¿No quieres listas? Pues toma tres tazas

MCEC

Pues sí, mucho lo siento pero no hay más remedio que seguir hablando de las listas electorales porque estamos en vísperas de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos interpuestos contra la anulación de las listas de ANV por el Tribunal Supremo. Rebobinemos. El Gobierno (Fiscalía y Abogacía General) impugnó la inscripción de ASB en el registro de partidos políticos y todas sus listas electorales. El Tribunal Supremo aceptó el argumento de que ASB pretendía suceder a la ilegalizada Batasuna y dejó sus listas fuera de juego. Y con seguridad aceptará la no inscripción del partido como tal en la vista programada para la semana que viene. Porque es obvio que ASB es un instrumento por el que Batasuna pretende sortear los efectos de su ilegalización.

La patata verdaderamente caliente es la resolución del Tribunal Constitucional a finales de esta semana sobre la concurrencia electoral de las listas de ANV que el Gobierno impugnó por considerarlas “contaminadas��? de Batasunismo por la presencia en ellas de 3 ó más militantes o candidatos de dicha formación en anteriores elecciones; impugnación validada por el Tribunal Supremo tras un intenso debate.

En teoría, el Gobierno pudo haber optado por lanzar el procedimiento de ilegalización de ANV argumentando que se había puesto al servicio de Batasuna. Como clama el PP, o bien ANV se ha puesto al servicio de Batasuna y por tanto está contaminada de Batasunismo en su totalidad, o no lo está en absoluto.

Además, el Gobierno optó por una vía, la impugnación de listas electorales de un partido legal, que no está expresamente contemplada en la Ley de Partidos (a diferencia de la de agrupaciones electorales que sí lo está), porque el legislador no previó que ningún partido político fuera a prestar su carcasa legal a otro ilegalizado.

Sin embargo, la reclamación del PP es un ejercicio más de la demagogia a la que nos tiene tan acostumbrados. Sí, porque es cuando menos dudoso que ANV, partido longevo y que condena explícitamente la violencia, pueda ser ilegalizado por mucho que haya aceptado a Batasunos en sus listas.

Pero la demagogia del PP es aún mayor porque el largo y complejo procedimiento de ilegalización de ANV no podría en ningún caso haber concluido antes del 27 de mayo por el simple efecto de los plazos legales para la interposición de demanda, argumentos de las partes, sentencia, recursos y sentencia definitiva. Por ello, si el Gobierno hubiera instado la ilegalización de ANV, el resultado habría sido necesariamente la “provisionalización��? de las elecciones en el País Vasco y Navarra en cualquiera de los dos supuestos posibles.

El primero sería que ANV concurriera a las elecciones en paralelo al progreso de la demanda de ilegalización, con la posibilidad de que el Tribunal Supremo o luego el Constitucional decidieran a posteriori ilegalizar sus listas. ¿Se imaginan el marasmo político-jurídico que supondría anular la elección de un alcalde elegido por mayoría absoluta? Imaginable sí, pero ciertamente indeseable.

Alternativamente, habría sido posible demandar la suspensión cautelar de las listas del partido cuya ilegalización se pretendía. ¿Pero se imaginan la victoria política de la izquierda abertzale si posteriormente el Tribunal Supremo o luego el Constitucional hubieran decidido que no correspondía ilegalizar ANV y, por tanto, fuera necesario repetir las elecciones?

Instar la ilegalización de ANV, el recurso legal más ortodoxo, hubiera sido contrario al deber del Gobierno de procurar el bien general y, por tanto, hizo bien en evitarlo. Ahora bien, se me escapa por qué nadie en el Gobierno o en el PSOE lo ha explicado apropiadamente.

Si se hubiera hecho, la opinión pública habría comprendido mejor que, pese a los obvios indicios de concertación entre Batasuna y ANV, la única opción posible y eficaz para el objetivo perseguido (evitar la concurrencia de batasunos a las elecciones) era impugnar las listas más contaminadas. Al parecer tampoco la Fiscalía y la Abogacía General lo argumentaron convincentemente y de ahí las discusiones, vacilaciones y compromisos en el seno del Tribunal Supremo.

