Montesquieu RIP?

H2S3

Desde que Alfonso Guerra diera por finiquitada la separación de poderes ha llovido mucho y no siempre a gusto de todos pero al final siempre ha escampado. Fonso se refería fundamentalmente a la subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo en las democracias parlamentarias y llevaba algo de razón si bien es muy posible que ahora que lleva un par de trienios presidiendo una comisión parlamentaria como miembro de un partido que gobierna en minoría, su juicio sea algo menos categórico.

Es posible también que en su fuero interno se alegre de las serias amenazas que se ciernen sobre el juez Garzón, que tanto contribuyó al desgaste del último Gobierno de Felipe Gonzalez a cuenta del caso GAL, incluida su serialización diaria en el inMundo periódico que dirigía y todavía dirige el antaño defensor de enviar los tanques al País Vasco y hoy paladín del Estado de Derecho. Fonso ya no era Vicepresidente del Gobierno pero seguramente coincidió con miles de personas, entre las que me cuento, en que el Juez Garzón debería haberse inhibido de una causa investigada por él antes de ser Secretario de Estado del Ministerio del Interior, en vez de utilizar su paso por el Ministerio para continuar la instrucción y, de paso, vengarse de aquéllos – la hoy vocal del CGPJ Margarita Robles incluida – que habían prosperado más que él durante aquella Legislatura.

La lista de damnificados por dicho proceder del Juez Garzón – seguramente legal pero a todas luces ilegítimo – es amplia y de seguro incluye a Felipe Gonzalez y al ex Ministro y ex Juez Belloch. Es lo que tiene tratar de beneficiarse electoralmente de la popularidad y la credibilidad de un personaje como Garzón que, a la par de látigo de ETA y el narcotráfico, ya por entonces apuntaba serias maneras de vedette socio-política.

No mucho tiempo después, la caterva mediática-política-jurídica que trató de chantajear al Estado para mejor beneficio de Aznar y Conde (el primero consiguió su propósito, el segundo afortunadamente no) se descompuso. Rafael Ansón fue el primero en dar testimonio de aquella conspiración que, animada por el desalojo de Felipe del poder, se propuso acabar con PRISA a cuenta de una ridícula acusación de alzamiento de bienes por los depósitos recibidos en garantía de los descodificadores de Canal +. Contra pronóstico, el Juez Garzón se inhibió en una de las varias recusaciones contra su colega Gómez de Liaño (hermano del abogado de Conde), que había impuesto la retirada de pasaportes a Polanco y Cebrián, teniendo la Sala que enmendarle la plana hasta por tres veces. Aquella inhibición propició el procesamiento y posterior condena por prevaricación del ínclito Gómez de Liaño, que estuvo fuera de juego hasta que Aznar, sin duda alentado por Álvarez Cascos, uno de los más activos instigadores de la guerra de los descodificadores, le reintegró a la carrera judicial a partir de un indulto penal que fue conflictivamente interpretado para que tuviera también alcance profesional.

Por aquellos tiempos la Fiscalía de la Audiencia echaba humo. La “compañera” de Liaño y Fiscal de la Audiencia Nacional Marquez de Prado, comandaba a los “indomables”, incluidos Fungairiño, Gordillo y Rubira, cuya beligerancia en el caso Sogecable se llevó por delante primero al Fiscal General Ortiz Úrculo, que no veía delito alguno, y luego al Fiscal Jefe de la Audiencia, contra el que se rebelaron en un episodio intolerable de insumisión en una carrera tan jerárquica como la fiscal. Eran tan pérfidos que el mismo Gobierno del PP que se había valido de su complicidad acabó sancionándoles y negándoles nombramientos, aunque no a todos porque Fungairiño reemplazó al defenestrado Aranda por decisión expresa del nuevo Fiscal General, Cardenal, contra la opinión unánime del Consejo Fiscal, expresada también tres veces. Descarados también lo eran un rato y si no recuerden aquellas declaraciones de Fungairiño sobre los documentales de la BBC para evitar responder a las incoherencias de la tesis sobre la autoría de ETA en el 11-M, que apoyaba firmemente. O aquellas otras, anteriores, en las que se oponía a la competencia española sobre el proceso instruido por Garzón contra Pinochet añadiendo que las dictaduras del Cono Sur habían pretendido restablecer sendas democracias.

¿Por qué rememorar ahora tan infaustos episodios de manipulación política de la Justicia? Lo hago para marcar la diferencia con la situación actual. Los episodios relatados, y otros como las infaustas declaraciones del a la sazón Presidente del Tribunal Constitucional Jimenez de Parga (recientemente fichado como columnista por el inmundo) sobre los Lehendakaris de Oklahoma o el nombramiento como vocal del CGPJ a instancias de CiU del Juez Pascual Estevill, el más corrupto de Cataluña, fueron gravísimos pero la Justicia, tarde pero bien, consiguió imponerse.

Durante la anterior Legislatura, el PP se opuso persistentemente a renovar el CGPJ para no perder cuota y sólo accedió a hacerlo tras perder de nuevo las elecciones y asegurándose de que el PSOE se tragara un par de inclusiones “infumables”. No es baladí tampoco el lamentable espectáculo al que seguimos asistiendo con respecto al Tribunal Constitucional, alguno de cuyos Magistrados ha fallecido sin poder ser sustituido por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos, al que no contribuye la tardanza para resolver el recurso del PP contra el Estatut, en parte debida a la ilegítima recusación de Pérez Tremps también por parte del PP.

En fin, la Justicia de nuestra joven y aún frágil democracia deja mucho que desear, por no hablar de su falta de medios, la consiguiente y exasperante lentitud de los procesos y el corporativismo generalizado que impera en la Judicatura, siempre dispuesta a condonar los pecados de “los suyos”.

