Pacto a la Granaína

Jon Salaberría

 Durante los próximos días 25 y 26 de abril, dentro de menos de una semana ya, el Jefe del Estado, Felipe VI, recibirá a los representantes de los partidos políticos y coaliciones con representación parlamentaria para evacuar la última ronda de consultas de cara a una posible (y última) sesión de investidura para la Presidencia del Gobierno. Una cita que, salva la sorpresa de última hora, determina el último trámite antes de la convocatoria automática de elecciones generales para el día 26 de junio. La suerte, vista la inflexibilidad de las posiciones, está echada. Nada hace pensar que el Partido Socialista renuncie al acuerdo con Ciudadanos y se allane a la negociación de la denominada Propuesta 20 de Podemos, haciendo gala de una debilidad política que le lastraría a nivel externo y a nivel interno: al albur de las pretensiones y la megalomanía del líder todopoderoso del partido morado y de las exigencias del soberanismo. Como nada hace pensar que Podemos y Ciudadanos levanten los vetos mutuos. Nada indica que Podemos acepte un gobierno PSOE-Ciudadanos reforzado por personalidades independientes que determinaría una legislatura corta que consolidaría a Podemos como la gran referencia de la izquierda en la oposición y papel determinante en reformas de calado. Por supuesto, nadie espera al Partido Popular ni a Mariano Rajoy, que perseveran de forma admirable en su dontancredismo. En esa estrategia siempre productiva de esperar a que las cosas se pudran y los cadáveres enemigos pasen por delante de la puerta. Las prospecciones de voto indican que el PP mantiene un asombroso suelo electoral consolidado y que el efecto de la corrupción en términos de deterioro ha pasado ya factura. Podemos sueña con el sorpasso y Ciudadanos, con un aumento de la representación que premie su imagen constructiva y de centralidad política. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sólo aspira a ganar tiempo y resistir el asalto, inevitable, de Susana Díaz Pacheco al liderato del Partido Socialista.

Estamos ante la materialización de un fracaso rotundo. Los males del viejo bipartidismo, aquellos que lastraban el vigor del proceso democrático y llevaban al descrédito ciudadano, habían encontrado en esta nueva era del pluralismo y la coralidad el remedio. Nada más lejos de la realidad: bloqueo y diálogo de sordos aderezado con la vergüenza adicional de la ausencia del mínimo respeto democrático a esa representación plasmada en la irresponsabilidad del Gobierno de la Nación ante las Cortes Generales. Un bochorno sin precedentes. Las ausencias de los responsables de distintos responsables de departamento ante el llamamiento parlamentario tiene hoy mismo su corolario con la suspensión de la Sesión de de Control al Gobierno. Si el mismo ABC de la democracia, la separación de poderes y el sometimiento del Gobierno al control del Parlamento, se desvirtúa, queda patente que la búsqueda de la pócima mágica en la pujanza de los emergentes y la decadencia de los partidos tradicionales ha concluido en un rotundo fracaso.

Mientras esperamos la convocatoria electoral, por el sur, desde la ciudad de la Alhambra, la enésima crisis corruptiva que ha afectado al Partido Popular ha puesto de relieve, muy al contrario, que la práctica de las estrategias de consenso y de búsqueda de acuerdos de amplia coalición movidos por la idea de regeneración pueden tener una virtualidad práctica. La Operación Nazarí, que estallaba con la espectacular inspección y registro del Ayuntamiento de Granada y su Área de Urbanismo, así como la detención de José Torres Hurtado, alcalde, e Isabel Nieto, concejala delegada de urbanismo, ha dado lugar a una endiablada sucesión de acontecimientos en un término menor que el de una semana con una conclusión rotunda: el cambio político, aquel que en junio de 2015 impidió el acuerdo de Torres Hurtado con el ex socialista Luis Salvador, es ahora posible, necesario y, cada hora que pasa, irreversible.

