Resuelto el sudoku de la financiación autonómica

 

Padre de Familia

 

¡Zapatero lo ha vuelto a hacer! Lo de este tío es bastante impresionante pese a que a fuerza de repetir el truco nos vayamos acostumbrando. ¿Cuántos no habrían apostado hace sólo unos meses a que el conflicto de la financiación autonómica era irresoluble? Pues bien, Zapatero permitió que el conflicto se planteara aceptando una versión “bilateralista” del Estatut cuya constitucionalidad aún está por validar. Con su estilo de dejar hacer, propició que el conflicto fuera desatándose, complicándose hasta el paroxismo, y entonces, zas, agarra el toro por los cuernos y lo resuelve en unos pocos días. Y a otra cosa, mariposa, como por ejemplo ganar las elecciones gallegas y vascas en plena mega crisis económica.

 

Es verdad que el método zapateril es perfectible, especialmente en cuanto a su coste en términos de confusión pública y aumento de la tensión política, en este caso entre territorios además de entre las fuerzas políticas, llamadas por su propia naturaleza a competir entre sí a diferencia de aquéllos.

 

 

Cabe aducir también que el nuevo modelo de financiación autonómica, cuyos detalles previsiblemente conoceremos en su integridad esta misma semana, no cierra definitivamente la cuestión por los siglos de los siglos, como habría sido de desear. Es también legítimo plantear que el aumento de los dineros gestionados por las Comunidades Autónomas implica una mayor fragilidad del Gobierno Central y que, por ello, debilita la cohesión del Estado. Esto último es debatible pero en absoluto impepinable puesto que, para muchos entre los que me cuento, la fortaleza del Estado radica en la fortaleza de su conjunto, no sólo en la fortaleza del centro. En este sentido, considero que la nueva fórmula hará que la suma de todas las partes, administración central y autonómicas, sea más fuerte de lo que lo era antes.

 

Para empezar, el sistema resultante será más eficaz. La rigidez del anterior, pactado en 2001, no permitía su adaptación a la evolución poblacional, algo particularmente grave dado el incremento tan brutal que ha experimentado España en estos años, en absoluto bien repartido a lo largo y ancho de la geografía del Estado. Los insatisfechos con el nuevo sistema deberían tener en cuenta que el mantenimiento del anterior sin cambios era inviable.

 

En segundo lugar, el nuevo sistema parte de la premisa de que todas las Comunidades Autónomas saldrán ganando, es decir, todas manejarán una mayor cantidad de recursos, lo cual explica que ninguno de los presidentes autonómicos que ha pasado por Moncloa lo ha rechazado. No es mala fórmula esto de que nadie pierda; es incluso posible que ello permita que el nuevo sistema sea adoptado por unanimidad, como el anterior, lo cual sería altamente deseable para mantener el mismo grado de consenso, es decir, de lealtad al sistema.

 

Para que todos ganen, el Gobierno va a transferir a las Comunidades Autónomas más recursos. A decir del generalmente bien informado Aizpeolea el pasado domingo en El País, la cesión de impuestos a las comunidades pasará del 33% actual al 50% en el caso del IRPF, del 35 al 50% para el IVA y el 40 al 58% para los impuestos especiales. A mí me parece tremendamente coherente y sensato que la administración central “sólo” se reserve la gestión directa de alrededor del 50% del total de los recursos económicos atendiendo al número, creciente por lo demás, de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y el volumen de gasto que generan. Es decir, se pretende aproximar la financiación al coste efectivo de los servicios, lo cual es de sentido común. Por lo demás, el “timing” es impecable en un momento en el que la crisis está poniendo en peligro la capacidad de dichas comunidades para atender servicios básicos como la educación y la sanidad.

