Piel color naranja y alma de electricidad

Millán Gómez

La pena de muerte es la ejecución de un prisionero como castigo por un crimen o delito. Etimológicamente, la pena de muerte es el castigo impuesto a un crimen tan grave que merece la decapitación. Es la privación de un bien jurídico que el poder público, a través de sus instituciones, impone a un individuo que ha cometido una acción perturbadora del orden público. Al principio de la historia, la pena capital fue el impulso de la defensa o de la venganza, es decir, la consecuencia de un ataque injusto. En la actualidad, la pena de muerte ha pasado a ser un medio con el que cuenta el Estado para preservar la estabilidad social.

Cada diez de octubre se celebra el Día Mundial para sensibilizar a la población sobre este tema. En España, la pena de muerte existió hasta la proclamación de la Constitución Española de 1978. Durante el franquismo se ejecutaba a los reos comunes con el garrote y a los políticos con el fusilamiento.

Según los datos que desprende el informe anual de Amnistía Internacional de ejecuciones judiciales, en 2003 fueron ejecutadas como mínimo 1146 personas en 28 países diferentes. De estas 1146 casos de pena capital, el 84 % de las muertes ocurrieron en cuatro países: la República Popular China llevó a cabo 726 ejecuciones, Irán mató a 108 personas, Estados Unidos a 65 y Vietnam 64.

Entre los que trabajan contra la pena de muerte se encuentran algunas de las personas a las que esta pena supuestamente ayuda: víctimas de crímenes y familiares de víctimas de crímenes. Al hacerse cada vez más evidente que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio superior al de otras formas de castigo, los que propugnan su uso han empezado a afirmar que es necesaria para ayudar al proceso de recuperación de las familias de las víctimas. Es cierto que algunos familiares de víctimas de asesinato encuentran consuelo en este tipo de castigo. Pero muchos otros no. Algunos familiares han afirmado que la ejecución del asesino les hace más difícil aceptar la pérdida de su ser querido. Este atentado a la humanidad provoca, inevitablemente, víctimas inocentes, puesto que mientras que la justicia humana no sea infalible y totalmente eficiente, no desaparecerá la trágica posibilidad de dejar sin vida a inocentes. La pena capital es, por ello, claramente arbitraria y clasista.

La pena capital es un atentado contra los derechos humanos más elementales y una auténtica aberración moral. La pena de muerte es un asesinato intencionado realizado a sangre fría sin la más mínima humanidad y sensibilidad por parte de las autoridades competentes. Y lo más grave de todo este asunto es que este asesinato lo realizan en nombre de la justicia y del Estado.

La pena de muerte viola el más fundamental e indiscutible de los derechos humanos, el derecho a la vida. Este derecho elemental está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pena capital es un castigo cruel e inhumano.

La pena capital, en muchos casos, tiene un carácter claramente discriminatorio y, a menudo, se emplea contra los sectores sociales más desfavorecidos, con lo que esto supone de injusticia. La justicia es para toda la sociedad, no para los sectores sociales más favorecidos y económicamente más influyentes.

Este atentado a la humanidad provoca, inevitablemente, víctimas inocentes, puesto que mientras que la justicia humana no sea infalible y totalmente eficiente, no desaparecerá la trágica posibilidad de dejar sin vida a inocentes. La pena capital es, por ello, claramente arbitraria y clasista.

Este tipo de homicidio se sintetiza en que si un hombre muere otro tiene que morir. Es una acción inadecuada e inaceptable a los delitos violentos. Resulta totalmente incoherente con las normas básicas que deben regir una sociedad civilizada y plenamente democrática. Estados Unidos, que se autoproclama con solemnidad y falso patriotismo como la cuna y el ejemplo de democracia, realiza periódicamente estos asesinatos con la complacencia y el apoyo de sectores sociales a los que se les llena la boca presumiendo de demócratas.

Aquellos gobiernos que creen que pueden resolver problemas sociales o políticos ejecutando fríamente a otros seres humanos deberían darse cuenta que a lo largo de la historia los conflictos violentos no sólo se resuelven por la vía policía sino también mediante la educación, la ética, el civismo y el convencimiento. En la vida convencer es vencer. Si no se consigue que la sociedad se convenza de que la violencia no es el método para resolver los problemas, mucha más sangre se derramará por todos los rincones de nuestro planeta.

Nunca se ha demostrado con pruebas convincentes que la pena de muerte disuada los delitos con una mayor eficacia que otro tipo de penas más dignas, justas y democráticas. Una ejecución no puede utilizarse nunca como condena de un homicidio. Los derechos humanos son inalienables. Por lo tanto, pertenecen a todas las personas y a nadie se le puede arrebatar el derecho a la vida en nombre de la justicia.