Pep pide ayuda al mundo

LBNL

Guardiola fue la estrella mediática del acto independentista celebrado en Barcelona ayer, apelando a la ayuda internacional, europea en particular, contra un autoritario Gobierno español que supuestamente “ha puesto en marcha una persecución política” y le niega el pan y la sal de la democracia a Cataluña poniendo en peligro los derechos fundamentales de los catalanes incluida la libertad de expresión política, lo que no se entiende bien dada la libertad con la que pudo hablar y la ausencia de castigo alguno. En primera fila estaban Puigdemont y Jonqueras, la Presidenta del Parlament Carme Forcadell y una recua de Alcaldes y Alcaldesas independentistas conjurados para que el referéndum de autodeterminación pueda celebrarse el próximo 1 de octubre, según acabó de definir el President la semana pasada. Pero el portavoz ayer fue Pep, conocido en el mundo entero, pidiendo ayuda a los demócratas del mundo para superar la supuesta cerrazón anti-democrática del Gobierno central.

Guardiola jugaba muy bien al futbol y lo ganó todo como entrenador. Un amigo común que jugó con el al golf varias veces, me contaba lo obsesivo y minucioso que era también jugando, pidiendo repetir los putts fallados, aunque ya no contara. En el futbol es igual o peor/mejor hasta el punto que resulta insoportable a la larga para los que trabajan a sus órdenes. Sin embargo, ayer quedó claro que no aplica el mismo rigor a la política porque de hacerlo habría estudiado un poco más lo de la democracia y la ley. Porque todo el mundo sabe que el respeto a la ley es indispensable para que haya democracia y también que, en democracia, la ley hay que acatarla y solo se puede cambiar por vías democráticas. Otra cosa es que uno decida que hay elementos que justifican saltarse la ley. Puede haberlos, pero entonces no vale aducir la democracia como justificación. Entraríamos entonces en el terreno del derecho a la auto-determinación de un Pueblo, etc, etc, que es más espinoso – ¿qué y quiénes forman el Pueblo catalán?, ¿en qué supuestos avalan las Naciones Unidas el derecho de autodeterminación? – y mucho menos fashion.

A Pep, como a un par de millones de catalanes, le fastidia que tal y como ha configurado la Historia, Cataluña sea parte de España y no pueda independizarse así como así. La Constitución de 1978 sobre la que Cataluña ha alcanzado su mayor grado de autogobierno desde la boda de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla, no prevé el derecho de autodeterminación para las nacionalidades autónomas que constituyen España. La Constitución de la Yugoslavia de Tito si lo preveía, como la de la URSS, y encima contaban con un régimen verdaderamente autoritario y represor frente al que rebelarse legítimamente. Ignoro si la Constitución de Checoslovaquia preveía el derecho de autodeterminación, pero ambas partes decidieron aceptar la partición del Estado en dos. Kosovo, que era una región autónoma de Serbia, no tenía tal derecho, pero la opresión sangrienta de Milosevic hizo que la comunidad internacional tomara partido por los albaneses durante la guerra. Y aún estamos gestionando las consecuencias, por cierto.

Rajoy, que está citado a declarar en sede judicial para explicar eso de que él no sabía nada de la financiación ilegal del PP durante décadas pese a haber dirigido varias campañas electorales financiadas con donaciones a cambio de obras públicas, es un gobernante nefasto en muchos aspectos. También, en mi opinión, en lo que respecta a la “cuestión catalana”, porque ha tenido muchísimas oportunidades para tratar de contener la pulsión independentista y, al contrario, la ha exacervado al máximo, para orgullo de Aznar. Para empezar, Rajoy debería haber evitado la campaña contra el Estatut de Zapatero, pero prefirió el corto-placismo y de aquellos polvos estos lodos.

Porque es verdad que el Tribunal Constitucional, con uno de sus magistrados silenciado por catalán y otro par de ellos en cambio activos pese a su apariencia de parcialidad pro-pepera, tumbó algunos preceptos simbólicos y prácticos del Estatut que, sin embargo, están en vigor en Andalucía y la Comunidad Valenciana, cuyos nuevos Estatutos el PP no recurrió pese a la identidad literal de sus preceptos con los anulados en Cataluña.

