Objeción de conciencia: la última coartada

Barañain

Ha sido noticia días atrás el nacimiento en un hospital público sevillano del primer niño concebido al amparo de la Ley de Reproducción Asistida mediante un proceso de selección genética de embriones que permitirá salvar la vida, previo trasplante celular, a su hermano grave e incurablemente enfermo.

Los obispos se lanzaron en seguida al ataque, con la piedad y contención que les caracteriza, porque para lograr que viniera al mundo un ser genéticamente compatible con el hermano desahuciado y a salvo de su enfermedad, “se  ha privado de su derecho a la vida a  sus hermanos” en alusión a los embriones descartados. La respuesta obvia, de los afectados y de la inmensa mayoría de la gente es cuestionar esa moral que pretende anteponerse al legítimo interés de unos padres por salvar la vida de su hijo, del hijo realmente existente.

Perdida la batalla mayor, la pretensión de los clérigos es conseguir que lo que técnica y jurídicamente ya es posible en nuestro país – la selección genética de embriones por motivos médicos-, se convierta en una carrera de obstáculos que haga desistir a la mayoría de sus potenciales beneficiarios. Probablemente es a su poder de intimidación a lo que obedecen tantas cautelas y exigencias de controles previos al visto bueno a cada solicitud, como existen en la norma aprobada por la mayoría progresista en la pasada legislatura  (con el voto en contra de PP y UDC).

La otra baza con que juegan los opositores a esta norma, a la que me quiero referir aquí,  es su atrincheramiento en el mundo sanitario, mediante la generalización  de la denominada  “objeción de conciencia” de los profesionales que han de llevar a la práctica los tratamientos que irritan a la jerarquía católica. El mundo médico, el de las batas blancas, se convierte así en uno de sus terrenos favoritos (otro es el educativo)  para la defensa de unas determinadas convicciones morales o religiosas, las propias de los de las sotanas negras. Invocando el supuesto derecho de los profesionales a hacer valer sus particulares convicciones “frente a la imposición del Estado”, tratan de limitar el acceso a los beneficios que esta legislación progresista otorga a los ciudadanos. Convertirlos en letra muerta.

Es la misma batalla –en torno a las mismas obsesiones-, que se libra contra la investigación con “células madre”. La misma que explica –junto con otros factores, desde luego-, que en España el  uso de los cuidados paliativos esté  aún muy por debajo de las posibilidades técnicas existentes,  que  el  justamente llamado “encarnizamiento terapéutico” siga siendo una lamentable realidad,  que hablar de derecho a una muerte digna sea todavía tabú. O que, por poner el ejemplo más conocido,  la imposibilidad material de someterse, en numerosas zonas del país, a una interrupción voluntaria de embarazo sea una realidad verdaderamente escandalosa. Es la misma historia  que hace  que, especialmente cada fin de semana, sea habitual en muchas localidades españolas la “peregrinación” de chicas jóvenes, por diversos  servicios de urgencias, hasta conseguir la píldora post coital. 

Con la “objeción de conciencia” hay una tendencia a la generalización abusiva e interesada de su defensa, como forma de resistencia frente a las políticas progresistas de gobiernos legítimos,  que se proyecta especialmente sobre los ámbitos de la sanidad y la educación públicas (como estamos viendo, a propósito de la negativa a impartir Educación para la Ciudadanía, alentada por el PP en las Comunidades que gobierna). Esta abusiva utilización de un concepto tan etéreo –por no decir inconsistente-, ha ido creciendo porque, en general, quienes apuestan por esas políticas progresistas  han rehuido la discusión, abordando la cuestión de manera timorata, a la defensiva, como si pisaran un terreno resbaladizo. Y sin embargo debería tenerse claro que sólo una regulación muy restrictiva de la “objeción de conciencia” – de servidores públicos o de ciudadanos-, es coherente con el sistema democrático. 

Desde luego, la objeción de conciencia no es ningún derecho reconocido por las leyes como tal, con ese sentido expansivo que se le pretende dar, como si bastara el disgusto que tal o cual norma provoca a un servidor público (o aun contribuyente)para eximirlo de su cumplimiento. Mucho menos puede hablarse – como se ha llegado a escuchar a algún obispo o político conservador-, de que se trate de uno de los “derechos humanos” cuyo ejercicio  sólo quepa respetar. Como si de algo evidente se tratase. 

