Mil doscientos

Jon Salaberría

Justo a día 1 de octubre, la flamante nueva Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero Cuadrado (Sevilla, 1966), confirmaba los peores presagios: los Presupuestos Generales del Estado para 2014, presentados a bombo y platillo por la Vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y por el simpar Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro como “los Presupuestos de la recuperación” (sic), traían “regalo” negativo que repercutirá sin ningún tipo de lenitivo en las cuentas públicas de la Comunidad para el mismo período; cuentas que se negocian, no sin fricciones, entre los dos socios del binomio de izquierdas que gobierna Andalucía. En concreto, la reducción de las cantidades correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que suma un descenso acumulado de hasta el 42% desde 2011, unido a la fijación de un margen estricto de déficit autorizado (1%), obliga al Gobierno andaluz a un ajuste de aproximadamente 1.200 millones de euros en el ejercicio que comenzará a 1 de enero de 2014. María Jesús Montero expresa su doliente queja: “Estos no son los Presupuestos de la recuperación, sino los Presupuestos del estrangulamiento; las condiciones financieras apuntan a la reducción de aportaciones al Estado de bienestar, la Educación y la Sanidad”. Entrando en detalles, la Consejera denuncia la opacidad con la que los PGE señala las condiciones del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: sólo se detallan las aportaciones del Fondo de Suficiencia Global, que caen en un 15,8% para el conjunto de Comunidades, pero que en el caso andaluz bajan en un 25,4%.

Como diría un castizo, sin duda, la mayor “pupa” está en la reducción del déficit autorizado al 1%, cuando en 2013 estaba acordado en un umbral del 1,58%. Este factor es el que obliga al ajuste adicional de 800 millones de euros, mientras que el límite fijado para la Administración General del Estado asciende al 4,8% del PIB. Súmese a estas circunstancias el hecho de que, como denuncia la Consejería de Hacienda, las subidas tributarias desde el Gobierno central, como no podía ser de otro modo, tienen un coste adicional para cada ciudadano/a de la Comunidad. Subidas en las retenciones del IRPF, impuestos especiales, IVA, etc. suponen un esfuerzo fiscal estimado de casi 1.392 euros por habitante (una recaudación de 11.758 euros más en el trienio 2012-2014 en Andalucía), que no se ve compensado en las cuentas presentadas.

Por si quedara algo más, volvemos al agravio comparativo (que puede ser mayor si la solución al desafío soberanista catalán se materializa en un nuevo marco de financiación que privilegie la inversión y las transferencias en la Comunidad Autónoma de Catalunya): la inversión per cápita, situada en una media estatal de 207,06 euros con estos PGE, se sitúa en 200,90 euros en Andalucía. Lejos de los 333,10 euros de Cantabria, los 486,70 de Galicia o los 549,70 euros de Castilla-León. El caso malagueño es uno de los más sangrantes: la inversión per cápita en Málaga para 2014 es de 113 euros por habitante, pasando la provincia al puesto 42 (de entre 50) en el ranking de inversión estatal. Municipios de gran población de la entidad de Marbella (donde se dejan de percibir hasta 27 millones de euros) y de Estepona han quedado, directamente, fuera del capítulo en los PGE para 2014.

¿Cómo afectará este golpe presupuestario a la gestión del Gobierno de Susana Díaz? Pues mucho nos tememos que lo podría hacer, no cabe duda, en algunas de las partidas de las cuentas andaluzas más sensibles de cara a la opinión pública, y en terrenos que se habían rodeado de “líneas rojas”, como auténticos blasones de la identidad progresista del Acuerdo por Andalucía (2012): sector y empleo públicos, sanidad, educación y servicios sociales comunitarios. En materia de empleo público, a fines de enero de 2014 se pondrá en marcha una propuesta para la “racionalización” u “optimización” del sector público, que se concretará en matices una vez aprobadas las cuentas andaluzas para 2014, objetivo que debería estar cerrado a primeros de noviembre. Izquierda Unida, uno de los dos socios de la coalición gobernante, insiste en la posibilidad de “eliminar grasa” en el ámbito de la dirección. La Consejera de Fomento, Elena Cortés, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, coinciden en la necesidad de reducir cargos directivos, pues hay “demasiados comandantes”, sobre todo en el ámbito de las empresas públicas. Cortés pone como ejemplo el de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), mientras que Vázquez pide que no se demonice el papel de las mismas, frente a las denuncias del Partido Popular en este sentido. En el ámbito de la función pública y el sector laboral de la Administración autonómica, los presagios son mucho peores, y el invierno se prevé muy caliente. Los sindicatos más representativos en el ámbito de la función pública andaluza denuncian que, en base al marco presupuestario de 2014, la Comunidad podría recortar un 5% adicional en el salario bruto anual, congelado desde hace cuatro años y con una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 30%. La Consejera Montero no se pronuncia sobre la posibilidad de que las pagas extra vuelvan a recortarse en 2014, mientras el rumor está en la calle. CSIF Andalucía ha solicitado ya la reunión urgente de la Mesa General de la Función Pública para concretar el grado de afectación de estas previsiones para los empleados públicos. El conflicto colectivo está en puertas.

