Punto de inflexión Real

Jon Salaberría

Su Alteza Real, la Infanta Cristina de Borbón, finalmente, imputada. La noticia a la que todavía se resistía desde los oídos y retinas más cortesanas (e incluso las más “institucionales”), se confirmó a primeras horas de la tarde del miércoles, día 3 de abril. El auto del Magistrado-Juez José Castro Aragón, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, resuelve la citación de la Infanta para declarar, en calidad de imputada, por su relación con las actividades del “benéfico” Instituto Nóos y de la mercantil Aizoon S.L., por un presunto delito de tráfico de influencias. La argumentación jurídica del Juez Castro sobre los hechos en los que presuntamente estaría implicada la hija menor del Jefe del Estado se basa en dos premisas fundamentales, una de carácter puramente fáctico y otra fundamentalmente de ética pública. Así, por un lado, y de acuerdo con las pretensiones de la defensa legal de Diego Torres (ex socio de Iñaki Urdangarín), se estima la intervención de la Infanta en las actividades de Nóos haciendo uso de su privilegiada posición institucional para la captación de contratos (tramitados presuntamente de forma irregular y acompañados de la percepción de ingresos indebidos), objeto del proceso judicial. Así,  la Infanta habría prestado su consentimiento a que se utilizara “su nombre, tratamiento y cargo”, tal cual estima el auto. Determina el Juez Castro que “Todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga (asesor de las Infantas) era la de una utilitarista figuración” .En cuanto a la fundamentación “ética”, su origen está en las mismas palabras, crípticas en las identidades aunque con intención de contundencia general, de SS.MM. El Rey cuando afirmaba, en plena tormenta (Mensaje de Navidad de 2011), que “la justicia es para todos”.

A la tarde, tres hechos destacables incidían en echar un poco más de condimento a una situación judicial-institucional histórica y de consecuencias impredecibles en todos los órdenes:

– La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto. Esta decisión del Fiscal Horrach, muy criticado desde algunos posicionamientos, devenía inevitable tras la imputación, pues desde el comienzo de la instrucción y sobre todo desde que comenzó a barajarse la posible citación de la Infanta la posición de dicho órgano ha sido contraria. Criticable, sí, pues pese a los tecnicismos jurídicos, la función de esta sección específica del Ministerio Fiscal es facilitar la investigación de esta tipología penal sin dejar espacios a la potencial impunidad, y porque la citación en calidad de imputada permite, si cabe, una defensa con más garantías de los derechos de la persona citada.

– Sin precedentes, y más criticable aún, la respuesta oficial de la Casa Real a media tarde, en la que expresaba su “sorpresa” por la imputación y mostraba su pleno apoyo a la decisión del Fiscal Horrach de recurrir el auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca. En esta respuesta, la Casa Real rompe la obligada neutralidad a la que el espíritu del Texto Constitucional obliga a la Corona como institución, y supone, en mi opinión y en la de más acreditados portavoces de la opinión pública y política, una injerencia en el procedimiento que no puede ser pasada por alto.

– Por último, es de reseñar la respuesta política a la noticia histórica de la imputación, como no podía ser de otra forma. Cierta euforia en determinadas formaciones política del espectro nacionalista, que aprovechan la ocasión para arrimar el “ascua a su sardina”, como ERC, que con Tardá señala “un hecho más que justifica la reivindicación de una república catalana”. Exigencia de mayor contundencia en IU y en UPyD, que han reivindicado las mismas medidas que se exigirían a un cargo público en caso de imputación, principalmente el abandono del ejercicio de cualquier función o actividad relativa a la posición institucional de la Infanta dentro de la Casa Real. Y por parte de PP y PSOE, relativa calma y respeto a la decisión del órgano jurisdiccional, si bien trascendiendo una enorme preocupación de los partidos mayoritarios por la situación que se plantea. Especialmente reseñable la respuesta de Pérez Rubalcaba, muy “institucional y responsable” según algunos correligionarios, pero considerada por otros como tibia y poco consecuente con una situación en la que se habrían roto los tabúes de treinta años de monarquía parlamentaria en lo referente, precisamente, al papel de la Corona.

