba la carrera, y “se corrompe para lucro personal”’ (El País, 27 de octubre de 2014). No vale entonces remitirse a las deficiencias de la legislación sobre partidos o a la escasa transparencia de éstos. Es cierto que el cierre en falso del ‘caso Naseiro’ sentó un mal precedente y pudo hacer pensar a las cúpulas de los partidos que siempre se podía encontrar una salida. Pero ahora el problema no es ése.

Cabe imaginar que el primer problema es el efecto riqueza creado por la burbuja inmobiliaria, que hizo pensar a muchos que tonto el último, y que en realidad en el juego de la corrupción todos ganaban, los contratistas y concesionarios y los que cobraban las comisiones. Hasta que las cosas se han puesto realmente mal no se ha desatado el rencor de los ciudadanos —que eran los indudables perdedores— y podía suceder que un político notoriamente corrupto fuera triunfalmente reelegido. El ilusorio sentimiento de riqueza creció mucho más rápidamente que los anticuerpos democráticos.

¿Qué se puede hacer? Dada la imposibilidad práctica de crear una cultura cívica luterana en un país como el nuestro, y más aún de hacerlo en un plazo razonable, cabe confiar en los aspecto positivos del rencor social que se ha desatado. Un buen ejemplo es el de las tarjetas opacas de Caja Madrid: a nadie parece importarle demasiado si el delito fiscal lo cometían los usuarios o la empresa, y de hecho la percepción pública es que el delito fiscal es lo de menos. El problema es que los usuarios se llevaban crudo un dinero del que no tenían que dar cuenta, y que podían gastar en lencería y flores o en clubs de alterne, aunque Ignacio Sánchez-Cuenca, voluntarioso como es, haya subrayado que los consejeros de centro-izquierda gastaban más en productos culturales.

En realidad nadie puede creer seriamente que los altos niveles de retribuciones, con o sin tarjetas, responden a la necesidad de comprar libros, dar estudios a los hijos o tener una vivienda decorosa (no necesariamente lujosa). El furioso impulso antiigualitario ha disparado los niveles de retribuciones y de gastos de los altos ejecutivos mientras el país de abajo se ajustaba el cinturón hasta asfixiarse. Y es posible que ahora el rencor de los de abajo, con su baja forma de pensar, se traduzca en una creciente presión contra las remuneraciones demasiado altas que restablezca el sano temor a la ostentación que caracterizó al capitalismo puritano.

Mientras tanto es obvio que habría que establecer mecanismos de control ciudadano sobre los procesos de contratación y decisión de las instituciones públicas. Y, no nos engañemos, si los medios de comunicación están potenciando el crecimiento de Podemos no es porque los presenten favorablemente, sino porque publican sin cesar información sobre corrupción a la vez que nos muestran los efectos sociales de la austeridad que nos recomendaban estos héroes del capitalismo ostentoso. Aunque los que ya han ido a la cárcel o están pendientes van moderando el tono.