En otras palabras, puedo entender perfectamente -y compartir- el malestar de muchísimos catalanes ante la animadversión de la mayoría del PP gobernante y su falta de cintura política para gestionar mancomunadamente las crecientes señales de incomodidad de una gran parte de Cataluña con su encaje actual en España. Pero eso no justifica en absoluto la echada al monte unilateral de la Generalitat.

Según sabemos de boca de varios Consellers y representantes independentistas, la Generalitat lleva meses afanada con los preparativos legales, administrativos, financieros y logísticos para que en esta ocasión la “consulta” tenga apariencia de referéndum serio, a diferencia de aquella pantomima de un no tan lejano noviembre de 2014 que, sin embargo, en aquel momento se nos vendió como un hito histórico al votar alrededor del 30% del censo – podían votar los extranjeros y los mayores de 16 años – en favor de la independencia.

Está por ver qué pasara en esta ocasión – ¿habrá votación? – y, en su caso, cuál será el resultado. La independencia de Cataluña no es descartable, pero sigue siendo altamente improbable, y no tanto porque el Gobierno central vaya a luchar con uñas y dientes por el respeto a la legalidad constitucional por parte de autoridades cuya legitimidad democrática se deriva en exclusiva de la Constitución, sino porque el apoyo popular a la independencia de Cataluña es bajo en términos históricos e insuficiente para obligar a la democracia española a asumirla.

Mi opinión no es demasiado relevante pero en aras de la transparencia diré que considero que la independencia de Cataluña sería un error para Cataluña, igualmente negativa para España y sería completamente ilegal en caso de ser unilateral – lo cual justificaría que España luchara por todos sus medios en las esferas internacionales para negarle todo reconocimiento. Pero al mismo tiempo considero, pese a la falta de apoyatura constitucional de esta posición, que sería inevitable entrar a negociar la independencia de Cataluña si un porcentaje “suficiente” de ciudadanos catalanes fuese partidario de la misma.

Esa es una de las cuestiones clave: ¿Qué porcentaje sería suficiente? ¿Y cómo lo medimos si no se puede celebrar un referéndum?

Hay algunos precedentes internacionales sobre la primera cuestión. En el reciente referéndum escocés bastaba con que votara a favor el 50% de los votantes pero en el que certificó la independencia de Montenegro en 2006, la Unión Europea impuso que fuera necesario que participara el 50% del censo y que votara a favor el 55% de los votantes. Claro está, ningún porcentaje evitará un conflicto civil si no es consensuado previamente: recordemos el caso de Bosnia en donde votó a favor de la independencia 2/3 del electorado, es decir, prácticamente el 100%% de bosnios y croatas y ningún serbio. Una cruenta guerra civil fue el resultado de llevar adelante aquella consulta “democrática” sin consenso previo.

La analogía con Cataluña no sería válida dada la ausencia de minorías étnicas enfrentadas a lo largo de la historia y la lejanía de la guerra de sucesión. Pero puede valer como advertencia de lo que puede llegar a ocurrir cuando se recurre a la unilateralidad, que siempre implica violar la ley consensuada entre todos.

En todo caso, en las elecciones autonómicas de 2015, con una participación cercana al 75% del censo, Junts pel Si y las CUP alcanzaron un 47,8%, al que puede sumarse el 8,94% de la versión catalanista de Podemos, totalizando un 56,74%, que vendría a cumplir con la exigencia de la UE para Montenegro. Sin embargo, si bien Colau y los suyos están a muerte a favor del “derecho a decidir”, tienen grandes dudas sobre un proceso de independencia unilateral. Además, la Constitución de la “nueva Yugoslavia” o Serbia-Montenegro, preveía la posibilidad de un referendum secesionista, que la Constitución española no reconoce. Pero, sobre todo, si restamos los votantes de Ciudadanos, PSC y PP – partidos que previsiblemente boicotearán el referendum si llega a celebrarse – al total que votó, el porcentaje de participación se nos quedaría en alrededor de un 46%.

