Política y tabú (una nota sobre el catalán en España)

 Alberto Penadés

En ciencia no puede haber dogmas ni tabúes, creo que todos coincidimos en eso. Hasta el enunciado más fundamental puede someterse a crítica o revisión (otra cosa es que sirva de algo, que la crítica sea ridícula, etc; pero nadie lo defenderá como intangible). Al pasar a la ciencia social es fácil encontrar tropiezos. Por ejemplo, la existencia del holocausto es un dogma para muchos, y está legalmente consagrado en Alemania, Israel, y no sé si algún sitio más, donde negarlo es delito. Si alguien se presenta y dice que como resultado de una investigación el número de asesinados fue el 10% de lo que se considera aceptado (de hecho, la cifra exacta funciona también como dogma), y que lo convierte en un fenómeno comparable a otros 27 casos documentados de matanzas de civiles en las guerras, esa persona será considerada un delincuente. Es un caso extremo, pero el simple hecho de que se denostara a un historiador sin demostrar sus errores o explicar sus mentiras, mostraría dogmatismo anticientífico. ¿No? 

Cuando se trata de cuestiones menos fáciles de definir que en el ejemplo, como a menudo es el caso en la sociología y la ciencia política, o mecanismos causales más intrincados, como típicamente sucede en la economía, el problema mayor no suele ser de dogmatismo, sino de inacabable discusión, de inseguridad en las conclusiones. Sin embargo, a veces algo escapa del tumulto, se adhiere tal vez a un interés político reconocible, quizá a un grupo bien situado, y observamos cómo se va convirtiendo en dogma. Se reconocerá, operativamente, por la estridencia de silbato con el que nos pitarán falta hasta nuestros mejores amigos, por el modo en que incluso quienes son capaces de las más hondas indagaciones y los más complejos análisis de datos dan por buena la evidencia más sospechosa o la generalización más vulgar. Los ejemplos que conozco mejor provienen de ciertos ámbitos en los que la coalición de intereses entre los especialistas en estudios de género y algunas organizaciones no gubernamentales (dos ámbitos donde los datos a veces se manejan con mucha alegría) proponen, a menudo con éxito, sus dogmas en el debate público: cierta visión de la violencia de género, el tráfico de personas, la explotación sexual… Puede que finalmente tengan razón, pero, por si acaso, a quien señala que sus argumentos son paracientíficos, homeopáticos, se le despacha con un pescozón.

No quiero meterme en cuánta ideología y dogmatismo transpira en los debates de política económica. Y eso sí que es urgente que lo entendamos, creo que a la vista está el resultado, por eso lo anoto. Pero quiero llegar sin alargarme mucho a la política lingüística.

A medida que abandonamos lo que puede considerarse más bien científico y pasamos a la pura política pública y sus razones, los tabúes proliferan, o al menos los grupos tratando de establecerlos. Forma parte de la política, pienso. Consiste en elevar lo más posible el precio de la crítica y de la oposición, el sortilegio tiene que ver con la famosa “hegemonía” de Gramsci (entendido como magia blanca) o con la “espiral de silencio” (si lo vemos como magia negra). El resultado es que la “verdad pública” (© Timur Kuran) sea la que buscamos, con cierta independiencia, y contradicción si es preciso, de las “verdades privadas”. No me parece ni bien ni mal, simplemente creo que parte de la lucha política consiste en eso. 

Vaya por delante, porque quiero evitar el silbato, que soy un firme defensor de la inmersión lingüística en Cataluña (con levísimas enmiendas, si acaso, apenas pellizcos de monja). No siempre he estado tan seguro, no lo digo para presumir de meditativo sino para subrayar que me parece legítimo no pensar así. Con todo, para muchos, de creer en sus palabras, disentir es rozar un asunto “sacrosanto” (sic), causa de justa rebelión, ofensa que solo merece guantazo. Para otros, o los mismos, es ignorar que se trata de un modelo demostradamente superior a otros, especialmente por la cohesión social que favorece. (Hemos escuchado cómo se oponía así, por ejemplo, al “modelo belga”, que, nos informan, a punto está de romper el país; me pregunto si recomendarían la inmersión en francés a los flamencos, o viceversa, o si hace esto recomendable la inmersión en catalán a los hispanohablantes de Cataluña, y viceversa).

En mi opinión, la política de inmersión, como casi toda la política lingüística, es una política de discriminación positiva y debe aceptarse así. Es una política que tiene, además, efectos beneficiosos, por ejemplo la integración o cohesión, que compensan algunos efectos adversos (pequeños, dada la proximidad entre catalán y castellano). Evidentemente, idéntica integración se lograría en escuelas bilingües, lo que cambiaría es el nivel final de conocimiento del catalán. El pleno bilingüismo, otro objetivo citado, si bien más raramente, también podría lograrse de otros modos. Pero la inmersión tiene un efecto compensatorio sobre la fuerza social del castellano y maximiza el nivel de conocimiento del catalán. Me parece un objetivo más que legítimo y que estorba poco a otros.

La cuestión es que una política de discriminación puede revisarse, no es  necesariamente sacrosanta. Voy a aventurar una hipótesis. Alguien que persiga como fin la mayor pujanza posible para la lengua catalana, como medio crea necesaria la intervención de las instituciones, y como valores –y límites- tenga los comúnmente considerados democráticos, no puede estar interesado en la formación de un estado catalán independiente (salvo, naturalmente, por otros intereses que pesen más que lo anterior, o por un tuneo personalizado de lo que son valores democráticos, a lo que todos somos muy dados).

Si el castellano es la lengua nativa y habitual de la mitad de los catalanes, y esto me parece que es un hecho, es poco razonable que una república o reino esperara mantener el catalán como única lengua de la escuela pública (y de todo lo público, de los carteles a la oratoria política) sin grave violencia de las libertades cívicas. Sin ser independiente, la provincia canadiense de New Brunswick, con división lingüística pareja, es bilingüe, y el Québec, que no lo es (porque, a diferencia de lo que sucede en Cataluña, el 90% son hablantes nativos de la lengua “propia”), admite la escolarización en inglés para la minoría, y mantiene el inglés en la cartelería pública (aunque en letra chica).

Es síntoma de la adhesión de Cataluña al resto de España, y esta es mi segunda hipótesis, el que se apliquen sin ninguna dificultad políticas de discriminación positiva del catalán (o, inevitablemente, discriminación negativa del castellano), en su territorio. Que escribamos Girona sin que en catalán a nadie se le ocurra escribir Zaragoza con todas sus zetas, me parece una prueba anecdótica de la hispanidad de Cataluña, no un indicador de lo sacrosanto que es el empleo del catalán en el terreno donde es propio.

La derecha y el españolismo deberían hacer un esfuerzo para entender las cosas o, por lo menos, no estorbar demasiado al encaje de Cataluña en España. Pero pueden y deben disentir. Contra ese disenso, y contra el nacionalismo rancio de cualquier tipo, hay  que buscar más integración cívica: catalán en las escuelas, sí, y fuera de Cataluña también, y en el Senado, que en mi opinión debería trasladarse a Cataluña, y en los discursos del jefe del Estado y su desocupada familia (qué mejor que aprender idiomas). Por mí, cuanto más mejor. El centralismo, para la mayoría de los españoles, no es sino un recuerdo de atraso y tristeza. Que no se dejen engañar los catalanes por una rancia minoría españolista, y que no se dejen engañar el resto de los españoles por la necedad de algunos pocos catalanistas. Buscan dogmas, por eso gritan.