Otra verdad incómoda

Andrés Gastey

 

Algunos le han reprochado al ex Vicepresidente verdescente de los Estados Unidos, Al Gore, la supuesta falta de consonancia de su prédica ecologista con sus comportamientos cotidianos; otros le achacan que haya transmutado la relativa pasividad de sus mandatos en activismo vacuo cuando ya no tiene más poder que el de su palabra persuasiva; no falta, por último, quien le acuse de haber manipulado los datos de la realidad para forzar las interpretaciones que están en la base de su oscarizado documental “Una verdad incómoda”. Por mi parte, yo le tengo simpatía a Gore; me basta con imaginarme lo diferente que hubiera podido ser el mundo de hoy si se hubiera resuelto de manera distinta el contubernio de Florida en las presidenciales estadounidenses del año 2000.

 

Volviendo a su cruzada ecologista, creo que el documental de Gore tuvo cuando menos el mérito de hacer comprensible y cuantificable la amenaza que supone el cambio climático. Aunque, salvo coprófilos y coprófagos (que los hay), todos intuimos que la contaminación no es buena, transformar una convicción difusa en información susceptible de inspirar un programa político de acción para afrontar un problema de envergadura mundial es, me parece, algo muy valioso.

 

La intención de estas líneas no es, sin embargo, darle una nueva vuelta al debate sobre el cambio climático: no pretenden ni denostar la escuela negacionista (que, como es sabido, tiene entre sus grandes gurús a un afamado empleado de Rupert Murdoch) ni, ahora que el grajo vuela bajo en España, reafirmarles a ustedes en su tal vez desfalleciente fe en el calentamiento global. Lo que querría hoy es proponerles una reflexión sobre otra verdad incómoda, relacionada con las drogas ilegales.

 

Creo que todos podemos coincidir es que la situación actual es catastrófica. Los índices de consumo de estupefacientes (salvo, tal vez, la heroína) aumentan. El problema de salud pública que se ha generado en las sociedades con muchos usuarios de drogas ilegales, como la española, es enorme. La delincuencia asociada a las drogas ilegales golpea a los países opulentos y destruye a los países menos favorecidos. Baste recordar tres ejemplos dentro de este rubro. Es conocida la incidencia del narcoterrorismo en la perenne inestabilidad colombiana. También vienen de lejos los complejos vínculos entre narcoeconomía y realidad política en Afganistán. En estos últimos meses ha cobrado mayor notoriedad la virulenta narcoguerra civil que está librándose en México; ha llevado al Presidente del país (¡al propio Presidente!) a reconocer que la mitad de la policía mexicana no es de fiar.

 

Convengamos también en que las cosas no tienen pinta de ir a mejor.

 

Por un lado, la panoplia de sustancias psicotrópicas se ha diversificado. Continuará haciéndolo. Al  tradicional refinado o destilación de materias primas naturales de las que se extraen los principios activos estupefacientes se han sumado los procesos industriales para fabricar las más variadas drogas sintéticas, o “de diseño”, a base de la combinación de sustancias químicas puras. Por otro lado y como queda dicho, la demanda no disminuye. Así como, por ejemplo, se observa en algunos países, España entre ellos, una esperanzadora curva decreciente en el consumo de algunas drogas legales (tabaco), el número de personas que acceden a las drogas ilegales sigue aumentando. Ello proporciona el combustible que alimenta el lucrativo negocio del narcotráfico, con las consabidas consecuencias.

 

Hemos, por tanto, fracasado a la hora de combatir la droga. Y, cabe subrayarlo, este combate se ha llevado a cabo hasta ahora a través de la proscripción. En efecto, a lo largo del siglo XX se fue ilegalizando el consumo, la tenencia o la compraventa de un cada vez mayor número de narcóticos.

