Montesquieu RIP?

H2S3

Desde que Alfonso Guerra diera por finiquitada la separación de poderes ha llovido mucho y no siempre a gusto de todos pero al final siempre ha escampado. Fonso se refería fundamentalmente a la subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo en las democracias parlamentarias y llevaba algo de razón si bien es muy posible que ahora que lleva un par de trienios presidiendo una comisión parlamentaria como miembro de un partido que gobierna en minoría, su juicio sea algo menos categórico.

Es posible también que en su fuero interno se alegre de las serias amenazas que se ciernen sobre el juez Garzón, que tanto contribuyó al desgaste del último Gobierno de Felipe Gonzalez a cuenta del caso GAL, incluida su serialización diaria en el inMundo periódico que dirigía y todavía dirige el antaño defensor de enviar los tanques al País Vasco y hoy paladín del Estado de Derecho. Fonso ya no era Vicepresidente del Gobierno pero seguramente coincidió con miles de personas, entre las que me cuento, en que el Juez Garzón debería haberse inhibido de una causa investigada por él antes de ser Secretario de Estado del Ministerio del Interior, en vez de utilizar su paso por el Ministerio para continuar la instrucción y, de paso, vengarse de aquéllos – la hoy vocal del CGPJ Margarita Robles incluida – que habían prosperado más que él durante aquella Legislatura.

La lista de damnificados por dicho proceder del Juez Garzón – seguramente legal pero a todas luces ilegítimo – es amplia y de seguro incluye a Felipe Gonzalez y al ex Ministro y ex Juez Belloch. Es lo que tiene tratar de beneficiarse electoralmente de la popularidad y la credibilidad de un personaje como Garzón que, a la par de látigo de ETA y el narcotráfico, ya por entonces apuntaba serias maneras de vedette socio-política.

No mucho tiempo después, la caterva mediática-política-jurídica que trató de chantajear al Estado para mejor beneficio de Aznar y Conde (el primero consiguió su propósito, el segundo afortunadamente no) se descompuso. Rafael Ansón fue el primero en dar testimonio de aquella conspiración que, animada por el desalojo de Felipe del poder, se propuso acabar con PRISA a cuenta de una ridícula acusación de alzamiento de bienes por los depósitos recibidos en garantía de los descodificadores de Canal +. Contra pronóstico, el Juez Garzón se inhibió en una de las varias recusaciones contra su colega Gómez de Liaño (hermano del abogado de Conde), que había impuesto la retirada de pasaportes a Polanco y Cebrián, teniendo la Sala que enmendarle la plana hasta por tres veces. Aquella inhibición propició el procesamiento y posterior condena por prevaricación del ínclito Gómez de Liaño, que estuvo fuera de juego hasta que Aznar, sin duda alentado por Álvarez Cascos, uno de los más activos instigadores de la guerra de los descodificadores, le reintegró a la carrera judicial a partir de un indulto penal que fue conflictivamente interpretado para que tuviera también alcance profesional.

Por aquellos tiempos la Fiscalía de la Audiencia echaba humo. La “compañera” de Liaño y Fiscal de la Audiencia Nacional Marquez de Prado, comandaba a los “indomables”, incluidos Fungairiño, Gordillo y Rubira, cuya beligerancia en el caso Sogecable se llevó por delante primero al Fiscal General Ortiz Úrculo, que no veía delito alguno, y luego al Fiscal Jefe de la Audiencia, contra el que se rebelaron en un episodio intolerable de insumisión en una carrera tan jerárquica como la fiscal. Eran tan pérfidos que el mismo Gobierno del PP que se había valido de su complicidad acabó sancionándoles y negándoles nombramientos, aunque no a todos porque Fungairiño reemplazó al defenestrado Aranda por decisión expresa del nuevo Fiscal General, Cardenal, contra la opinión unánime del Consejo Fiscal, expresada también tres veces. Descarados también lo eran un rato y si no recuerden aquellas declaraciones de Fungairiño sobre los documentales de la BBC para evitar responder a las incoherencias de la tesis sobre la autoría de ETA en el 11-M, que apoyaba firmemente. O aquellas otras, anteriores, en las que se oponía a la competencia española sobre el proceso instruido por Garzón contra Pinochet añadiendo que las dictaduras del Cono Sur habían pretendido restablecer sendas democracias.

¿Por qué rememorar ahora tan infaustos episodios de manipulación política de la Justicia? Lo hago para marcar la diferencia con la situación actual. Los episodios relatados, y otros como las infaustas declaraciones del a la sazón Presidente del Tribunal Constitucional Jimenez de Parga (recientemente fichado como columnista por el inmundo) sobre los Lehendakaris de Oklahoma o el nombramiento como vocal del CGPJ a instancias de CiU del Juez Pascual Estevill, el más corrupto de Cataluña, fueron gravísimos pero la Justicia, tarde pero bien, consiguió imponerse.

