Resistiendo en la aldea gala

Jon Salaberría

Decir que corren malos tiempos para la defensa de los pilares básicos del Estado de Bienestar es una obviedad, casi un “topicazo”. La última semana nos deja más argumentos para la desesperanza. El BOE procedía, el pasado jueves, a la publicación de la Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia de 10 de septiembre, de copago de medicamentos de dispensación ambulatoria: determina que hasta 157 presentaciones farmacológicas de algo más de 50 medicamentos que, según señala el texto de la Resolución referida, “cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales”. Entrar en los detalles de lo que esta decisión de la simpar Ministra Ana Mato supone, como impacto, en la calidad de vida de pacientes de determinadas patologías graves y crónicas, con ejemplos individuales lacerantes, supone comprobar hasta qué punto las políticas de control del déficit público y la obsesión por la austeridad se ensañan con las personas en las situaciones de más desamparo social y económico.

Este curso político se inicia con este gesto de crueldad extrema, y se completa en su pórtico con otras noticias (además de la comentada) que confirman el coste en términos de dolor social de este tipo de políticas en las que se persevera: la reducción en la asignación para becas y la subida de precios públicos en matrículas universitarias dejan fuera de las posibilidades de formación superior a miles de estudiantes, y vuelven a convertir la posibilidad de cursar una carrera universitaria en una opción determinada por parámetro puramente económicos, que no de excelencia, como afirma de modo falsario José Ignacio Wert, el más polémico y discutido Ministro de Educación de la etapa democrática. De otra parte, la reducción de ayudas a la alimentación determina la renuncia de las familias a los servicios de comedor escolar, pese a que desde numerosos colectivos y organizaciones como CEAPA (que ha denunciado formalmente ante Naciones Unidas la situación) se insista en la existencia de niveles de desnutrición infantil alarmantes e intolerables. Según afirman desde CEAPA, han constatado la puesta en marcha de “políticas que están vulnerando sistemáticamente ese derecho humano”  (a la nutrición) mientras que no se están poniendo en práctica las medidas políticas coordinadas y efectivas para afrontar esta situación, pues el Gobierno está siendo muy eficaz en la tarea de salvar al sistema financiero pero incapaz de articular medidas que aseguren que su población tiene las necesidades básicas, como es la de la alimentación, cubiertas”. A algo tan dramático se suma la imposibilidad de afrontar los gastos propios en material didáctico (libros de texto, material escolar, etc.), en vestuario y en higiene, lo cual abre más, si cabe, la brecha de la desigualdad.

Por supuesto, el problema de la vivienda y el drama social de los desahucios siguen estando a la orden del día, con sus trágicas resultantes. No me resisto a expresar mi preocupación ante la cada vez más pausada y relajada exposición de este drama en los medios. Parece que la opinión pública comienza a “acostumbrarse al dolor ajeno” con absoluta resignación. Casos hemos comentado aquí (incluso a través de algún artículo monográfico) que conmovieron a la sociedad española. Pues a pesar de que se apagaran sus ecos mediáticos y de que la arreactiva opinión pública parece por momentos haber asumido el problema como parte del paisaje, el drama sigue existiendo. Mientras Madrid 2020 despilfarraba fondos de las Administraciones, la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) de Madrid sigue desahuciando familias en situación de exclusión social por impagos de deudas de importe irrisorio comparado sólo con el gasto en catering de los diferentes “agasajos” y viajes de presentación.

En medio de este drama, la experiencia política andaluza indica que existen vías alternativas a la resignación en este problema de la vivienda, una de las más graves resultantes de la crisis económica. El Gobierno andaluz promovió, y el Parlamento andaluz aprobó definitivamente ayer, la Ley de la Función Social de la Vivienda, texto que tiene una triple dimensión política. Una, en su presentación como alternativa viable a la descafeinada reforma en materia hipotecaria del Gobierno de Mariano Rajoy, y que será tenida muy en cuenta en otras Comunidades. Dos, en el ejemplo práctico de cómo se puede materializar la cooperación política desde las fuerzas de la izquierda desde la lealtad, los principios y el trabajo programático. Tres, como seguro campo de batalla en el politizado y desacreditado Tribunal Constitucional, presidido por un ex militante del Partido Popular.

