Alfonso Salmerón 

La semana pasada el gobierno del Área Metropolitana de Barcelona ha anunciado que en dos años, todos los vehículos matriculados antes del 2000 dejarán de circular por las vías de los 36 municipios que conforman el área metroplitana. Esta prohibición será ya efectiva a partir del próximo mes de diciembre en los días en los que se supere los límites de contaminación por partículas PM10 y óxidos de nitrógeno NOx permitidos por la Unión Europea.

A bote pronto, es una noticia que merece la pena ser aplaudida. Des de que el govern de la Generalitat presidido por Artur Mas abolió el decreto que establecía un límite de velocidad de 80 km/h para toda el área metropolitana, aprobado por el gobierno tripartito con el mismo objetivo ahora perseguido de mejorar la calidad del aire, no se había aprobado ni una sola medida restrictiva para el vehículo privado. Y claro, la calidad del aire, que como es sabido, es la causante de 3000 muertes en Barcelona a causa de las enfermedades respiratorias que provoca, no sólo no ha mejorado, si no que ha empeorado ostensiblemente en la provincia de Barcelona.

Sin embargo, aquí estamos para sacarle la punta a todo. ¿O no? Incluso a las decisiones de aquellos gobiernos que lejos de gestionar la calma chicha del día se atreven a ir más allá tratando de transformar la realidad para hacerla más vivible por el conjunto de la ciudadanía. Y es que me huele que la medida adoptada, por más que sin duda será eficaz para mejorar la calidad del maltratado aire de Barcelona, esconde un pequeño gato encerrado. Desde el punto de vista estrictamente medioambiental, me parece una medida bastante insuficiente.

En primer lugar, tengo mis serias dudas de que se trate de una medida verdaderamente disuasoria del vehículo privado, que sería el primer objetivo a atacar desde cualquier postulado medioambientalista. Tengo mis dudas de que prohibir la circulación de los vehículos más viejos sea algo eficaz para reducir la presencia del vehículo privado, que es, a la postre, el principal causante de la contaminación del aire. Más bien al contrario, puede leerse que es una actuación para reactivar el consumo de la industria automovilística, que empieza a dar signos de recuperación.

En segundo lugar, no me parece una medida equitativa desde el punto de vista social. Penaliza a las clases populares. Seguramente sin pretenderlo, discrimina a la clase trabajadora que es presumiblemente la que tiene más dificultades para cambiar de vehículo para adquirir un vehículo nuevo, particularmente en tiempos de la terrible crisis que todavía estamos padeciendo y que nos ha dejado un mercado laboral más precario, con más temporalidad y salarios más bajos, y más coches de segunda mano, que eran a los que podían optar estos trabajadores.

En tercer lugar, creo que es una medida extraordinariamente reduccionista. Porque asociar coche viejo con vechículo contaminante me parece que es simplificar en exceso el debate. Sin ánimo de caricaturizar, pondré un ejemplo bien gráfico. Esto es, a partir de 2020, un alto ejecutivo podrá circular por Barcelona con un todoterreno de más de 100.000 euros, de más de tonelada y media de peso y con unas emisiones de unos 200 gr/km de CO2. Por el contrario, no podrá hacerlo el conductor de un utilitario del año 99 que por entonces tendrá un valor de mercado inferior a los 1000 euros y no emitirá más de 120 gr/km de CO2 aunque éste estuviera en perfecto estado y hubiera pasado correctamente todas las revisiones pertinentes.

La debilidad ideológica de la propuesta desde el punto de vista de la sostenibilidad (ambiental y social) se expresa además en que no se compensa, al menos de momento, con otras medidas impositivas para el vehículo privado en general, ni para el vehículo potencialmente contamitante en particular, por nuevo que éste sea, tanto por lo que respecta a su contribución a la contaminación atmosférica como a la ocupación del espacio público.

Bien es cierto, por otra parte, que la medida se presentó junto a otra que podríamos entender como “correctora” o compensatoria por la cuál toda aquella persona que se deshaga de su coche viejo y se comprometa a no adquirir uno nuevo en los años siguientes, dispondrá de un título de transporte – la tarjeta verde metropolitana – que le permitirá utilizar de manera gratuita el transporte público por un periodo de tres años, restringido a la zona 1, eso sí.

Con todo y eso, el mensaje me sigue pareciendo inconsistente desde el punto de vista ideológico. No todo el que contamina lo paga de la misma manera en esta ocasión. Los que más tienen podrán desplazarse en coche por Barcelona, por contra, el que no pueda cambiar el suyo por uno nuevo, no tendrá más remedio que desguazarlo. Eso sí, la administración le compensará con tres años de transporte gratis. ¿Suficiente recompensa?

Quiero acabar como empezaba. Reconociendo la valentía de haber movido ficha, aunque este movimiento sea excesivamente tímido e insuficiente. Sólo se equivoca quien intenta hacer algo. No quisiera pasar por alto tampoco, el cambio de parecer del gobierno autonómico, el mismo que se cargó por decreto los 80 km/h del tripartito, a pesar de la evidencia empirica de su eficacia en la mejora de la calidad del aire, la pacificación del tráfico y la reducción de la siniestrabilidad.

Por último, sólo me queda animar al gobierno del Área Metropolitana a ser más valiente en la linea de tomar medidas de mayor universalidad en la reducción del uso del vehículo privado, acompañando sus medidas de otras de tipo impositivo como las adoptadas en otras ciudades europeas como el peaje urbando de Londres.