Razonable

 Jon Salaberría 

Pues sí. Pasó el sábado de constitución de corporaciones locales, y tras las quinielas, los rumores y las idas y venidas negociadoras, se concretaron por fin los pactos y las soluciones políticas de geometría variable. Efectivamente, como yo aventuraba en mi artículo de la semana pasada, no ha existido esa suerte de gran acuerdo expreso y global de las fuerzas de progreso en todo el Estado, análogo al que fue gran acuerdo PSOE-PCE de 1979, salvo sea el acuerdo de última hora entre Pedro Sánchez y Cayo Lara para conseguir mutuo apoyo entre PSOE e IU en más de setecientos municipios. No obstante, el nivel de consenso obtenido  para las investiduras en los grandes municipios sí que ha conseguido la conformación de un nuevo mapa de cambio que a efectos prácticos se acerca más, afortunadamente, a aquel escenario resultante de las primeras elecciones municipales democráticas que a la situación de distanciamiento entre PSOE e IU que en 1995 y 1999 consolidó las alcaldías populares en los cuatro puntos cardinales de nuestro país.

Por otro lado, donde yo atisbaba cierta equidistancia en las decisiones (me refiero a la posición de Ciudadanos), la realidad ha sido otra: el partido de Albert Rivera ha conseguido que 17 capitales de provincia permanezcan en manos del Partido Popular contra todos los pronósticos, incluso contra la voluntad de sus organizaciones locales, que sólo en casos muy concretos (tengo muy cerca los de Torremolinos y Nerja) han podido adoptar por sí mismas la decisión final respecto de sus gobiernos municipales. La relación política Rajoy-Rivera, muy intensa durante la semana previa, ha surtido los efectos deseados: oxigenar a un PP hundido. El partido de la regeneración democrática ha mostrado su auténtico rostro. Determinar los pactos locales desde un órgano central de decisión y desde la máxima verticalidad se compadece muy poco con la democratización interna que predican. Subordinar las decisiones a un bis a bis entre dos próceres nacionales ajeno a la decisión de la militancia, menos. Mañas de vieja política. El apoyo a la investidura de Susana Díaz, bloqueado durante ochenta días y desbloqueado en pocos minutos ante la inminencia de los acuerdos del sábado 13 de junio, es la justificación que todos intuíamos ante el apoyo a Cristina Cifuentes en Madrid. Pero pocos esperaban que la proporción del apoyo municipal haya sido el alcanzado. Ciudadanos deberá en los próximos meses lidiar con una imagen de entreguismo a los intereses del Partido Popular que puede perjudicar en Generales sus perspectivas tanto dentro del sector de sus votantes más al centro-izquierda como del situado en el espectro opuesto, principalmente viejos votantes del PP en cuya recuperación el partido de Rajoy pone desde ya sus esfuerzos electorales (*). 

Al respecto de los gobiernos de progreso, la casuística es muy amplia, y abarca desde el simple apoyo a la investidura de las candidaturas más votadas (ya sean del PSOE, de IU o de unidad popular), hasta la concreción de equipos de coalición o de acuerdos de legislatura en base a programas. Hemos tenido en Debate Callejero una buena exposición de esos casos concretos por parte de nuestro articulista LBNL. Pero de los acuerdos suscritos con mayor o menor amplitud sí que se desprenden unas líneas generales que no sólo van a servir como hoja de ruta en la gestión local, sino que aventuran la posibilidad de una vía de colaboración entre fuerzas de progreso en el inminente escenario nacional que se desprenderá de las Elecciones Generales previstas para noviembre. Comicios sobre los que gravita el rumor del adelanto (**).  

Sin solemnidades, estamos ante la oportunidad de un programa común que centre su interés, tras casi una legislatura completa de austericidio, recortes en gasto social y en derechos, en las políticas de proximidad y en la recuperación de los Servicios Sociales. En el caso de la administración municipal, la entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administración Local en enero de 2016 supone una prueba de fuego tan sólo para el mantenimiento de éstos. Avanzar en la cobertura gratuita de necesidades que se conciben como auténticos derechos es un compromiso generalizado en los acuerdos de cambio. Pensemos por ejemplo en los planes de extensión de las escuelas infantiles, en los programas de inserción social o en la actuación en zonas con necesidades de transformación social Y que han sido abandonadas por la gestión popular. 

