Otegui, la legalización depende de ti el sábado en Bilbao

MCEC
 
La miembro de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna, Marije Fullaondo, solicitó ayer al Ministerio del Interior la inscripción de Abertzalen Sozialista Batasuna como nuevo partido político para posibilitar la concurrencia de la izquierda abertzale a las próximas elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra. Interior ha percibido indicios de ilegalidad y le ha pasado el expediente a la Fiscalía para que estudie en detalle la solicitud y verifique si cumple la Ley de Partidos de 2002 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2002.html).
Hace una semana Zapatero afirmó en el Congreso que la Ley de Partidos se aplicaría al pie de la letra, si bien durante el pasado fin de semana en Berlín se refirió ante la prensa al margen de interpretación del que dispone el Gobierno que, en efecto, es bastante amplio.

Sin ánimo de realizar un examen pormenorizado, docto y soporífero de la Ley de Partidos, voy a tratar de simplificar separando tres cuestiones distintas, cuales son (1) la ilegalización de un partido político, (2) la persecución de un intento de suceder a un partido político ilegalizado y (3) la inscripción de un nuevo partido político.

El Ministerio Fiscal y el Gobierno a instancias del Congreso o del Senado, pueden instar ante el Tribunal Supremo la ilegalización de un partido político que (artículo 9.2) justifique o exculpe atentados contra la vida o la integridad física; fomente, propicie o legitime la violencia como método; o complemente y apoye políticamente la acción de organizaciones terroristas.

Y se entenderá que concurren estas circunstancias (art. 9.3) si se repiten conductas como: incluir en su dirección o en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente el terrorismo; utilizar símbolos o mensajes que se identifiquen con el terrorismo o la violencia; apoyar expresa o tácitamente el terrorismo legitimando los atentados, exculpando y minimizando sus efectos; fomentar una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas; utilizar símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia, etc.

Por concurrir estas circunstancias Batasuna fue ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2003 (ya estaba suspendida por la vía judicial desde agosto de 2002). Su ilegalización es irrevocable como afirmaba a principios de semana el Fiscal General dado que su inscripción en el registro de partidos fue cancelada y sus bienes disueltos. Batasuna murió y no puede resucitar.La segunda hipótesis contemplada en la ley 6/2002 es el intento fraudulento de suceder a un partido político ilegalizado y disuelto (art. 12.1.b) bien creando un nuevo partido o a través de otro partido ya inscrito. Entre otros, la ley cita como criterios para determinar la sucesión la similitud entre ambos partidos incluidas las personas que los componen o representan y cualesquiera otras circunstancias relevantes como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo. Y establece que en el caso de que el nuevo partido se presente a la inscripción en el registro le corresponderá al Ministerio del Interior y al Ministerio Fiscal denunciar el intento fraudulento de sucesión a la Sala 61 del TS.Lo mismo vale para los intentos de suceder al partido ilegalizado a través de agrupaciones electorales ad hoc (disp. adicional 2ª.1) como “Herritarren Serenad”, que la misma Fullaondo presentó ante la Junta Electoral Central con vistas a concurrir a las elecciones europeas de junio de 2004. La aceptación inicial de la Junta fue recurrida por el Estado ante la Sala 61 del TS (sí, esa misma cuya composición está ahora mismo en entredicho por las supuestas manipulaciones del Presidente del TS y del CGPJ) que rechazó su concurrencia a las elecciones por suceder a la ilegalizada Batasuna. Con el mismo criterio anuló también 241 candidaturas de agrupaciones electorales ad hoc en atención fundamentalmente a la presencia en ellas de más de 1.500 candidatos relacionados con Batasuna, que de esta manera pretendía concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2003. Finalmente, la Ley 6/2002 establece que a la hora de la inscripción de un nuevo partido político (art. 5) si Interior aprecia indicios de ilicitud penal deberá transmitir la solicitud al Ministerio Fiscal, que tendrá un plazo de 20 días para apreciar si corresponde actuar judicialmente contra su inscripción.A falta de mejores fuentes, lo único que sabemos de ASB es que según Gara sus estatutos apuestan exclusivamente por las vías democráticas y sus fines últimos son la independencia y el socialismo. Lo cual es impecable jurídicamente. Pero como afirma Interior en la nota de prensa que ha emitido, un sólo contraindicio no es suficiente para contrarrestar los demás indicios de ilegalidad observados.

De tal manera que le toca al Ministerio Fiscal verificar si ASB pretende suceder fraudulentamente a la ilegalizada y jurídicamente fenecida Batasuna. La mera presentación de la solicitud por la interfecta es un indicio claro de la conexión política evidente ASB-Batasuna, así como la B final. Y sin embargo, la ilegalización de Batasuna no puede conllevar la imposibilidad permanente del ejercicio de derechos cívicos y políticos por parte de sus ex-miembros. Es decir, haber pertenecido a Batasuna no puede bastar para ilegalizar cualquier formación política que quieran constituir sus ex-miembros. Pero si para no permitir que persistan en su criminal actitud.

En la exposición de motivos de la Ley de Partidos se aclara que el objetivo es dejar fuera de juego a aquellas fuerzas políticas que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia y el terror. De ahí el margen de interpretación del Gobierno, o si se prefiere, de la Fiscalía.

La pregunta es: ¿Hay connivencia de Otegui y cia. con el terror? Para mi es evidente que Otegui y cia. quieren que el terrorismo (ellos dirían violencia) etarra acabe. Aunque sólo sea porque consideran que es contraproducente para sus intereses, incluida la defensa de sus reivindicaciones políticas. Pero también es evidente que tras años de pertenencia a ETA y otros tantos de complicidad activa, todavía hoy no han sido capaces de pronunciarse con claridad sobre la necesidad, sin atenuantes, de que ETA cese en su actividad inmediata e incondicionalmente. Y eso, a mi juicio, es connivencia. Como al parecer, a juicio de Interior.

Mariano Rajoy dijo el otro día también en Berlín que “de este Gobierno podemos esperar cualquier interpretación de las leyes, siempre en contra del interés general”. No coincido. Yo espero de este Gobierno una interpretación correcta de la ley. Y creo que en atención a lo expuesto, a la Ley y los hechos, el Ministerio Fiscal actuará contra ASB y comunicará a Interior que no procede su inscripción en el registro de partidos políticos.

Excepto, claro está, que en los 20 días que el Ministerio Fiscal tiene para examinar la situación, Otegui y cia. sean capaces de explicitar su no connivencia con el terrorismo. El acto que tienen programado para el próximo sábado en Bilbao es una excelente oportunidad. Ojalá la aprovechen.

Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Y que la izquierda abertzale pida el fin de la violencia que ha defendido desde hace décadas, sin duda sería una buena dicha. Incluso si tenemos que escuchar el vociferio del PP y aguantar la “victoria política” que Otegui y cia. harían de su concurrencia a las elecciones.