David Rodríguez

No cabe duda de que el debate sobre la democracia siempre ha estado presente en la sociedad, pero durante estos últimos tiempos está yendo más allá de unos reducidos círculos intelectuales y se está extendiendo a una parte mayor de la población.

Conceptos de democracia hay muchos, desde la estrecha visión de quiénes estos días nos intentan vender que Adolfo Suárez y el Rey fueron los grandes adalides de la democracia en España, hasta la visión más amplia de quiénes proponen el concepto de ruptura democrática, cada vez más extendido entre la gente de izquierdas. Intentaré reflexionar y profundizar un poco más sobre este debate.

Desde el establishment político y mediático, el concepto de democracia que se intenta transmitir se limita a votar cada cuatro años para conformar un gobierno que tenga manos libres para legislar como le plazca, y cualquier cuestionamiento de este principio supone una ofensa que sólo puede proceder de grupúsculos radicales que atentan contra los pilares de nuestra convivencia.

 Nada se dice, por ejemplo, sobre la ley electoral, que permite al PP tener mayoría absoluta de escaños cuando no tiene mayoría absoluta de votos. La mayoría social no ampara en absoluto al actual gobierno, pero por una suerte de ingeniería electoral se otorga una mayoría institucional a quién carece de los suficientes apoyos populares. Este detalle pasa desapercibido para los defensores del orden bipartidista.

 Tampoco se comenta demasiado el hecho de que el programa electoral que un partido presenta a la ciudadanía pueda quedar perfectamente en papel mojado. En España, incluso llegamos al extremo de que el presidente Rajoy proclame su incumplimiento con toda impunidad sin que a la caverna mediática le parezca que esto genere ciertos problemas de legitimidad.

 Otro aspecto que se obvia es la división de poderes. En nuestro país sólo falta que algunos jueces de tribunales como el Constitucional porten las banderas de los partidos y los lobbies que les escogen, como si de maillots ciclistas se tratara. La supuesta independencia del poder judicial deja mucho que desear, e incluso se castiga a aquellos magistrados que osan cuestionar los cimientos del actual régimen, dando igual si existen o no fundamentos jurídicos para ello.

 Pero en este artículo quería ir todavía un poco más allá, y plantear que la democracia ha de reunir un requisito fundamental, que es el respeto por los derechos humanos y sociales de toda la ciudadanía. Lamentablemente, vivimos en una época histórica en el que las políticas del gobierno entran en abierta confrontación con estos derechos, y por tanto con el concepto mismo de democracia. Los principios rectores de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son constantemente violentados por unas medidas que se encuentran al servicio de los poderes económicos y de la troika. No existe una política orientada al pleno empleo, se incrementa la pobreza, no se respeta el derecho a la vivienda y se ponen trabas constantes a servicios esenciales como educación y salud, con unos recortes que en realidad suponen un trasvase de riqueza hacia aquellos que tras provocar la crisis están siendo subvencionados por el Estado.

 Llegados a este punto, hemos de plantear una pregunta que desde mi punto de vista ha sido bastante tabú, incluso en el seno de la propia izquierda. ¿Qué ocurre cuando entran en conflicto las mayorías parlamentarias y los derechos humanos y sociales? Desde mi punto de vista, ninguna mayoría institucional puede transgredir los derechos de una parte de la población, entendidos éstos como los recogidos en el ordenamiento jurídico antes mencionado. Esta visión no me parece en absoluto radical, ya que los derechos establecidos por Naciones Unidas y Constitución Española constituyen más bien un punto de partida de mínimos que un punto de llegada ideal de una sociedad plenamente democrática.

 Podemos indicar algunos ejemplos bastante claros con algunos de los referéndums que hemos visto realizar en algunos países. En Suiza, por ejemplo, se ha votado sobre limitar derechos a la población inmigrada. O en California se realizó una consulta sobre si se concedían a los homosexuales derechos que les son inherentes. Este tipo de plebiscitos son un despropósito desde el punto de vista democrático, porque ninguna mayoría puede tener capacidad para limitar derechos que sólo lo son si se extienden a toda la población.

 Lo indicado en los ejemplos anteriores es extensible a todo el conjunto de derechos humanos y sociales. De ahí que en una situación tan extrema como la actual cada vez sean más las voces que se alzan a favor de una ruptura democrática, tema sobre el que me gustaría plantear dos reflexiones finales.

 Primero, la ruptura ya se está realizando, y está siendo hegemonizada por la derecha. Cuando Sarkozy propuso la refundación del capitalismo, algunos bienintencionados pensaron que se refería a cuestionar algunos de sus principios estructurales. Nada más lejos de la realidad. Se trataba de asentar el capitalismo sobre bases de acumulación diferentes, intentando obtener beneficios privados de la progresiva privatización de servicios públicos que son precisamente los que sustentan la garantía de atención a algunos de los derechos que estamos mencionando.

 Frente a esta ruptura reaccionaria planteada por la derecha, se antepone la ruptura democrática defendida por cada vez más grupos de izquierdas, consistente en la superación del Antiguo Régimen que en España surge de la Transición, e iniciar un Proceso Constituyente que se asiente sobre la democracia bien entendida y la defensa de los derechos humanos y sociales. Desde mi punto de vista, la resolución de este conflicto va a ser clave para definir la sociedad que nos espera en el futuro, y yo por lo menos apoyo plenamente el concepto de ruptura y de democracia que plantean las opciones más progresistas.