Con la excepción de los del Juez Garzón, por supuesto. Vanidoso y polémico donde los haya, el ínclito Baltasar es hoy objeto de tres querellas admitidas a trámite por el Tribunal Supremo. Lo grave del caso no es que las instrucciones de los tres procesos en cuestión – los crímenes del franquismo, los presuntos favores recibidos y prestados al Santander y el caso Gürthel – sean discutibles. Lo aberrante es que se le acusa de prevaricación, es decir, de obrar mal a sabiendas.

Sólo del caso del curso en Nueva York patrocinado por el Santander podría desprenderse una actuación delictiva si se demostrara que cobró de aquél a quien posteriormente benefició en un sumario. Lo malo es que la Universidad ha aportado la documentación que demuestra que no cobró un duro. En los otros dos casos cabe discutir tanto la competencia como la corrección de la instrucción del sumario, pero lo que no cabe en ningún caso es que las supuestas negligencias sean constitutivas de prevaricación.

En un artículo anterior ya me detuve en detalle sobre las varias razones que concurren para apoyar la tesis de que la Audiencia Nacional sí era competente para investigar los crímenes irresueltos del franquismo. Por otra parte, es evidente que investigar y proceder contra la red Gürthel es no sólo potestad sino deber de cualquier juez competente. En este último caso lo que se discute es la legitimidad de la decisión de autorizar escuchas a los diálogos entre los criminales enchironados y sus abogados. Esto es debatible porque la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo lo autoriza para los procesados por terrorismo mientras que la Ley de Enjuiciamiento Procesal es más laxa. Tanto la Fiscalía como el juez Pedreira han optado por el segundo criterio, estimando que la protección de los derechos fundamentales como el derecho a la defensa judicial no es absoluto y debe ponderarse frente a las sospechas fundadas – demostradas posteriormente por el resultado de las escuchas – de que algunos de los abogados estaban siendo cómplices de una estrategia de ocultación de pruebas de los crímenes de sus defendidos, es decir, estaban actuando como cómplices antes que como defensores jurídicos.

En todo caso, es evidente que Garzón no se encontraría acusado de prevaricación si no hubiera osado enfrentarse al franquismo y a una de las mayores redes de corrupción descubiertas en nuestro país, con el agravante de que esta última afecta directamente al PP. Si no fuera enemigo declarado de Margarita Robles, los jueces progresistas no se habrían aliado con los ultra conservadores y el Tribunal Supremo habría rechazado la admisión a trámite de las tres querellas, especialmente atendiendo al corporativismo generalizado antes mencionado.

Pero no, las querellas han sido admitidas en contra de la opinión de los fiscales competentes en cada caso (pese a su oposición previa a la instrucción en el caso del franquismo) e incluso el CGPJ, a instancias de la ínclita Robles, se ha apresurado a preparar el terreno para la suspensión urgente del Juez.

La aberración jurídica es tan obvia como evidente la conspiración del PP para tratar de exonerarse de su responsabilidad en Gürthel siguiendo el libreto de la anulación de las escuchas que tan bien le funcionó en el caso “Naseiro”. En el peor de los casos, el Tribunal encargado de decidir sobre la legalidad de las escuchas tiene el deber de tratar de preservar al máximo la instrucción del caso Gürthel, anulando algunas pruebas en la medida en la que se hayan conseguido a partir de escuchas que no debieron ser autorizadas pero sin caer en una interpretación extensiva de la doctrina por la cual cualquier prueba conseguida por un medio no aceptable sería nula incluso si también se hubiera conseguido por otro perfectamente válido. La Justicia tiene el deber de aclarar si el tesorero del PP – a quien por supuesto ampara la presunción de inocencia – es un corrupto o no, de entrar en el fondo de si recibía fondos para sí o a beneficio del partido a partir del contacto que inicialmente estableció con Correa el siempre activo Álvarez Cascos cuando todavía era Secretario General del mismo.

Desde este foro he defendido siempre el respeto a la Justicia, tanto por parte de las instituciones como por parte de la ciudadanía, tanto cuando sus decisiones gustan como cuando gustan menos, como por ejemplo la desestimación de la acusación de cohecho contra Camps, que ha sido recurrida y sigue su curso judicial. La confianza y el respeto al Poder Judicial es un elemento indispensable del Estado de Derecho, sin el cual no cabe hablar de Democracia. Ahora bien, los primeros que tienen el deber de respetar la lay son los propios jueces.

En los próximos días y semanas, los jueces están tienen que tomar algunas decisiones trascendentales. Es su deber preservar la posibilidad de investigar el caso Gürthel y rechazar la presunta prevaricación del Juez Garzón. Mi opinión sobre la actuación de Garzón es irrelevante, pero la de la Fiscalía no, como tampoco lo eran los antecedentes que llevaron a la expulsión de Gómez de Liaño. No es la suerte personal de Garzón lo que está en juego sino la salud democrática de nuestro país.

En todo caso, procesar por prevaricación a sabiendas de que Garzón no ha prevaricado constituiría una prevaricación en sí misma. Si el Tribunal Supremo prevaricara no quedaría otra que concluir que Alfonso Guerra se anticipó sólo unos años con su acta de defunción. Y a mí habría que pasar a buscarme entre las filas de los que desde hace años defienden una limpieza radical de nuestra Judicatura y Fiscalía, una purga traumática pero indispensable para que nuestra Democracia pueda de nuevo considerarse plenamente como tal.

Esperemos que la sangre no llegue al río y se impongan la sensatez y el buen juicio, nunca mejor dicho.