Porque yo estaba antes

Andrés Gastey

Los métodos de asignación de derechos en cualquier sistema social son variados. En las democracias, se atribuye a cada ciudadano un buen paquete de derechos por su mera condición de miembro de la polis. Luego, el azar, el mercado, el voto o la superestructura jurídica (reglamentación hereditaria y registral) distribuyen facultades de acción con mayor o menor justicia entre los ciudadanos. Uno de los mecanismos más antiguos y extendidos de atribución de derechos es el de la prioridad temporal, la precedencia: se le reconoce a alguien un mejor derecho no por razones de mérito o necesidad, sino porque “llegó antes”. Ya lo usaban los romanos, que acuñaron la fórmula “prior in tempore, potior in iure”.

Intuitivamente, este mecanismo nos parece más bien burdo. Sin embargo, funciona con absoluta normalidad en numerosos ámbitos de la vida social. Aunque otros muchos esperen, el niño que en el parque ocupa el columpio no lo liberará hasta que no le dé la gana. Y si se trata de un niño perverso (valga la redundancia), prolongará el juego para, abusando de su posición transitoria de poder, aumentar la ansiedad de los expectantes.

Hacemos disciplinadamente la cola ante la taquilla del cine, aceptando que la mejor entrada no será para quien tiene problemas auditivos o para el jubilado de vista cansada que lee con dificultad los subtítulos, sino para el primero de la fila, a quien, por haber llegado antes, le reconocemos el derecho a escoger. En el supermercado, no hay cajas especiales para madres pluriempleadas o para padres heroicos acogotados por su descendencia; cada uno pagará por riguroso turno la compra semanal.

Los anteriores son ejemplos banales. Es más; puede pensarse que se trata de mecanismos razonables de ordenación de la convivencia, porque la preferencia que se concede al primer llegado no perjudica derechos esenciales de quienes, al fin y al cabo, sólo se ven obligados a esperar un poco más para satisfacer su aspiración.

Ahora bien; ¿qué sucede cuando los derechos en disputa sí que afectan a esferas importantes de la vida pública y privada?

Un caso notable en el que sigue operando el principio de precedencia temporal es, ni más ni menos, el de la sucesión a la jefatura del estado. Disfrutamos, a este respecto, del raro privilegio de contar con una normativa constitucional arqueológica que ya se recogió en las Partidas, la codificación del Derecho a la sazón vigente que encargó allá por el siglo XIII el sabio rey Alfonso.

Las cosas antiguas suelen ser bonitas, pero hay pocos artefactos hechos hace ochocientos años que sirvan en la actualidad. Aún así, en España hoy por hoy se continúa heredando la jefatura del estado en la mejor línea (omitiendo a los bastardos, se entiende), prefiriendo al varón y, a igualdad de sexo, privilegiando al sucesor de mayor edad.

Las bastardías no dan ya hoy en día demasiado juego, y se sabe que las fuerzas políticas mayoritarias están teóricamente de acuerdo en acabar con la pervivencia de la increíble discriminación por razón de sexo, incongruente con el mandato de igualdad que también contiene la Constitución. Otro asunto es cómo vayan a enmendar el desaguisado, cosa complicada (por un “quítame allá esa Ley Sálica” se montó la de dios en el XIX), costosísima (voto favorable de los dos tercios de las Cámaras, disolución inmediata, elecciones, mayoría en las nuevas Cortes, referéndum) y que, además, puede suscitar preguntas incómodas.

Entre otras, podría plantearse la siguiente: ¿qué sentido tiene el que, eliminando la de sexo, mantengamos la discriminación por razón de edad? ¿Encontraría justificación el que la infanta Leonor llegase a ser reina de España solo porque nació un poco antes que su hermana Sofía? ¿No sería más lógico determinar de alguna manera cuál de las dos jóvenes tiene mayor vocación o mejores aptitudes para el cargo?

Como no parece factible organizar unas oposiciones restringidas para la jefatura del estado que permitan dilucidar cuál de las dos posibles candidatas responde mejor a los criterios de capacidad y mérito para acceder a esta importante función pública, el dilema carece de solución.

En realidad, puede que los monárquicos prefieran no modernizar la institución, porque con arreglos parciales enseguida se le ve el cartón: y razonando, razonando, uno se acerca peligrosamente a la república, en la que el jefe del estado es designado atendiendo al deseo de los ciudadanos y no merced a su condición de miembro de una familia determinada.

No es, con todo, necesario irse a las más altas magistraturas del estado: la filosofía que subyace al principio “porque yo llegué antes” invade muchos otros ámbitos. Alimenta, en el fondo, la raíz de cualquier nacionalismo.

Dado que ni los hombres ni los pueblos brotan de la tierra, todos tenemos inscrita en nuestros genes la condición de extranjeros. Los paleontólogos nos dicen que, como especie, procedemos de África. Frente a quienes se empeñan en mitologías sobre ancestros o derechos históricos, frente al prestigio cutre de lo propio, lo autóctono o incluso lo endémico, reconozcamos que somos la consecuencia de flujos y reflujos migratorios, de mezclas sucesivas, de capas superpuestas de poblaciones móviles. Antes de que se configurasen las actuales naciones, hubo en los mismos espacios ibéricos otras naciones; integradas, subsumidas o expulsadas.

Hay quien no comparte este enfoque. El Lehendakari, por ejemplo, afirma sin rubor que los vascos “somos un pueblo de 7000 años”. Aparte de felicitar a Ibarretxe por su longevidad, cabría preguntarle qué trascendencia política tiene ese presunto hecho. ¿Quiere decir que, por haber llegado antes, solo los que hayan cumplido 7000 años de arraigo tienen derecho a tomar decisiones que afectan al conjunto de quienes pueblan el territorio?

Con cuatro millones de ciudadanos nacidos fuera de nuestras fronteras que se nos han sumado en los últimos diez años, los españoles estamos siendo testigos sin reflexión de una auténtica transformación revolucionaria de nuestra sociedad. Los alóctonos han venido para quedarse. Forman ya parte de nuestra polis. Aunque hayamos llegado antes, no podemos imponerles una identidad, una forma determinada de ser o de ver el mundo. Sí debemos, desde el respeto a la diferencia, adherirnos (y reclamar adhesión) a los valores que unen e integran, lo que nos define e identifica como ciudadanos de la sociedad democrática y abierta en la que queremos vivir: los derechos humanos y libertades fundamentales que a todos reconoce nuestra Constitución.