Durante la anterior Legislatura, el PP se opuso persistentemente a renovar el CGPJ para no perder cuota y sólo accedió a hacerlo tras perder de nuevo las elecciones y asegurándose de que el PSOE se tragara un par de inclusiones “infumables”. No es baladí tampoco el lamentable espectáculo al que seguimos asistiendo con respecto al Tribunal Constitucional, alguno de cuyos Magistrados ha fallecido sin poder ser sustituido por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos, al que no contribuye la tardanza para resolver el recurso del PP contra el Estatut, en parte debida a la ilegítima recusación de Pérez Tremps también por parte del PP.

En fin, la Justicia de nuestra joven y aún frágil democracia deja mucho que desear, por no hablar de su falta de medios, la consiguiente y exasperante lentitud de los procesos y el corporativismo generalizado que impera en la Judicatura, siempre dispuesta a condonar los pecados de “los suyos”.

Con la excepción de los del Juez Garzón, por supuesto. Vanidoso y polémico donde los haya, el ínclito Baltasar es hoy objeto de tres querellas admitidas a trámite por el Tribunal Supremo. Lo grave del caso no es que las instrucciones de los tres procesos en cuestión – los crímenes del franquismo, los presuntos favores recibidos y prestados al Santander y el caso Gürthel – sean discutibles. Lo aberrante es que se le acusa de prevaricación, es decir, de obrar mal a sabiendas.

Sólo del caso del curso en Nueva York patrocinado por el Santander podría desprenderse una actuación delictiva si se demostrara que cobró de aquél a quien posteriormente benefició en un sumario. Lo malo es que la Universidad ha aportado la documentación que demuestra que no cobró un duro. En los otros dos casos cabe discutir tanto la competencia como la corrección de la instrucción del sumario, pero lo que no cabe en ningún caso es que las supuestas negligencias sean constitutivas de prevaricación.

En un artículo anterior ya me detuve en detalle sobre las varias razones que concurren para apoyar la tesis de que la Audiencia Nacional sí era competente para investigar los crímenes irresueltos del franquismo. Por otra parte, es evidente que investigar y proceder contra la red Gürthel es no sólo potestad sino deber de cualquier juez competente. En este último caso lo que se discute es la legitimidad de la decisión de autorizar escuchas a los diálogos entre los criminales enchironados y sus abogados. Esto es debatible porque la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo lo autoriza para los procesados por terrorismo mientras que la Ley de Enjuiciamiento Procesal es más laxa. Tanto la Fiscalía como el juez Pedreira han optado por el segundo criterio, estimando que la protección de los derechos fundamentales como el derecho a la defensa judicial no es absoluto y debe ponderarse frente a las sospechas fundadas – demostradas posteriormente por el resultado de las escuchas – de que algunos de los abogados estaban siendo cómplices de una estrategia de ocultación de pruebas de los crímenes de sus defendidos, es decir, estaban actuando como cómplices antes que como defensores jurídicos.

En todo caso, es evidente que Garzón no se encontraría acusado de prevaricación si no hubiera osado enfrentarse al franquismo y a una de las mayores redes de corrupción descubiertas en nuestro país, con el agravante de que esta última afecta directamente al PP. Si no fuera enemigo declarado de Margarita Robles, los jueces progresistas no se habrían aliado con los ultra conservadores y el Tribunal Supremo habría rechazado la admisión a trámite de las tres querellas, especialmente atendiendo al corporativismo generalizado antes mencionado.

Pero no, las querellas han sido admitidas en contra de la opinión de los fiscales competentes en cada caso (pese a su oposición previa a la instrucción en el caso del franquismo) e incluso el CGPJ, a instancias de la ínclita Robles, se ha apresurado a preparar el terreno para la suspensión urgente del Juez.

La aberración jurídica es tan obvia como evidente la conspiración del PP para tratar de exonerarse de su responsabilidad en Gürthel siguiendo el libreto de la anulación de las escuchas que tan bien le funcionó en el caso “Naseiro”. En el peor de los casos, el Tribunal encargado de decidir sobre la legalidad de las escuchas tiene el deber de tratar de preservar al máximo la instrucción del caso Gürthel, anulando algunas pruebas en la medida en la que se hayan conseguido a partir de escuchas que no debieron ser autorizadas pero sin caer en una interpretación extensiva de la doctrina por la cual cualquier prueba conseguida por un medio no aceptable sería nula incluso si también se hubiera conseguido por otro perfectamente válido. La Justicia tiene el deber de aclarar si el tesorero del PP – a quien por supuesto ampara la presunción de inocencia – es un corrupto o no, de entrar en el fondo de si recibía fondos para sí o a beneficio del partido a partir del contacto que inicialmente estableció con Correa el siempre activo Álvarez Cascos cuando todavía era Secretario General del mismo.

