Reformas

Teoura

 En el mercado político, la reforma está en alza. Hay que reformar. La oferta con la que nuestros dirigentes actuales y futuros pretenden ilusionar a los ciudadanos consiste en reformas. Abandonada la quimera trotskista de la revolución permanente, hemos entrado en la era de la reforma permanente.

 Re-formar: dar nueva forma. La palabra poco dice de la sustancia.

 Cuando la economía iba bien, nos urgían a reformas consistentes en reducir impuestos, contener el gasto público, moderar los salarios, flexibilizar el mercado laboral y hacer viable un sistema de pensiones al borde del precipicio. Ahora, cuando vienen tan mal dadas, nos urgen a reformas consistentes en reducir impuestos, contener el gasto público, moderar los salarios, flexibilizar el mercado laboral y hacer viable un sistema de pensiones al borde del precipicio.

 1. Impuestos y gasto público. Aprendimos en la pasada legislatura que “bajar impuestos es de izquierdas”. Por eso se suprimió el impuesto de sucesiones que, como es sabido, golpeaba de manera inmisericorde a las clases populares. Es verdad que no se perdió mucha recaudación (apenas el equivalente al “ahorro” derivado de la congelación de las pensiones), pero todos podemos respirar tranquilos porque ni nuestros descendientes ni los del banquero Botín tendrán que pagar un céntimo cuando ellos hereden los respectivos patrimonios que unos y otro hemos acumulado, tacita a tacita, con el sudor de nuestras frentes.

 Las circunstancias cambian, así que sería erróneo aplicar políticas idénticas a situaciones distintas. Por eso, en esta legislatura hemos aprendido que la izquierda también puede subir impuestos, sobre todo si son indirectos: de ahí nuestro recauchutado IVA, que es tranquilizador porque vamos a pagar igual cada uno de nosotros y el banquero Botín.

 Hay por ahí algunos locos que han intentado otras cosas. Por ejemplo, el tal López, que en uso de la soberanía fiscal del País Vasco ha pretendido que las SICAV coticen no el 1 %, como en el resto del Estado, sino el 28 %. La consecuencia de semejante quijotada es que todas las SICAV con beneficios imponibles y residencia fiscal en el País Vasco, todas, han abandonado la dulce Euzkadi y se han instalado en la más generosa tierra del régimen fiscal común. Antaño se acusó a los vascos de los pecados de deslealtad impositiva, dumping arancelario y vacaciones tributarias; menos mal que, en materia de SICAV, nuestro gobierno ha aprendido la lección y no ve problema en acoger a los perseguidos por la voracidad vitoriana.

 Pero hay que reformar y bajar impuestos, y a ello nos hemos dedicado con afán. Según la OCDE, los ingresos fiscales en España han pasado del 37,3 % del PIB en 2007 a un 30,7 % en 2009. Con eso nos colocamos cómodamente por debajo de la media de la presión fiscal entre los países de la Organización, cada vez más lejos de Escandinavia y más cerca de México y los Estados Unidos.

 Algunos irreductibles insistirán en el anticuado concepto de que conviene que los ricos paguen más y que se persiga el fraude, pero seguro que continuará circulando y triunfando como argumento de autoridad irrebatible la supesta amenaza de la huida de capitales ante la “presión asfixiante” del fisco en España.

 Y también, claro, hay que disminuir el gasto público, que según la ortodoxia al uso es, por definición, despilfarro. Como el grueso del gasto público se dedica a sanidad, educación y pensiones, quienes abogan por el recorte seguramente pensarán que la sanidad, la educación y las pensiones en España son chiripitifláuticas, excesivas, de un lujo asiático, alicatadas hasta el techo. A mí me resulta difícil verlas así. Pero puede que, más sibilinamente, a lo que aspiran los prosélitos del recorte es a que el Estado se retire para poder continuar expandiendo sus negocietes en educación, sanidad y pensiones. El modelo de los hospitales-Potiomkin inaugurados por Aguirre en el rompeolas de todas las Españas está a la vista del personal para ilustración de incautos.

 2. Moderación salarial. No soy hombre colérico, pero cuando oigo a alguien hablar de la necesidad de “mejorar la competitividad reduciendo los costes salariales” me entran ganas de coger un trabuco. Exigiré, en el futuro, que quien se atreva a proferir semejantes palabros haya presentado previamente su declaración anual de ingresos (naturalmente, auditada por un inspector de hacienda).

 Cuando el sinvergüenza de Ferrán clamaba por la moderación de los salarios lo hacía desde las orillas del delito. Cuando lo hace MAFO, una nómina pública de 180.000 euros le contempla; es verdad que se la ha afeitado últimamente, pero no pocos estarían contentos de “moderar” su retribución anual hasta los 30 millones de las antiguas pesetas.

 Con un paro del 20 % y un salario mínimo de 633 euros, la media de retribución de los consejeros de las empresas del IBEX-35 fue el año pasado superior al millón de euros. En lo más crudo de la crisis, con congelación de pensiones y rebajas de salarios para los empleados públicos, las retribuciones de estos consejeros aumentaron, además, el 9 %.

 3. Flexibilización del mercado laboral. Flexibilicemos, nos dicen, el mercado laboral. Flexibilizar es un verbo con connotaciones positivas: nada de envaramientos ni, peor aún, de rigor mortis; mola ser flexible.