Estamos, sin duda, en un punto de inflexión. Antes de este miércoles infausto para la historia de la dinastía Borbón, teníamos sobre la mesa las informaciones del domingo sobre la fortuna heredada por los hijos del difunto Conde de Barcelona, SS.AA. Real Don Juan de Borbón, patrióticamente depositada en Suiza, y de la que es beneficiario, entre otros, el actual monarca. Se han ido concretando y saliendo a la luz pública, pues, toda una serie de sospechas que durante años se habían ocultado bajo un consensuado velo de “discreción” justificada por los “servicios a España”, la defensa del proceso democrático en momentos de extrema fragilidad del mismo y por una ejemplaridad en la conducta pública y privada que se había ido cultivando, casi como “marca oficial”, durante años. La realidad de 2013 es otra, y coincide además con la espiral de descrédito en la que se vive todo lo relativo a la “cosa pública”. De ahí que exista poco margen para suavizar o reconducir la situación desde la más estricta “normalidad”. Ha llegado la hora de plantear soluciones institucionales de excepción, y la tardanza en hacerlo, el enroque, incluso la perspectiva de un horizonte procesal favorable, no van a evitar el total deterioro y descrédito de la institución monárquica y sus inevitables repercusiones en la vida política española.

Es el momento, posiblemente, de la abdicación: es una de las tres posibles soluciones para, al margen del “iter” procesal del “Caso Nóos”, reconducir la estabilidad institucional deteriorada. La figura del Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, es acreedora de un acreditado prestigio de cara a la opinión pública que parece no haberse deteriorado, al contrario de lo ocurrido respecto del Rey y de las Infantas. La capacidad del Príncipe para el ejercicio de las funciones públicas de representación que implica la Corona es un clavo al que asirse en estos momentos de zozobra para quienes desde el “monarquismo” convencido o desde la obediencia constitucional pretenden reconducir la situación. Los problemas de salud de SS.MM. El Rey, que le deparan desde hace tiempo períodos frecuentes de inactividad, son la excusa perfecta para un relevo generacional. Esta solución, que contaría con un nada desdeñable apoyo tácito a día de hoy, tiene un problema de fondo, cual es el de la ausencia de un marco normativo de referencia, en tanto en cuanto el art. 57 punto 4 de la Constitución se remite a una Ley Orgánica que, como el caso de la preeminencia del varón en la línea sucesoria, es una de las asignaturas jurídicas pendientes tras tres décadas de vida institucional. El compromiso explícito que exigiría de las fuerzas políticas la promulgación de esa ley orgánica (ad hoc) es un hándicap político a considerar.

Más fácil, desde el marco del actual ordenamiento constitucional, sería la aplicación del art. 59 punto 2 del Texto. Sería el momento de la regencia: acreditada ante las Cortes Generales la incapacidad del Rey (física) para el ejercicio de sus funciones, el Príncipe heredero pasaría a ejercer la regencia en nombre del Rey. Esta solución, con precedentes históricos por minoría de edad en España, implica una dosis de provisionalidad que coadyuvaría poco a la solución del momento político. Desde algunos posicionamientos se apuesta por la posibilidad de que una tercera persona, desde el consenso y con un prestigio acreditado, pudiese asumir esas funciones mientras se deja a la Casa Real un tiempo valioso para su necesaria “catarsis”. La verdad es que la norma no deja opción a esa posibilidad, que de otra parte nos pondría en el pórtico de la tercera de las posibilidades, que es la del cambio de régimen.