 

Todavía no conocemos las cifras pero sí los criterios que va a seguir el nuevo reparto de fondos y que van a permitir que todas salgan ganando. No parece en absoluto inapropiado que se vaya a compensar a las comunidades que actualmente reciben una menor financiación per cápita, y al mismo tiempo a aquéllas que tienen una menor renta per cápita. Salvo que queramos un Estado altamente concentrado en dos o tres polos poblacionales y prácticamente desierto en el resto, también parece sensato compensar a las autonomías con menor densidad de población y con ayores tasas de envejecimiento, y asimismo atender a la especificidad insular.

 

Restan por conocer los detalles (¿los nuevos criterios se aplicarán sólo a las nuevas aportaciones del Estado o al total de las mismas?) y, con ellos, las cifras, que inmediatamente pasarán a configurar saldos netos que servirán como base para el regateo final en el que cada Comunidad Autónoma tratará de arrimar el ascua a su sardina. No será un espectáculo particularmente bonito y tendremos que escuchar todavía algunas acusaciones y lamentaciones que sin embargo prontamente darán paso a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

 

Para todas no, sólo para las partes directamente implicadas, es decir, para los gobernantes de cada autonomía. Sin duda CiU continuará acusando al nuevo sistema de ilegal por aplicarse al conjunto del Estado sin respetar la pretendida bilateralidad Estado-Cataluña. Y por supuesto el bueno de Mariano votará en contra en el Congreso dejando de lado la satisfacción de sus barones autonómicos y el hecho de que en su momento Aznar aplicara un incremento similar a la financiación autonómica. Ahora bien, ¿recuerdan el supuesto ultimátum del PSC al PSOE si no se llegaba a un acuerdo antes de final de año? Nada de nada, como era perfectamente previsible por más que la derecha del PP y de CiU rezara para que el PSC cometiera semejante hara-kiri.

 

Lo más alucinante de todo es la templanza que ha exhibido Zapatero a lo largo de todo el proceso, inasequible al desaliento y capaz de movilizar al abuelo Solbes, al que se le supone desafecto al jefe y cansado, para cuadrar el sudoku a la satisfacción de todas las partes.

 

Ya decía al principio que la nueva fórmula no será perfecta pero, francamente, creo que el resultado es mucho mejor de lo que cabría esperar dadas las pulsiones inter-territoriales que padecemos, la crisis global galopante y la insostenibilidad del anterior sistema. Lo importante es que vamos a contar con un sistema de financiación autonómica más eficaz y más coherente con la realidad del gasto público. Y que conste que me declaro enemigo acérrimo de los provincianismos ridículos y los nocivos nacionalismos, pero también del español. Por el comtrrio, la descentralización implica subsidiariedad, acercar el gasto a la localización de la necesidad y, en general, ello se plasma en una gestión más eficiente. Especialmente teniendo en cuenta que la administración central retendrá alrededor de la mitad de los recursos totales, un volumen lo suficientemente importante como para que la cohesión estatal no corra peligro.

 

En suma, donde Zapatero dice España plural, arbitra las soluciones que la hacen posible y donde Rajoy dice que España se rompe, sus barones hacen caso omiso y optan por gestionar mayores recursos. Y lo que es más importante, Zapatero vuelve a demostrar que la sensatez, la calma y el trabajo concienzudo dan resultados tangibles pese al griterío que pretende ser ensordecedor pero que, a la larga, acaba siempre en un eco lejano que se va apagando indefectiblemente.

 

No quiero concluir sin denunciar un fallo del nuevo sistema que, sin embargo, no viene de ahora: la falta de solidaridad que supone el mantenimiento de los ventajosos regímenes fiscales vasco y navarro. No creo que su suspensión sea viable en estos momentos, ni política ni socialmente. Ahora bien, su homologación con el resto será tanto más factible en el futuro cuanto mayor sea el grado de descentralización financiera del resto del Estado.

 

En fin, un caluroso aplauso del respetable para Zapatero, que se lo ha ganado, como también se ha ganado que se le empiece a juzgar por sus resultados, como sin duda harán los electorados gallego y vasco próximamente.