 A uno se le ocurre que la flexibilización de la que saldríamos todos ganando incluiría cosas como jornadas laborales variables para adaptarlas a las necesidades familiares; posibilidades de formación en las empresas que den mayor recorrido a las carreras profesionales; incentivos a la movilidad geográfica en las grandes sociedades; o participación de los trabajadores en los beneficios de sus empleadores. Sin embargo, el debate en torno a este asunto parece centrarse en un solo punto, que es el abaratamiento del despido.

 La lógica que sustenta esta reivindicación es la siguiente: como despedir resulta, argumentan, tan caro, los empresarios no se animan a contratar; y, al contrario, si despedir fuera gratis contratarían mucho más. No digo yo que no, pero el asunto suena un poco a falsa moneda. No debe de ser en España muy difícil despedir a la gente, vista la evolución de los registros del paro. Aparte, ya nos han confirmado los economistas del blog que la indemnización existente para rescindir contratos fijos no supone, en realidad, ningún desincentivo real para la contratación.

 Se dibuja, parece, cierto consenso sobre la existencia de un problema estructural generado por la dualidad injustificada en el mercado laboral entre contratados fijos y contratados temporales. A este problema habría que añadir el de la condición vitalicia de los funcionarios, una buena idea (se trataba de profesionalizar la Administración y hacerla impermeable a los vaivenes políticos) que sí ha originado algunos efectos perversos.

 Vayamos, pues, todos francamente por la senda de la flexibilización.

Algunos casos recientes pueden inspirarnos. Cuando, por ejemplo, el BBVA decidió hace pocos meses “flexibilizar” a su hasta entonces consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, lo hizo agradeciéndole sus servicios de tres décadas, conservando su sueldo anual (3 millones de euros, 500 millones de pesetas) y dándole un paquete de jubilación anticipada de 52,5 millones (éstos, otra vez, euros; en pesetas, más de 8.000 millones), que le fueron entregados a la provecta edad de 55 años. Lo que me lleva a las pensiones.

4. Hacer viable un sistema de pensiones al borde del precipicio. No es que en España las pensiones sean muy generosas, pero sí han permitido evitarnos la vergüenza, desgraciadamente habitual todavía hoy en muchos otros países, de que la vejez suponga una inexorable caída en la indigencia.

No serán boyantes nuestras prestaciones, pero parece que los mercados (esos mismos que fomentan dudas sobre la solvencia de los países para luego cobrarles un poco más caro el crédito que les otorgan) nos dicen que sí son excesivas e insostenibles. Muchos expertos no están de acuerdo ni ven la urgencia de esta reforma, pero el espíritu de los tiempos obliga a reformar.

En realidad, la pelea se centra ahora en cómo reducir el coste (o “lastre”) de las pensiones. Se trabaja en dos vías: ampliación de periodos de cómputo y retraso en la edad de jubilación. El camino es lo de menos: de lo que se trata, en realidad, es de recortar y disfrazar el recorte de la manera más presentable posible.

Nos enseñan pirámides invertidas de población, en un horizonte catastrófico en el que cada trabajador activo deberá soportar sobre sus hombros a docenas de parásitos. Se aduce, con razón, que vivimos más que en la Edad Media, y que, por tanto, no es justo que estemos tanto tiempo sustentándonos de la sopa boba.

Bueno, puede ser. Yo aquí propugnaría, también, un poco de flexibilidad. Conviene recordar que en la función pública la jubilación ya se puede retrasar hasta los 70, y la experiencia demuestra que en los cuerpos A (los directivos, con mayores responsabilidades y retribución) una proporción muy elevada de los funcionarios (véanse también los enseñantes universitarios o los jueces) tiende a permanecer en sus trabajos hasta el límite. Seguro que hay maneras de incentivar la continuidad voluntaria de la actividad laboral, sin obligar a ancianos de 67 a, por ejemplo, seguir vareando la oliva o apretando tuercas en una cadena de montaje.

Y, una vez más, el ejemplo de nuestros líderes económicos puede inspirarnos. Sin cambiar de entidad, en febrero pasado nos enteramos de la feliz noticia de que, alcanzados los 65, Franco González, ese gran hombre (quien, recordemos, llegó al frente del BBVA por designación “popular”), ha consolidado una pensión de jubilación de 79,7 millones de euros: más de 13.300.000.000 (trece mil trescientos millones) de pesetas. ¡Ah! Pero solo se los embolsará cuando se jubile de verdad, suceso de fecha incierta pero que, en su caso, será ciertamente jubiloso.

En este contexto tan dramático para el país, no entiendo cómo es posible que los pudientes de España no se den cuenta de que la obscenidad de sus emolumentos es insostenible. O a lo peor sí es sostenible, y ellos lo saben perfectamente.

En fin. La editorial Caballo de Troya publicó un libro muy curioso en 2005 bajo el título “El año que tampoco hicimos la revolución” (disponible por entero en la red: http://www.scribd.com/doc/32979097/Colectivo-Todoazen-El-ano-que-tampoco-hicimos-la-Revolucion; les recomiendo vivamente que se asomen a él, aunque sea solo al prólogo). En esta “novela de misterio”, los autores superponen noticias de los diarios de aquella época del boom económico (había sólo 1,7 millones de parados) reflejando, en paralelo, los beneficios empresariales desorbitados y los datos reales de salarios, desempleo y miseria cotidiana de la gente. El efecto es devastador.

 Una nueva edición del libro en 2011 resaltaría contrastes mucho más sangrantes. Pero este año tampoco haremos la revolución; sí, me temo, seguiremos haciendo muchas “reformas”.