 

Desde su inicio, la ilegalización ha planteado serios problemas en todos los órdenes. De tipo metodológico, primero, porque la arbitrariedad de la distinción entre drogas legales e ilegales es palmaria, como puso en evidencia el oscuro período de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos (“y como allí no beben por la Ley Seca/ y sólo a los enfermos despachan vino/ yo pagué a precio de oro una receta/ y compré en la farmacia vino español”, que cantaba la Britney Spears de mis tiempos). De tipo filosófico, sobre todo, porque es muy difícil de defender que el Estado ha de legislar sobre lo que uno puede o no puede introducirse en el cuerpo, si lo hace en uso de su libre albedrío y sin perjuicio directo a terceros (nada que ver con el libertarismo alcohólico al volante que propugnó el ya citado empleado de Murdoch).

 

Desde una perspectiva utilitarista, estas objeciones podrían, tal vez, haberse soslayado si, aún sacrificando en parte la coherencia del sistema o incluso el espacio de la libertad individual, el paradigma prohibicionista hubiera tenido éxito. Pero no ha sido así. No sólo el problema del consumo de las drogas se ha incrementado a lo largo de estas décadas, sino que muchos pensamos que la prohibición ha contribuido a agravarlo en algunas de sus dimensiones. El volumen del negocio que se deriva de la combinación de demanda creciente e ilegalidad es enorme. Los flujos descontrolados de dinero que origina corrompen, desestabilizan y asesinan.

 

Así que la otra verdad incómoda que debemos afrontar es que, aparte de las objeciones de tipo filosófico que puedan oponérsele, la ilegalización de las drogas no sólo no sirve, sino que es parte de problema. La anagnórisis sobre los efectos de la contaminación que para muchos supuso el documental de Al Gore tiene su correlato respecto a las drogas en innumerables obras de ficción de recio sabor documental, desde la impresionante película Traffic hasta casi cualquier novela negra contemporánea.

 

Debemos, pues, cambiar el paradigma.

 

Pero el inmovilismo tiene muchos partidarios. Están, primero, los negacionistas que, como respecto al cambio climático, rechazan que la situación actual merezca corrección: dejar las cosas tal y como están es su, en mi opinión, suicida preferencia.

 

Una versión más sutil y prevalerte del negacionismo es la que, reconociendo que el modelo actual es insatisfactorio y que no se sostiene ni por sus resultados ni por sus fundamentos filosóficos, afirma la inconveniencia de que los Estados tomen medidas individualmente: a falta de una especie de Protocolo de Kyoto para la regulación transnacional del mercado de los estupefacientes, sería preferible el mantenimiento del statu quo, incidiendo, si acaso, en la desincentivación de la demanda a través de la educación.

 

Desde luego, esto último es necesario. Y no voy a desmentir que, al igual que sucede respecto al cambio climático, la acción internacional concertada sería la opción más deseable. Si las naciones pudieran ponerse de acuerdo para no sólo despenalizar el tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, sino para regularlo como una actividad económica más que genera productos con riesgo para la salud del consumidor (siguiendo de cerca los marcos existentes para el tabaco o el alcohol), buena parte de los problemas asociados a las drogas entrarían en vías de solución inmediata, o al menos de encauzamiento. Ahora bien, no nos engañemos: ese consenso internacional no se alcanzará en un futuro previsible.

 

La falta de ese gran acuerdo no impidió a una vanguardia de países asumir por su cuenta en Kyoto compromisos muy importantes en pro de una causa global como es la lucha contra el cambio climático. Tal vez nos correspondería, también en el terreno de la autorización regulada de las drogas, empezar un camino hacia la normalización, un camino al que, estoy seguro, las naciones acabarían sumándose; si no por convicción, sí por necesidad.

 

Hay verdades que no son sólo incómodas, sino políticamente tóxicas. La reinstauración de la República, llegar a un acuerdo con Marruecos sobre el futuro de Ceuta y Melilla o la regulación del consumo de drogas son causas perfectamente razonables que ningún partido político con opciones de gobierno en España abrazará. Pero a veces algún líder visionario es capaz de asumir como objetivo aspiraciones que generaciones precedentes consideraron quiméricas. Que España dedique al final de esta legislatura el 0,7 % de su PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo entraba en esa categoría. Por tanto y en contra de lo que dijo aquél, non lasciamo ogni speranza.