Estamos ante la oportunidad de esgrimir como bandera de una futura oferta una nueva política de eficiencia energética y por supuesto, de erradicación de la pobreza energética, una de las más graves resultantes sociales de la crisis económica y que afecta, triplicándose desde 2007, a uno de cada diez hogares españoles. Las auditorías energéticas en las diferentes administraciones podrían ser el fundamento de planes de ahorro y de eficiencia francamente necesarios, recuperándose de nuevo el reto de las energías 100% renovables, alternativa abandonada en 2011 con la llegada del PP al poder. En cuanto al primero y más acuciante de los problemas, el del auxilio energético a las familias, además de la ayuda de emergencia a cargo de la administración, se abre el camino a la posibilidad de conveniar con las proveedoras acuerdos razonables, en base a las exigencias de responsabilidad social corporativa que a ellas atañen, para la garantía de estos consumos sociales.

 La gestión de los nuevos gobiernos locales de cambio permite abordar el problema de la vivienda desde la agilización de los procedimientos, la implementación de los recursos y la proporcionalidad de las soluciones. La actualización de los censos de vivienda municipal, especialmente en las grandes urbes, con la elaboración de bolsas mixtas de viviendas (de propiedad municipal y conveniadas, previo examen del mercado inmobiliario) y actualización de los registros de demandantes de vivienda son pasos ineludibles en la solución de numerosas y trágicas situaciones individuales. La negociación con las entidades financieras para la resolución de alzamientos pendientes y, de cara al futuro, la incentivación de los alquileres con precio regulado como solución habitacional óptima. Una política que se complementa perfectamente con la de rehabilitación de los cascos históricos. Una llamada a la sostenibilidad urbanística que es sin duda divisa distintiva de un programa progresista opuesto al modelo de burbuja al que ciertos sectores políticos y económicos no tendrían inconveniente en volver (***).

Las propuestas en empleo que los nuevos ayuntamientos, circunscritas a su ámbito, son una inspiración para las soluciones que se demandan a nivel general: la inversión en I+D+i es la principal vía de superación, aunque sea parcial, del drama del paro. Incluso, un camino para disminuir el porcentaje lacerante de desempleo estructural que lastra la posibilidades de recuperación. La cultura del emprendimiento, con medidas fiscales facilitadoras, y la ayuda a las PYME son armas cargadas de futuro a complementar con una vuelta de nuestra mirada hacia la economía social.

Por último, y con una gran importancia política, las políticas de transparencia abordarán el reto de acabar con el distanciamiento de nuestra ciudadanía respecto de la cosa pública. La claridad en los procedimientos de contratación, la información de estos en base a criterios de igualdad, localización, cooperación, género y calidad son la base de una mejora en la prestación de servicios y un cortafuegos para el clientelismo y la corrupción. El acceso a la información y el perfeccionamiento de nuevos procedimientos de consulta, participación y decisión son un desafío democrático frente al descrédito de lo público.

Muchos más compromisos en materia cultural, medioambiental o educativo están trazados en linea similar en los acuerdos municipales suscritos. Alejados momentáneamente del ruido electoral, la vía del posibilismo y del sentido común que se ha abierto, siempre desde la hasta ahora denostada cultura del consenso, puede ofrecer en sólo unos meses los primeros resultados prácticos que inspiren una alternativa social a las políticas de Mariano Rajoy. La presión política y mediática creará una campana de ruido difícilmente soportable, y de hecho en menos de cuarenta y ocho horas tenemos ya palpables muestras. Frente a ella, la responsabilidad es el antídoto. Por supuesto, la ilusión también.

(*) Diegodieguismo y rebaja de las exigencias regeneradoras de Ciudadanos. El caso malagueño:

http://www.revistaelobservador.com/opinion/50-redaccion/10180-un-pacto-de-derechas-para-el-ayuntamiento-cassa-c-s-incapaz-de-defender-su-programa-se-contenta-con-migajas-de-la-torre-le-deja-su-innegociable-reduccion-del-95-de-cargos-en-un-50-y-porque-no-hay-ediles-del-pp-para-distritos

(**) Barómetro de junio de Celeste-Tel: dibuja un doble eje PSOE-Podemos / PP-Ciudadanos bastante clarificador, con ventaja de los primeros de cada binomio. La batalla está totalmente abierta.

http://www.eldiario.es/politica/Partido-Popular-PSOE-recuperan-apoyos_0_398610299.html

(***) El Cabanyal, vencedor de los pactos municipales: la ilusión por un plan integral de rehabilitación frente al caloret de la especulación.

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/cambio-gobierno-valencia-frena-derribo-cabanyal_2015061600088.html