PSOE-IU parten de la constancia de que existe un amplio parque residencial deshabitado en la Comunidad: entre 700.000 y un millón de viviendas; por supuesto, constancia también de las dimensiones reales del problema social y humano de los desahucios: se estiman casi 86.000 desahucios en la Comunidad desde el comienzo de la crisis en los albores de 2007. Los socios de Gobierno, ante ello, fundamentan su decisión política: “La vivienda es un derecho humano, y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada, y no es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler”, afirma Elena Cortés, Consejera de Fomento (IU). Para concretar este compromiso político, el texto de la Ley amplía los supuestos para acogerse a la expropiación temporal de uso de la vivienda con el fin de evitar el desahucio. Así, se podrán beneficiar de esta figura los avalistas que se encuentren en un proceso de ejecución hipotecaria por ofrecer su propia vivienda habitual como garantía o aval ante la concesión de un préstamo por la entidad financiera. También lo harán los autónomos cuyo inmueble habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al ejercicio de su actividad profesional; así como quienes hayan formalizado las denominadas hipotecas puente, dirigidas a quienes cambian de casa.

A destacar el importantísimo reforzamiento que se da a los inquilinos desalojados de sus inmuebles por impago de rentas, a los que se ofrecerá una solución habitacional razonable, adecuada a sus posibilidades económicas, dentro del próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación. El fomento del arrendamiento será una de las líneas directrices de la política de vivienda de la Junta en base a ese texto. Se incentivará el arrendamiento de viviendas desocupadas por parte de particulares, mientras que el régimen sancionador que recoge la Ley perseguirá a aquellas personas jurídicas (fundamentalmente entidades financieras, inmobiliarias y sociedades de gestión patrimonial) que mantengan deliberadamente “ocioso” su stock de vivienda.

Pese a las reticencias del Partido Popular, que ya recurrió al Tribunal Constitucional el Decreto sobre Desahucios precedente directo de la Ley, el texto de la misma es deliberadamente garantista: se consolidan una serie de requisitos para aplicar la medida de la expropiación temporal, como que el afectado tuviera en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo fuera el pago de la casa; que el desalojo pudiera generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hubieran sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo. Garantismo que alcanza a la protección y exclusión del ámbito de la expropiación de uso a aquellos inmuebles acreditados como segunda residencia, a las residencias de recreo y a las viviendas reguladas por la legislación turística. La difusión de rumores sobre la confiscatoriedad de la norma queda desmentida así, lo que no ha evitado las suspicacias y la oposición frontal del Partido Popular de Andalucía, en buena sintonía con el Gobierno central. Reacción, por lo demás, más que previsible.

La campaña electoral de los socialistas andaluces de cara a marzo de 2012 conceptuaba a la Comunidad como auténtica “aldea gala”. Una fórmula descriptiva muy gráfica y de éxito, que han usado columnistas como Concha Caballero (“El País”) o que ha inspirado incluso un análisis detallado de las circunstancias en las que el PP, vencedor omnipotente del 20-N de 2011, dejó detrás la victoria cantada en las encuestas: “Andalucía, la aldea gala: claves de un inesperado resultado electoral”, de Jorge Colmenarejo (Sequitur, 2012). En verdad, Andalucía se configura como último reducto de la defensa de un modelo diferente al que (seamos realistas) no han sido ajenos los recortes. La dependencia financiera del Estado central impone innegables carencias en materia de personal, sobre todo, en sectores tan definitorios del modelo social como son sanidad, dependencia y educación. Pero las medidas adoptadas, sin embargo, superan con creces la categoría de “simple gesto”. De ahí la responsabilidad que los/as progresistas andaluces/as asumimos en la resistencia. Por supervivencia y como núcleo germinal de un futuro gran proyecto político de la izquierda española que sustituya la política del dolor, del miedo, la depresión y la fractura social.