República y 155

David Rodríguez

Hace un mes escribía un artículo llamado ‘Ni DUI ni 155’, y ahora me veo obligado a colocar un título prácticamente opuesto. Queda claro por tanto que lo sucedido durante las últimas semanas no ha sido para nada una buena noticia para los que demandamos el diálogo, pues hemos tenido la proclamación de la República catalana y la suspensión de la autonomía, aunque con una intensidad claramente diferente. Tanto el govern de la Generalitat como el Estado español han cometido una serie de errores que costará bastante remediar, aunque por fortuna en política nunca se puede decir que se ha llegado a situaciones definitivas.

El ejecutivo de Puigdemont ha actuado de manera totalmente irresponsable. Los resultados del 1 de octubre, siendo una movilización ciudadana cívica y ejemplar, no pueden ser considerados como vinculantes, ya que la mitad de la población no se sintió llamada a la consulta. El pleno del Parlament del 10 de octubre, con la independencia suspendida, abría las puertas de un posible diálogo, pero las amenazas de Rajoy y el encarcelamiento de los líderes de ANC y Òmnium no han ayudado en nada a la distención. Finalmente, en lugar de convocar elecciones anticipadas como la solución menos mala a una situación enquistada, el President ha optado por convocar otro pleno en el que se ha proclamado una República totalmente virtual. En nombre de la independencia, han facilitado a Rajoy la injusta aplicación del 155, nos hemos quedado sin autogobierno, y además la contienda electoral se ha convocado desde Madrid. Ha sido como caer por un precipicio, como golpearse contra una pared, un comportamiento impropio de un gobierno con un cierto sentido de la responsabilidad.

Ante esta situación, la respuesta de la judicatura española ha sido totalmente desproporcionada y fuera de lugar. Sin base jurídica alguna y contra los criterios garantistas aplicados por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha decretado prisión preventiva incondicional contra los miembros del govern catalán, en uno de los hechos más graves acontecidos en Catalunya desde la Transición. Esta barbaridad jurídica no ha hecho sino profundizar en el conflicto y ha generado el rechazo de la mayoría de la población catalana. La existencia de presos políticos en una supuesta democracia moderna es un escándalo inaceptable, que ha sido condenado incluso por fuerzas políticas y colectivos que no son independentistas.

Las elecciones del 21 de diciembre, por tanto, van a celebrarse en un ambiente totalmente enrarecido y distorsionado por los últimos acontecimientos. La opinión publicada en la mayoría de los medios de comunicación insiste en hablar de dos bloques, el independentista y el constitucionalista, situando a los Comunes en la equidistancia. Me parece totalmente equivocado. En una encuesta de Metroscopia, publicada por El País el día 28 de octubre, se planteaba la siguiente pregunta: “Si hubiera una consulta que incluyera la posibilidad de optar por una tercera alternativa en la que Cataluña seguiría formando parte de España pero con nuevas y blindadas competencias en exclusiva, ¿qué es más probable que acabara usted votando?”. La opción independentista suma el 29% de los apoyos, la de mantener el status quo actual se sitúa en el 19%, y la “tercera” alternativa ofrecida alcanza el 46%. Como en todos los sondeos de opinión, hay que tomar con precaución estos datos, pero lo que parece claro es que esos supuestos dos bloques responden más a una situación de conflicto mal gestionado que al sentir profundo de la población catalana.

La solución a este problema pasa por el diálogo, el referéndum pactado, la libertad de los presos y el levantamiento del 155, como muy bien lo acaban de expresar diversas personalidades de la vida política, social y cultural en Catalunya, que incluyen no sólo el espectro independentista, sino que abarcan buena parte del espacio de los Comunes y del PSC. Sería una muy mala noticia que las elecciones del 21 de diciembre volvieran a plantearse como una batalla entre las dos posiciones extremas, porque ello desvirtuaría el debate de fondo y dificultaría la solución del conflicto. No existen equidistancias, sino propuestas diversas, todas ellas legítimas, sobre el futuro de Catalunya como nación y su relación con España.