El problema es que las tareas y funciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional no son idénticas. La Sala Especial del TS tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la sentencia, penal, de ilegalización de Batasuna. En cambio, el Tribunal Constitucional tiene el deber de garantizar el respeto a la Constitución de leyes y actos jurídicos, incluidas sentencias o autos judiciales como el del pasado domingo del TS.

El TS evaluó las pruebas aportadas por el Gobierno y dictaminó que la concurrencia electoral de las listas impugnadas supondría un fraude a la sentencia de ilegalización de Batasuna. Pero el TC tendrá también que evaluar en qué medida la anulación de tales listas no viola los derechos fundamentales de los ciudadanos que las componen, en su gran mayoría completamente ajenos a Batasuna, al menos oficialmente. Y también tendrá que velar por los derechos políticos de ANV que, repitamos, es un partido legal que condena la violencia, y que se ve ahora impedido de presentarse en unas 125 circunscripciones, sin tener la opción de corregir sus listas dejando fuera a los candidatos “contaminados��?.

La jurisprudencia del TC hasta la fecha permite intuir que su criterio será más restrictivo, más garantista, que el del TS. Pero no seré yo quien aventure un pronóstico, especialmente porque la jurisprudencia vale más para casos idénticos y esta es la primera vez que el TC tiene que pronunciarse sobre la impugnación de listas de un partido ya legal; hasta ahora sólo lo ha hecho sobre listas de agrupaciones electorales y partidos en vías de inscripción.

Yo confío en la Justicia. Más allá de los cálculos periodísticos sobre los 6 Magistrados del TC “progres��? y los 6 “carcas��? y el voto de calidad de la Presidenta “progre��? que desharía un empate, espero y deseo que el TC falle sobre los recursos de ANV con una mayoría suficiente, a poder ser por unanimidad.

En este sentido, el desempeño de Gómez Bermúdez como Presidente del Tribunal del juicio del 11M es un buen augurio. Como se recordará, su nombramiento como Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue muy comentado políticamente y contestado jurídicamente (hasta tres veces hubieron de nombrarlo antes de que el TS aceptara la motivación del nombramiento como suficiente). Se suponía que su carácter conservador iba a servir para realzar y dar pábulo a las teorías “conspiranoicas��?. Pues bien, se ha comportado con la profesionalidad ejemplar que se les supone a los jueces y que tantas veces se echa en falta.

Ya sabemos qué dirá el PP si el TC falla contra los recursos y acepta la anulación de las listas validada por el TS: la inacción del Gobierno ha permitido que Batasuna vuelva a las instituciones, etc., etc. ¿Pero qué dirá el PP si el TC acepta los recursos y permite que ANV se presente en todas las circunscripciones impugnadas? ¿Y si el TC además clarificara en su auto que la vía de la ilegalización no habría podido prosperar en tiempo y forma? El Constitucional puede hacerlo porque, a diferencia del Supremo, es un tribunal de naturaleza mixta jurídica-política, que no tiene que limitarse a lo que se le plantea; al contrario, puede, e incluso debe, motivar sus decisiones más ampliamente.

Esperemos al dictamen de los sabios. Pero el Constitucional nos haría un gran favor si aclarara qué habría dictaminado si el Gobierno hubiera instado la ilegalización de ANV en vez de impugnar sólo la mitad de sus listas. Y tal y como están las cosas, sería un favor no sólo a agradecer sino casi debido.

Ah, una última cosa. Si tras el fallo resulta que ANV se puede presentar en todos los municipios ¿se manifestará el PP contra el Constitucional como ya hizo contra el Supremo después de que rebajara la condena a De Juana? ¿Serán capaces de ir tan lejos en el camino de deslegitimar las instituciones del Estado que tanto dicen amar, respetar y defender? Para mi no hay duda. Como tampoco sobre que sería mejor para la fortaleza de nuestra democracia, y también la lucha contra ETA, que finalmente ANV pudiera concurrir a las elecciones en la gran mayoría de las circunscripciones por las que presentó listas.