La necesidad de una profunda regeneración de la institución municipal, herida gravemente por la sombra de la corrupción urbanística tras más de tres legislaturas de poder omnímodo y ausencia de fiscalización, y la necesidad de revitalizar una ciudad que históricamente se va quedando una y otra vez fuera de los ejes del desarrollo (es ya más de un año de desconexión ferroviaria y de retraso vergonzante en las obras del AVE a su paso por la Travesía de Loja y a su entrada en Granada por La Chana, dos chapuzas de antología obsequio del PP a la provincia), han conseguido poner de acuerdo a cuatro fuerzas políticas diferentes y enfrentadas en el panorama del pactómetro nacional en base a ideas elementales de impulso democrático y de solución de emergencias sociales. Ni la dimisión de los implicados en el caso, a la que se sumó el presidente provincial popular Sebastián Pérez como víctima del fuego amigo, ha desvirtuado la hoja de ruta de la oposición: el relevo inmediato del Partido Popular. A estas horas se discute la fórmula jurídica, dado que la dimisión del alcalde determina dificultades técnicas para la moción de censura, pero la conclusión es clara. Al pacto que Partido Socialista y Vamos Granada (marca electoral vinculada a Podemos) rubricaron en junio de 2015 como base de un proyecto de alternancia frustrado por el acuerdo PP-C’s, se suma la adhesión del partido de Albert Rivera una vez roto el acuerdo con los populares y la decidida incorporación de Izquierda Unida, que hoy mismo ha firmado un acuerdo político de gran trascendencia con los socialistas. La idea clave: es posible un acuerdo sobre materias concretas, sobre contenidos, dejando de lado los vetos. El documento suscrito por PSOE e IU en la mañana de hoy determina una hoja de ruta municipal que se extiende a las otras dos formaciones y que tiene su paralelo, en términos comparativos, a la que pudo señalar para la gobernabilidad del Estado el acuerdo PSOE-C’s y las aportaciones que de Podemos hubiesen defendido los socialistas en una mesa a tres.

Un acuerdo para conseguir que la institución municipal recupere la confianza ciudadana mediante medidas de transparencia y actuación administrativa imparcial y objetiva. Con una auditoría de la deuda municipal, de la política urbanística, fiscal y económica de la Corporación. Con el final del despilfarro y el gasto injustificado, redistribuyendo las partidas en favor de medidas de atención a la emergencia social. Con un gobierno para los barrios que acabe con tensiones sociales y (en pequeña escala) territoriales. Y todo ello sin vetos y dejando que la estructura del futuro equipo de gobierno, que será liderado por los socialistas, sea la menor de las dificultades del proceso de alternancia.

Frente al sofisma podemita del mal llamado Pacto a la Valenciana (en la comunidad levantina la izquierda tiene la mayoría absoluta y Podemos NO forma parte del ejecutivo de coalición), el Pacto a la Granaína permite una alternativa amplia, transversal, representativa y eminentemente plural, movida por la intención regeneradora y la atención rápida a las emergencias sociales. Esta era la idea de la opción Pacto a 199 que el Partido Socialista ha propugnado y que se encuentra con la inflexibilidad y con los vetos, fundamentalmente, de Podemos. El destino ha querido mostrarnos en la práctica que la construcción de la alternativas a las políticas de la frustración y del dolor social sí se puede construir. Como insistía ayer Odón Elorza, pidiendo un último esfuerzo a su secretario general, es posible construir una alternativa en estos términos.

Ahora es posible un gobierno con un programa reformista y de cambio, sometido al Parlamento, actor principal de este periodo. Un gobierno de transición que respondería a esta situación excepcional, presidido por Pedro Sánchez, con Ministros independientes y de valía propuestos por Podemos y Ciudadanos. Un Gobierno con su programa y sus prioridades pactadas por las tres fuerzas, buscando las posiciones de encuentro que son muchas y pactando las discrepancias con libertad de voto… Este Gobierno podría revalidar su existencia mediante la presentación de una cuestión de confianza en el Congreso a los 18 meses, además e rendir cuentas cada año al Parlamento y, cuantas veces se precise, ante una comisión de seguimiento del pacto programático (sic).

Y lo que pudo ser, no fue.

Posdata: la campaña que esta próxima a comenzar va a gravitar en el concepto de culpa. No lo duden. Aquí César Calderón explica bien el error que va a ser centro de todos los debates. Entre la culpa y el futuro.  

http://www.huffingtonpost.es/casar-calderan-avellaneda/elecciones-2016-entre-la-_b_9718676.html