Entrando en el siempre incierto terreno de las encuestas, una amplia mayoría de catalanes – entre 2/3 y 3/4 – dice apoyar un referendum pero alrededor del 50% se muestra contrario a la independencia mientras que alrededor del 45% la apoya.

En suma, es obvio que hay un fuerte malestar en Cataluña, pero por mucho que se desgañite Pep y los que le escribieron el discurso, no se dan las condiciones para considerar que Cataluña quiera independizarse de España. Parecen quererlo un par de millones de catalanes, pero queda otro par que no quiere y mucho menos si se trata de independizarse a la torera.

Porque lo cierto es que que la única legitimad democrática y legal de quienes impulsan la consulta independentista proviene de la Constitución, que ampara al Estatut. Es decir, sin Constitución no hay por qué obedecer un decreto de Puigdemont, a quién le reconocemos su autoridad de President porque se la otorgan las leyes emanadas de la Constitución, de la que él pretende desligarse. En el momento en que lo haga, volverá a ser un mero líder popular con mayor o menor seguimiento, pero sin poder o capacidad legal alguno.

Según el plan, el Parlament adoptará la ley de “desconexión” y una ley electoral catalana, la Generalitat aportará los colegios electorales, las urnas y los comisarios electorales y, muy importante, el pueblo, acudiendo a votar a favor de una República catalana independiente, hará el resto. Sin duda el Gobierno central impugnará la ley de “desconexión” y las medidas que adopte la Generalitat amparadas por aquella pero todo hace suponer que los líderes independentistas harán oídos sordos y arbitrarán todo tipo de medidas prácticas para que sus medidas puedan ser aplicadas.

El problema es que en este caso, el corte del cordón umbilical es indispensable para que el bebé empiece a respirar, pero también acaba con la vida de la madre, que le tiene que amamantar. Una vez la Generalitat rompa con la legalidad constitucional, ancha es Castilla, nunca mejor dicho. El Gobierno central tiene la potestad de suspender la autonomía según el artículo 155 de la Constitución y, llegado el caso, lo hará, como ya se hizo con el Ayuntamiento de Marbella cuando la ilegalidad manifiesta y generalizada obligó a suspender la democracia en esa pedanía.

Los independentistas se dejarán los cuernos para que el referendum pueda celebrarse en condiciones parecidas a las de los procesos electorales ordinarios en Cataluña, pero el Gobierno central dictará las órdenes pertinentes y los jueces de Cataluña instruirán a la policía judicial -Mossos incluidos- para que eviten el quebranto legal que supondría un referendum inconstitucional. ¿Cuántos funcionarios se atreverán a desobedecer las órdenes y obedecer en cambio las instrucciones de un órgano suspendido? Si verdaderamente se dieran las condiciones que Guardiola desgranó ayer, serían legión. Pero no se dan.

El próximo 1 de octubre no tendrá lugar en Cataluña nada parecido a un referendum con visos de legitimdad democrática. Tendremos, por el contrario, un gran follón institucional, con dirigentes suspendidos clamando por el respeto a los Derechos Humanos y la Democracia y policías impidiendo la conculcación del orden constitucional. Que es precisamente lo que buscan los irresponsables que dirigen Cataluña y que, visto su persistente declive electoral, necesitan como agua de mayo razones para apuntalar el victimismo que les permita seguir sobreviviendo a su mediocridad gubernamental.

Y de paso ayudar a Guardiola a distraer la atención sobre sus pobres resultados en el terreno de juego en el que – se supone – realmente es un maestro, lo cual, sin Messi, es cada vez menos claro.

Ante la sinrazón ajena, lo que más conviene es la mesura y el temple. Afortunadamente en eso Rajoy está sobrado. Y más después del triunfo político que Podemos le va a dar con su estúpidamente planteada moción de censura.