Pensiones, tensiones

Barañain

El malestar generado en  el seno del aparato confederal de CCOO – y la tensión irá creciendo-,  a cuenta del voto favorable de uno de sus más cualificados técnicos al informe del grupo de expertos sobre la reforma de las pensiones, ilustra bien uno de los problemas mayores que condicionan un debate constructivo sobre este crucial asunto: el enrarecido ambiente con el que se afronta, siempre caracterizado por  la falta de claridad, el diferir las decisiones, no entrar a debatir los problemas de fondo sino eludirlos mediante fórmulas defensivas, descalificar a los mensajeros atribuyéndoles oscuras intenciones, etc.

 Miguel Ángel García es, desde hace años, responsable del gabinete económico de CCOO. Como tal, fue uno de los redactores técnicos del documento que sustentó el Pacto de Toledo sobre las pensiones (1995) y, como tal, ha formado parte del grupo de expertos o de “sabios” -¡qué cursilada!-, que acaba de emitir su informe sobre la nueva reforma de las pensiones en la que el gobierno está empeñado. Con su voto favorable. Ayer mismo, coincidiendo con las noticias sobre el malestar entre compañeros suyos,  que reprochaban a la dirección sindical su tibieza al descalificar una posición que “quiebra los planteamientos colectivos y de consenso hasta ahora defendidos” por CCOO, El País publicaba un interesante artículo de M. A. García explicando su criterio:

http://blogs.elpais.com/pensar-sobre-economia/2013/06/informe-sobre-el-factor-de-sostenibilidad-de-las-pensiones.html

Una primera sorpresa puede venir por esa contradicción entre el apoyo a una polémico informe sobre las pensiones –sobre su “factor de sostenibilidad”-, por parte de un cualificado profesional que ejerce desde hace años una responsabilidad técnica sobre las propuestas y decisiones del primer sindicato del país y la posición pública de esa organización  respecto a este asunto y, en general, respecto a la política de recortes del actual gobierno, de la que  este es sólo el último capítulo. Como, además, ese apoyo tan significativo a la reforma –con el matiz de su voto particular sobre su fecha de aplicación-, viene sustentado en razonables explicaciones, la segunda interrogante que puede suscitarse es si son igualmente sólidos o “presentables” los argumentos que avalan la postura oficial del sindicato.

(Hace unos tres años me sorprendió escuchar a José Mª Fidalgo, ex secretario general del sindicato, ya retirado y libre de compromisos – por aquella época su especulaba sobre su posible fichaje por la flamante UPyD -, haciendo una defensa enérgica de la reforma de las pensiones que entonces se estaba, una vez más, planteando. Yo no recordaba que hubiera expuesto tesis similares cuando encabezaba el sindicato  ni que, al menos,  hubiera hecho pedagogía al respecto ante sus bases. Descartado que hubiera estado en minoría  al frente de su organización –lo que podría haber explicado la contradicción-, era inevitable suponer que ese liderazgo le exigía un lenguaje insincero, construido sobre proposiciones manidas o le impedía cuestionar el discurso clásico suscitando interrogantes sobre la viabilidad del sistema de pensiones que fueran más allá de suponer intenciones espurias –¡cuidado con el negocio del aseguramiento privado!-, en quien planteara  cualquier duda razonable al respecto).

Más allá de la peripecia del señor Miguel Ángel García y la turbulencia que puede ocasionar en su sindicato, la respuesta política al informe de marras ejemplifica también ese tono huidizo que caracteriza, como digo, el debate público sobre las pensiones. Rubalcaba ha estado hábil al enfrentar la intención de Rajoy de recortar las pensiones con su reciente declaración de que 2014 va  a ser el año de la recuperación. ¿Por qué entonces afrontar ahora tan espinoso asunto, que va a poner al personal más nervioso de lo que ya está? En términos similares se han pronunciado IU, CiU y PNV, que parecen decididos a dejar al gobierno quemarse solito en ese impopular empeño (escuché ayer a Iñaki Anasagasti pronosticar que en solitario el gobierno no sería capaz de aprobar la reforma, por mucha mayoría parlamentaria que tuviese, porque sería su tumba).

Pero esa respuesta, por más que asegure titulares de prensa y tenga garantizada la simpatía espontánea de mucha gente,  inquieta por su futuro, no es más que una forma de escurrir el bulto: que si hoy no es el momento de insistir en el sadismo del austericidio, que si la gente necesita un respiro, que si es políticamente inconveniente, que si hace falta consenso social, etc.… En realidad, nunca es el momento adecuado y  siempre acaba prevaleciendo la reiteración del discurso escapista: si el problema es la crisis económica reforcemos la productividad, aumentemos los ingresos,… Parece que es mejor no hablar de la evidencia demográfica que amenaza el sistema (la vida media actual a partir de los 65 años es de 20 años y es seguro que aumentará) porque implica más años de percepción de la pensión. Un sistema en el que  los pensionistas reciben ahora bastante más de lo que cotizan (entre 2,5 y 7 veces lo cotizado es el cálculo de la propia Seguridad Social).

Para el PSOE no es urgente esta reforma y no debe apoyarse exclusivamente en una rebaja del importe  que reciben los pensionistas; considera que aún es válida la reforma emprendida por el gobierno de Zapatero  y defiende la conveniencia – “para un futuro”-, de diseñar un nuevo impuesto ante la evidencia del desequilibrio financiero del sistema de pensiones (ahora  financiadas sólo  con cotizaciones, salvo las no contributivas). Suena también razonable; ya me lo parece menos que se supedite cualquier cambio en el sistema actual –y cualquier apoyo al gobierno en ese sentido-, al acuerdo con los agentes sociales. El precio de tal acuerdo suele suponer descafeinar el objetivo perseguido: hoy se reconoce públicamente que las modificaciones introducidas en la tramitación de la reforma de 2011 para “amortiguar su efecto sobre los pensionistas” –y así conseguir el apoyo sindical-,  anularon casi por completo su efecto en la reducción del gasto.

Por la misma razón, hace mal el gobierno de Rajoy en escudarse en el trabajo de grupos de “expertos” supuestamente “independientes”, “plurales” y “objetivos”. El de este grupo es el enésimo informe que da vueltas a la noria de la viabilidad del sistema, aunque ahora se haya centrado en el “factor se sostenibilidad” que pretende ajustar el cálculo de la pensión al aumento de la esperanza de vida (factor ya previsto, por cierto, en la reforma de Zapatero aunque para implementarlo en 2027).

El gobierno –ningún gobierno- no necesita esconder sus intenciones en supuestos grupos técnicos externos (dentro de la propia Seguridad Social – el INSS -, hay gente bastante más capacitada y  el asunto no tiene tanto misterio), cuyas conclusiones siempre coinciden con lo que se espera previamente de ellos y cuya composición, lejos de ahuyentar temores no hace más que alimentar las sospechas sobre intenciones ocultas. Que los técnicos externos trabajen en el área del aseguramiento privado es lógico (¿a qué se iban a dedicar si no, siendo expertos en esa materia?); no lo es que parezcan ignorar lo del “conflicto de intereses”. Pero ellos sólo afrontan el encargo que irresponsablemente el gobierno les ha hecho. No disparemos sobre mensajeros.