Efectivamente, y como ya hemos debatido en alguna ocasión en Debate Callejero, se abre el melón del debate en torno a la forma del Estado; debate aplazado por motivos de puro pragmatismo pero que no por ello ha dejado de estar presente desde las discusiones de la Ponencia Constitucional en 1978. Significativas algunas de las voces que desde el Partido Socialista empiezan a posicionarse a favor del discurso republicano, que sí era claro y sin complejos desde las fuerzas de la izquierda alternativa. Pepe Martínez Olmos, diputado por Granada y prestigioso especialista en el campo de la Salud Pública, rompía la lanza a favor del debate monarquía-república desde la tranquilidad y el sosiego. Sostiene que “la imputación de la infanta Cristina contribuye a incrementar el descrédito de la monarquía y que este, juntos a otros hechos recientes de la vida de la Familia Real, han perjudicado de manera importante la imagen social y el apoyo de la ciudadanía a la institución”. Es por ello que, pese a reconocer la utilidad de la institución y los servicios prestados por Don Juan Carlos I a la causa democrática, “se hace preciso un debate que no sea coyuntural pero que aproveche las coyunturas. Vienen tiempos complejos para todos, pero espero que seamos capaces de acertar con las soluciones y que sea posible debatir sobre estos temas con la madurez que corresponde a una sociedad grande como la española”. Ya antes, el primer secretario del PSPV, Ximo Puig, había lanzado el debate en los mismos términos, aunque con menos trascendencia pública, al contrario de la que tuvo la solicitud de abdicación hecha por Pere Navarro en febrero. Nino Torre, secretario de organización de las Juventudes Socialistas, ha anunciado la predisposición de la organización federal (PSOE) para debatir la cuestión dentro de la Conferencia Política de otoño, en el capítulo de reforma constitucional y del modelo de Estado.

En cualquier caso, ya no caben medias tintas. Como afirma Pablo Sebastián, “la decisión o reacción real en esta ocasión debería ser coordinada con el Gobierno y el Parlamento, porque a estas alturas el monarca no está en condiciones de actuar por su cuenta ni de pedir perdón a los ciudadanos”. Iñaki Gabilondo alerta a la Casa Real de las consecuencias letales de materializar como respuesta ese “dejar pasar la tempestad” que sí que encarna la verdadera “Marca España” en lo que a los asuntos públicos se refiere: el “dontancredismo”. “Es cuestión de resistencia de materiales, los de la propia Casa Real y los de la tolerancia de la sociedad española hacia este tipo de comportamientos y hacia la propia institución monárquica”.  Antón Losada pide, ante la actitud de la Casa Real verificada en su apoyo al recurso del Ministerio Fiscal,  una respuesta ante lo que augura como desastre: “Empeñarse en evitar lo inevitable, la imparable imputación de una persona que ocupaba cargos en el entramado y era propietaria de un parte, fue un error hasta ahora. Empecinarse en esa estrategia cargando contra el juez y el proceso, solo puede conducir al desastre”. Luis García Montero evoca a Ortega y Gasset, próximas fechas de aniversario republicano: “Españoles, vuestro Estado no existe. ¡ Reconstruidlo ¡”. Finalmente, Antonio Papell sostiene que con el sometimiento por parte de la Corona al imperio de ley, acompañado de otros gestos (piénsese en la renuncia a derechos dinásticos de la Infanta) “la democracia habrá demostrado su inflexibilidad ante la Ley, su plausible capacidad para situar a cada cual bajo el peso de su propia responsabilidad”. Sólo así, “la Corona permanecerá en su sitio, dolida pero claramente sometida al imperio de la ley”.

El momento es, sin duda, histórico y sin precedentes, ni siquiera en el entorno europeo. Atentos a sus pantallas, pues.

Posdata: Una de las variables inevitables de este asunto es la presión contra el Juez Castro. Desde el ámbito político, Martínez-Pujalte ya ha lanzado un ataque frontal al Juez (que debería tener trascendencia a efectos del CGPJ). En los medios, no se pierdan la campaña del vetusto “ABC” ni la columna de Arcadio Espada en “El Mundo”, pidiendo el “descrédito del redactor del autojustificativo” (en referencia al auto) en caso de que la Infanta no llegue a sentarse en el banquillo.