En realidad, no hay norma internacional alguna  –ni convenio o tratado en materia de derechos humanos-, que reconozcan un derecho a la objeción de conciencia.  En el ordenamiento jurídico español no existe una regulación general al respecto ni para los  profesionales sanitarios ni para los demás ciudadanos. La Constitución  recoge la objeción de conciencia  a un único y concreto deber legal: el antiguo servicio militar obligatorio.

A falta de tal regulación, a  nivel judicial sí  se han dado pronunciamientos, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. El  Tribunal Constitucional al pronunciarse por vez primera sobre la despenalización del aborto (para resolver sobre una cuestión de inconstitucionalidad) configuró un derecho a la objeción de conciencia del profesional sanitario que derivaría del artículo 16.1 de la Constitución Española, el que ”garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto” (STC 53/1985).  Esta Sentencia ha sido muy utilizada para argumentar, en el entorno sanitario, que existe ese derecho íntimo del profesional  a ser objetor de conciencia invocando el citado artículo 16. Más tarde, el TC cambió de posicionamiento (STC 161/1987) declarando que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental, sino, en todo caso,  un derecho constitucional de naturaleza excepcional, cuyo reconocimiento frente a la obligación de una norma legal concreta tiene que ser expresamente reconocido por dicha norma legal.

En base a este criterio que el TC  ha ido consolidando con el paso de los años, algunas CCAA –la de Madrid, por ejemplo-,  a la vez que regulan, por ejemplo,  el derecho del paciente a dejar por escrito sus  “últimas voluntades” (o “testamento vital”) con  Instrucciones previas para que no se le someta a determinados tratamientos cuando esté en situación terminal, lo acotan  declarando el derecho del profesional a objetar y no cumplir así la voluntad del paciente.  

Al rechazar el TC, en base a ese criterio suyo actual, la solicitud de amparo de una enfermera de Prisiones sancionada por negarse  a facilitar metadona a reclusos heroinómanos  invocando su objeción de conciencia, el alto tribunal dejaba caer que  “su negativa a realizar la conducta que se le ordenó no es equiparable a la objeción de conciencia de los médicos a practicar abortos”, entre otras cosas, porque  “no existen creencias religiosas implicadas” en la actitud de esa profesional.  En esta curiosa observación –no sé si llamarla “lapsus”-, del TC está, en mi opinión,  la clave de la inconsistencia del concepto:

¿Por qué deben tener una consideración especial las creencias religiosas frente a otro tipo de convicciones? Si la libertad religiosa o de culto está al mismo nivel de protección constitucional que la libertad ideológica, es evidente que cualquier objeción fundada en motivos ideológicos (políticos, por ejemplo),  tendría que ser igualmente reconocida por las normas que impusieran obligaciones legales.  

La “prueba del nueve” del sinsentido de esa concepción extensiva de la objeción de conciencia  es que nadie aceptaría que, en todos los ámbitos de la vida social, cada cual se aplicara esa objeción ante cualesquiera obligaciones por los más variados motivos, pretendiendo, sin más,  su aceptación social. Lo que ocurre es que quienes arguyen en favor del reconocimiento de esa objeción dan por hecho que se refiere sólo a “sus” particulares concepciones morales -casi siempre del mismo signo-, algo no generalizable. Es fácil de imaginar el vértigo que provocaría un reconocimiento generalizado de cuantas objeciones individuales a las leyes se plantearan, algo socialmente inmanejable e incompatible con una convivencia organizada sobre bases democráticas. 

Lo que debe preocupar a los poderes públicos –y especialmente a las autoridades sanitarias-,  no es cómo garantizar que la ideología, o el criterio moral, o la pertenencia a una secta -por importante y numerosa que sea-,  de unos empleados públicos prevalezcan sobre sus obligaciones – esas por las que les pagan todos los contribuyentes, compartan o no sus obsesiones y prejuicios-, sino, muy al contrario, cómo garantizar que los ciudadanos/pacientes vean garantizada la asistencia a la que tienen derecho,  en toda su extensión.