Desde este foro he defendido siempre el respeto a la Justicia, tanto por parte de las instituciones como por parte de la ciudadanía, tanto cuando sus decisiones gustan como cuando gustan menos, como por ejemplo la desestimación de la acusación de cohecho contra Camps, que ha sido recurrida y sigue su curso judicial. La confianza y el respeto al Poder Judicial es un elemento indispensable del Estado de Derecho, sin el cual no cabe hablar de Democracia. Ahora bien, los primeros que tienen el deber de respetar la lay son los propios jueces.

En los próximos días y semanas, los jueces están tienen que tomar algunas decisiones trascendentales. Es su deber preservar la posibilidad de investigar el caso Gürthel y rechazar la presunta prevaricación del Juez Garzón. Mi opinión sobre la actuación de Garzón es irrelevante, pero la de la Fiscalía no, como tampoco lo eran los antecedentes que llevaron a la expulsión de Gómez de Liaño. No es la suerte personal de Garzón lo que está en juego sino la salud democrática de nuestro país.

En todo caso, procesar por prevaricación a sabiendas de que Garzón no ha prevaricado constituiría una prevaricación en sí misma. Si el Tribunal Supremo prevaricara no quedaría otra que concluir que Alfonso Guerra se anticipó sólo unos años con su acta de defunción. Y a mí habría que pasar a buscarme entre las filas de los que desde hace años defienden una limpieza radical de nuestra Judicatura y Fiscalía, una purga traumática pero indispensable para que nuestra Democracia pueda de nuevo considerarse plenamente como tal.

Esperemos que la sangre no llegue al río y se impongan la sensatez y el buen juicio, nunca mejor dicho.

10 comentarios en “Montesquieu RIP?

  1. Mi opinión, es que no estamos, a nivel ciudadanos, en la disyuntiva de querer, o no, que la justicia se imponga en todos aquellos casos flagrantes que todos conocemos, que están siendo investigados, y que son objeto de las actuaciones en curso. El problema viene cuando se aplica, o pretende, actuar de forma selectiva. Es entonces cuando la opinión pública se separa de las actuaciones en un: » o todos, o ninguno». Garzón es el más claro ejemplo de esa justicia partidaria, ideológica si se quiere, que no está favoreciendo el que se abandonen trincheras en favor de la transparencia, buen funcionamiento, y correcta aplicación, caiga quien caiga, de la justicia. El propio artículo de hoy es claro ejemplo. Nos retrotrae a actuaciones del pasado como preámbulo con el que introducirnos en la actual situación generada por las imputaciones a Garzón, entra en actuaciones que airean casos en los que «el contrario» queda mal y se olvida de hechos de más actualidad, y que tambien deberían valorarse a la hora de entender la forma en que este juez actúa, como es la forma en que parece destruir, más que instruir, el caso conocido com «caso Faisán», caso de mucha mayor actualidad y muy representativo de la personal aplicación de la ley por parte del juez en cuestión, que es de lo que se le juzga en los otros asuntos .
    En las tres actuaciones que imputan a Garzón hay fundamentos jurídicos de mucho peso, que solo se refutan en muchos casos con valoraciones de tipo ideológico. El borrón y cuenta nueva que se desarrolló en la transición gustará más o menos a muchos, pero ignorarla, de la manera en que Garzón lo ha hecho, tiene más tufo de prevaricación que de correcta actuación. Hecho importante a la hora de valorar la situación es que los jueces en la toma de posición ante las querellas, se están apartando de la consabida división entre «progresistas» y «conservadores» con una cierta tendencia a entender que hay claros indicios de prevaricación en las actuaciones de Garzón.

  2. Estimados amigos y amigas, creo que el día de hoy debe comenzar con la más firme repulsa ante el asesinato a manos de ETA ayer del agente francés Jean-Serge Nérin en una acción policial contra la banda terrorista. Jean-Serge, que deja cuatro hijos, merece el mismo homenaje que nuestros agentes de la Policía, Guardia Civil, Ertxainza y Policías Locales fallecidos a manos de los asesinos de ETA. Quede con él nuestro reconocimiento, respeto y admiración, con sus familiares nuestras sinceras condolencias y con ETA nuestro desprecio.

    Buenos días a todos y todas.

  3. Por supuesto Jon. Que estaban locos estaba fuera de duda, que fueran capaces de matar en Francia se temía, que lo hayan hecho es lo que menos les conviene. Si la cooperación de Francia era muy buena, ahora se lo van a tomar como problema propio.

