Reglas fiscales, “no es por no ir”

José D. Roselló

Con “agosteidad” hemos tenido conciencia de algo que hasta hace un par de semanas era un concepto reservado fundamentalmente a los economistas, y la cuestión es que no ha entrado esto con el mejor pie.

Una Regla Fiscal es toda aquella relación entre los ingresos y gastos públicos a cuyo mantenimiento se compromete un gobierno. Ni más, ni menos, que eso. Las reglas fiscales se diseñan con el propósito de hacer las finanzas públicas sostenibles en el tiempo, tratando de evitar dinámicas presupuestarias que conduzcan a volúmenes de deuda pública insostenibles.

La deuda pública se genera cuando los ingresos de un Estado son menores que los gastos que afronta. Esta diferencia se transforma en los bonos de los gobiernos, que se venden en el sistema financiero y por los que los Estados se comprometen a pagar un cierto interés transcurrido un tiempo. El dinero para pagar los bonos que emitamos hoy sale de los ingresos de mañana. Por tanto, es un objetivo perfectamente razonable de política económica vigilar que el nivel de deuda se mantenga en niveles razonables, y por tanto, las Reglas Fiscales como tales, son instrumentos consignados a un fin deseable; por tanto, entre “buenas” y “malas” son buenas.

Aunque no abundan los ejemplos de Reglas Fiscales realmente implantadas, sí hay una cierta aceptación general de lo que debería ser una Regla Fiscal bien diseñada. Debe incorporar, además de la obvia noción de ahorro, el hecho de que la economía no está siempre en las mismas condiciones, que hay años buenos en los que los ingresos fiscales van a ser más altos de lo normal y años en los que va a ser necesario afrontar más gastos. Aunque también es cierto que se oyen siempre voces partidarias de igualar ingresos y gastos año a año, o lo que es lo mismo, de prohibir los déficit.

Asimismo, es bastante aceptado que una Regla Fiscal debe incorporar algún compromiso de exigibilidad, esto es, algo que garantice su cumplimiento.

Curiosamente, una de las pocas Reglas Fiscales en funcionamiento se aplica a los países de la Zona Euro. El Pacto de Estabilidad de la Zona Euro incluye la obligación de mantener un déficit público inferior al 3% del PIB, y su manifestación legal se materializa en el Pacto de Estabilidad, suscrito por todos los países miembros. España ya tiene, además, una ley de estabilidad presupuestaria que refuerza y se acomoda a estas restricciones generales. Por ejemplo, hay un techo de gasto que se vota anualmente, etc. Es decir, esto no es un descubrimiento de verano.

No obstante, el ejemplo más citado y moderno en términos de Reglas Fiscales es el de Chile. Desde el año 2001 Chile se compromete a mantener un superávit estructural anual del 1% del PIB. Esto no significa que las cuentas públicas chilenas cierren todos los años con números negros. “Estructural” en este caso significa “eliminado los efectos del ciclo económico”. Para ello, los chilenos calculan aproximadamente qué parte de los ingresos fiscales de ese año es “la normal” y cuál se debe a la bonanza o dureza del ciclo, y hacen lo mismo con el gasto. Son estas magnitudes “normales” las que deben estar ajustadas. El resto se permite que fluctúe con el ciclo. Así han conseguido superávit muy altos en las fases de bonanza, y se permiten tener déficit en las fases bajas del ciclo, sin que se les dispare el endeudamiento. La propuesta que ahora mismo manejamos en nuestro país tiene una inspiración similar, aunque menos intensa.

En general, la Regla Fiscal chilena está gustando mucho a los expertos en la materia, aunque debe reconocerse que lleva poco tiempo en funcionamiento y que aunque en las bonanzas ha funcionado muy bien (como todo), debe examinarse su desempeño en años malos.

En Chile, por cierto, esto está consignado con rango de Ley, de nuevo; ni más, ni menos.

La noción de finanzas sostenibles no es nueva; de una u otra forma los gobiernos han venido siendo más disciplinados en este sentido en los últimos treinta años. Sí es relativamente más reciente el hecho de que esta noción se plasme en Reglas Fiscales, escritas e incorporadas de alguna manera a la legislación, e incorporando además  garantías de cumplimiento, o incluso algún tipo de sanción en caso de no cumplirse. Por ejemplo, en Europa se debate qué pasaría con los países que no cumplen en la actualidad el límite establecido en el PEC, después de oír propuestas por parte de Francia y Alemania. Con algo de maldad se echaban de menos esas propuestas cuando eran estos países los que no cumplían ese límite, como ocurrió en varias ocasiones del periodo 2004-2008

El debate (y no solo el callejero) es inevitable y necesario. De las Reglas Fiscales pueden y deben debatirse su diseño, sus límites, dónde debe consignarse el compromiso a cumplirlas y en qué forma y, por supuesto, ante quién y en qué forma se responde de su cumplimiento.

Porque de nuevo, y es inevitable, y no tiene nada de malo, habiendo consideraciones técnicas de fondo, hay muchas otras que son ideológicas; quizás la primera consideración ideológica sea, precisamente, que en materia económica los gobiernos y los ciudadanos nos vemos sujetos a una suerte de determinismo fatal. La realidad no puede ignorarse, desde luego, pero tampoco creernos solo ciertas partes o solo determinados hechos. El hecho es que el mundo, hasta hoy, ha podido funcionar bastante razonablemente  sin incluir en nuestras constituciones cuestiones que se refieren al gasto de todos los días, por ejemplo. Otro hecho es que las situaciones de inestabilidad financiera son prolijas en mensajes contradictorios, y lo que vale un día para justificar una subida, se usa al otro para justificar una bajada.

Hace unos años el humorista José Mota solía utilizar en varios de sus sketch la frase “No es por no ir, pero ir pa na es tontería”. Respecto de las Reglas Fiscales me queda una impresión similar: “no es por no” aplicarlas, pero el cómo el cuándo y el por qué se está metiendo esto en la norma básica de regulación de convivencia del Estado, son bastante ofensivas.