¡Rompan consensos!

Ignacio Sánchez-Cuenca

El PP no sólo niega la acusación de crispar a la sociedad con su manera de hacer oposición, sino que devuelve la acusación al Gobierno, atribuyéndole toda la responsabilidad por dividir a la sociedad y romper los consensos constitucionales sobre los que se ha construido la democracia española. Si los dirigentes del PP se ponen como se ponen es porque no les queda más remedio dadas las provocaciones radicales de los socialistas. Ya quisiera Rajoy moderar sus expresiones: es Zapatero el que no le deja otra salida. Rajoy, en los discursos del debate del estado de la nación de 2005 y 2006, insistió en este asunto: el Gobierno se ha propuesto poner el país patas arriba. Un Gobierno así no debería esperar que los españoles de bien (los votantes del PP) vayan a quedarse de brazos cruzados. Combatirán las reformas radicales (supongo que “reforma radical� significa revolución) con todos los medios a su alcance: diciendo burradas en el Parlamento, saliendo a la calle, dejándose querer por Federico Jiménez Losantos, apuntándose a la teoría de la conspiración, invocando a la rebelión cívica (¿?), etc.

Hay dos maneras de desmontar una justificación tan burda de la estrategia de la crispación. La primera, muy general, consiste en recordar que en política el statu quo no tiene primacía alguna. Cuando las cosas han sido de una determinada manera en el pasado, nada fuerza que tengan que seguir siendo igual… si la mayoría de la sociedad prefiere cambiar el rumbo.

Con demasiada frecuencia, el PP parece suponer que tiene cierta capacidad de veto, a pesar de estar en minoría en el Congreso. Parece un chantaje: si os atrevéis a realizar ciertas reformas, sabed que nos plantaremos y haremos cuanto podamos para hundiros. ¿De dónde procede esta pretensión infundada de que la derecha puede vetar las iniciativas del Gobierno? Por un lado, de la arrogancia histórica de la derecha en España. En la República se tomaron tan en serio su papel que acabaron dando un golpe de Estado. Pero, en el momento presente, creo que se da además una circunstancia muy especial: el PP está convencido de que este Gobierno no tiene legitimidad para poner en práctica sus reformas porque llegó al poder a consecuencia del atentado del 11M. Sólo desde esta perspectiva se entiende que sean capaces de decir las burradas que todos hemos escuchado: que ZP ha traicionado a las víctimas, que ZP no representa a los españoles, que el Gobierno ha roto la Constitución, que ZP está de parte de ETA, etc., etc., etc.

La segunda manera de desmontar las acusaciones del PP pasa por entrar a considerar si verdaderamente se han roto los consensos constitucionales. Según la derecha, este Gobierno ha roto tres de esos consensos: el territorial, el de la memoria histórica y el del terrorismo. Sobre la cuestión territorial: es un sarcasmo que el PP hable ahora de ruptura del consenso constitucional sobre las autonomías cuando ellos estuvieron durante quince años fuera de ese consenso (que se fraguó entre el PSOE y la UCD). AP votó en contra del Título VIII de la Constitución, se abstuvo en la votación del Estatuto catalán y voto en contra del vasco. Sólo a partir de 1992 puede decirse que el PP acepta plenamente el Estado autonómico. Por otro lado, cuando la derecha llegó al poder, no tuvo inconveniente en apoyar reformas autonómicas de gran importancia, sin temer romper consenso alguno.Sobre la memoria histórica: que yo sepa, nunca ha habido consenso sobre este asunto. Sencillamente, durante mucho tiempo, la izquierda tuvo miedo de abordar este tema, incluso cuando el PSOE tenía mayoría absoluta. Felipe González ha reconocido que en 1986, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del inicio de la guerra civil, tomó la decisión de no abrir el debate. Pensaba que el país no estaba preparado, que había todavía demasiados supervivientes de aquel conflicto y que, por debajo de la convivencia en los pueblos, seguía latiendo un odio intenso. Por eso, prefirió, con mayor o menor acierto, no sacar el tema. Han pasado veinte años desde entonces (70 desde el inicio de la guerra civil, más de 30 desde la muerte de Franco), y mucha gente cree que ha llegado el momento de resarcir y hacer una mínima justicia (aunque sólo sea la del reconocimiento moral) a las víctimas de la guerra civil y a los represaliados por el franquismo. Si a la derecha le escuece que por fin un Gobierno se decida a corregir lo que en su momento no se atrevió a hacer la izquierda, que haga todas las críticas que le parezca oportuno, pero sin disfrazar su posición reaccionaria de defensa de no se sabe qué consenso. Sobre el terrorismo: uno de los discursos favoritos del PP consiste en acusar al Gobierno de haber roto el consenso en política terrorista que reinaba desde la transición. Como resulta imposible precisar de qué consenso se trata, si el de Ajuria Enea, el del silenciar los crímenes del GAL durante los ochenta, el de las negociaciones de Argel y de Zurich, el PP prefiere concretar la acusación diciendo que el PSOE ha roto el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, a pesar de que dicho pacto dice de forma explícita que corresponde al Gobierno dirigir la política antiterrorista y que la oposición se abstendrá de hacer un uso electoral del terrorismo. En realidad, lo que sucede es que la situación objetiva ha cambiado, con una ETA que asume su derrota, mientras que el PP se niega a reconocer ese cambio y pretende que sigamos planteando las recetas que funcionaron cuando las condiciones eran distintas. Y todo ello para tratar de ensombrecer los logros del Gobierno en otros ámbitos (políticas sociales, crecimiento económico, extensión de derechos, reformas democráticas, etc.)

Los consensos constitucionales de los que habla el PP ni son consensos ni son constitucionales. Si el PP crispa a propósito de esos temas, es porque considera que tiene poder de veto con respecto a ciertas reformas. Pero el veto no lo tendrá hasta que no gane las elecciones. Mientras en España haya más votantes de izquierda, el PP debería asumir que el Gobierno tiene todo el derecho del mundo para llevar a cabo un programa ambicioso de reformas, con o sin 11M.

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