  4. Pues nada Fernando, a meterle una cuarta querella a Garzón por el caso Faisán. Seguramente consiga que se admita a trámite. Es tan ridículo cuando se dice que es un segundo caso GAL… En el GAL había muertos, con al menos connivencia estatal. En el Faisán, como mucho, hay protección de unos malhechores para proteger una negociación en curso, que en sustancia no es diferente a reunirse con ellos y darles salvoconducto para que acudan a la reunión. Pero nada, es lo mismo, arreando que si se repite suficientemente la gente se lo cree.

  5. Además, la contradicción es flagrante. Ni los que insisten machaconamente en que Garzón instruye mal dudarían de su compromiso contra ETA, y ahora resulta que protege a los que supuestamente protegieron a ETA. Si fuera cierto, no sería una señal de que el supuesto chivatazo tenía sentido en la estrategia contra ETA?

  6. Por último, mi repaso a los incidentes pasados de manipulación política de la Judicatura pretendía, entre otras cosas, recordar que Garzón ha estado en todos los bandos, repartiendo mandobles a diestro y siniestro, aplaudido por los no afectados y vilipendiado por los afectados, que sólo ahora, sin embargo, propugnan su remoción sobre la base de una supuesta prevaricación, que para cualquier entendido en Derecho es a todas luces inapropiada. Del caso GAL se le puede reprochar no haberse inhibido, haber filtrado el sumario al inMundo, haber traicionado a los que le llevaron al Congreso, etc, pero no que prevaricara por investigar crímenes de Estado. Ahora sí se pretende llevar la crítica al terreno judicial lo que, de conseguirse, será un escándalo para nuestra Democracia y, además, un descrédito internacional mayúsculo.

  7. Estimados amigos, de tribunales va también la cosa: El Supremo falla confirmando las condenas del Caso Yak-42. El «Código Ético» (sic) del PP sigue en estado virginal, ya que el golfo de Trillo sigue en su escaño (encima, pontificando sobre la moral de los demás), faltando a la ética que el anterior Código prescribe y, cómo no, faltando a su honor de militar al dejar en la estacada a los ya convictos, que eran SUS SUBORDINADOS.

    Aquí, en Vélez-Málaga, por un comentario desafortunado y rechazable tipo «tontos de los cojones» de la portavoz de IU, el PP la ha vetado para los restos como interlocutora e incluso abandona las sesiones plenarias cuando toma la palabra. Igual ocurrió con el alcalde Pedro Castro en la FEMP. Sin embargo, el PSOE y demás formaciones tienen a este tío como interlocutor en materias de tan alto valor público como la justicia o los asuntos constitucionales. ¿Para cuando el veto? ¿Qué más tiene que ocurrir?

  8. El Ego judicial de Garzón.
    Muchos achacan al Ego de Garzón el causante de estos lios judiciales en los que está metido.
    La realidad me dice que el problema de Garzón siempre ha sido el mismo,nunca ha dejado de ser juez instructor,ni en su paso por la politica que estoy convencido que vino motivado por su interes en esclarecer un turbio asunto de estado,se convirtio en su propio caballo de Troya,para ganarle la partida al terrorismo de estado,estoy convencido que eso le llevo a su manifiesta enemistad con Margarita Robles.
    Nunca ha dejado de actuar como juez instructor….. como bien dice H2S3 en su comentario 6.
    ¿Que ha sucedido en el CGPJ para que el juez Garzon este en su actual situacion?.
    Me niego a contestar esta pregunta,porque en si misma lleva implicita una respuesta y estoy seguro que ninguno de ustedes esta dispuesto a escucharla.
    Como no estan dispuestos a escucharla,no quiero ni tan siquiera dejar constancia escribiendola para que retumbe es sus cabezas,al leer mi sabia intuicion.

    Dicho esto,confio en que Garzón se salga con la suya,ser un juez de instruccion como debe de ser «Ad astra per aspera».

  9. A cada cerdo le llega su San Martín….¿se dice asi, verdad?….pues eso:

    La Federación Valenciana de Televisiones se querella por sus tejemanejes con José Luis Ulibarri
    Denuncian a González Pons por adjudicar 13 canales de TDT a uno de los principales implicados en la Gürtel

    http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=44450

    Mientras tanto los rios de tinta de calamar se han enquistado en La Gaceta,ese nuevo periodico a imagen y semejanza del Partido Popular :

    De nuevo una víctima de ETA da pie a medios de la órbita popular a un intento de desgastar al Gobierno e incluso para retomar las acusaciones de que se negocia con terroristas. La Gaceta abre su edición de este miércoles titulando que “ETA rompe la incipiente tregua con un asesinato al sur de París”.

    http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=44433

    ***
    Supongo que si ahora les pregunto si saben ustedes con que se alimentan los cerdos,no sabran que decirme…¿verdad?.

  10. Hoy en Vanity Fair ,el ex-ministro Jordi Sevilla ha firmado su defuncion politica…sniff…..otro candidato para Rosa Hype…..joé…joé…

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