En cuanto a las banderas del Estado de Bienestar, fundamentalmente sanidad y educación, no hay que escatimar a los ejecutivos de Griñán y de Díaz el elogio por su esfuerzo para mantener una oferta de prestaciones y una calidad en el servicio razonables, mientras en otras Comunidades directamente se han suprimido las mismas. El esfuerzo que en materia de copago farmacéutico hospitalario se va a realizar es encomiable, en una materia más que sensible y que está provocando un dolor social difícilmente resistible. Pero la reducción en las aportaciones a Andalucía también va a tener plasmación aquí. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía denuncia que los recortes en materia de personal sanitario, que se vienen produciendo desde 2011, se intensificarán en este ejercicio entrante de 2014 con una generalización de las reducciones de jornada y sueldo. Este colectivo hace hincapié en que la práctica de ligar una parte de la retribución del personal a la productividad obliga casi inevitablemente a la reducción de costes, a os que se comienzan a supeditar los objetivos de calidad. En materia de Dependencia, la Consejera de Salud y Bienestar Social, María José Sánchez, confirma que son 112.000 los/as beneficiarios/as de las prestaciones por ese concepto en la Comunidad. Es un secreto a voces que preocupa la materialización de las transferencias, más sin cabe cuando existe cantidades adeudadas en los dos ejercicios precedentes.

En Educación, tras las declaraciones de la Consejera y sus previsiones, CC.OO de Andalucía se ha pronunciado duramente: “La Junta de Andalucía está manteniendo una actitud que la convierte en cómplice de los recortes. No vale lamentarse del derrumbe que está provocando la política de Rajoy sobre la igualdad en Andalucía y no basta con los recursos judiciales ante el incumplimiento permanente del Estatuto con Andalucía: si se quiere ser distinto hay que hacer políticas distintas, dejar el buenismo a un lado, ser más beligerante y hacer una verdadera oposición”. El mantenimiento de la gratuidad de los libros de texto o de las bonificaciones en comedor escolar no impide que las limitaciones en contratación de profesorado aumenten la ratio de alumnos/clase y que la inversión de la Consejería en construcción de nuevos centros y reforma de los existentes se haya ralentizado.

Sin duda, en el plano político, quedamos a la espera de la reacción, tanto en el plano institucional como en el plano de la movilización, que debe ser inminente. En el ámbito institucional, el Gobierno de Andalucía debe aprestarse a preparar las acciones jurisdiccionales e interponerlas, llegado el momento procesal oportuno, por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del vigente Estatuto de Autonomía (aprobado con el apoyo, imprescindible, del Partido Popular). Como dice su punto segundo, “la inversión (del Estado) destinada a Andalucía será el equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años”. Esta era la base jurídica para, desde la flexibilidad, iniciar un proceso de diálogo que evitase la marginación financiera de Andalucía. La base, igualmente, desde la que hacer valer los derechos de su ciudadanía con firmeza.

En el plano de la movilización, una vez el culminado el procedimiento presupuestario, las fuerzas políticas que forman parte del Acuerdo por Andalucía, se aprestan a canalizar la contestación social, que se va a ver materializada probablemente antes de que expire el año o en el mes de enero de 2014. Mientras tanto, preparan un Presupuesto andaluz que Antonio Maíllo, Coordinador General de IUCA, califica como “presupuesto de resistencia, desde la dificultad extrema para hacer políticas diferentes, defendiendo el modelo público de los servicios básicos, trabajo que desarrollaremos paralelo a la movilización de la ciudadanía”. La génesis de este proyecto presupuestario de resistencia no será fácil, y las fricciones entre los socios existen.

Este es, finalmente, uno de los factores que determinan más incertidumbre y temor en este escenario: que el alcance de los recortes, de las “medidas de resistencia”, ponga en peligro la experiencia de este gobierno progresista que sigue siendo la única alternativa material a las políticas del ejecutivo popular. Sin duda, la “aldea gala” sobre la que les escribía en mi último artículo contempla como se hacen reales las amenazas y los frentes se abren en torno a ella. Pero incluso aparecen a nivel interno. Concluyo, pues, con el posicionamiento de Paralelo 36 (espacio de opinión progresista y andalucista), que responde a las inquietudes de muchos/as ciudadanos/as en estos momentos de inevitable desconfianza: “¿Qué mensaje recibirá la ciudadanía si las izquierdas son incapaces de encontrar formas de cooperación en medio de tanta injusticia y tanto dolor? ¿Quién confiará en una izquierda que no sabe colaborar y cooperar entre sí? Todas las alternativas a este gobierno (andaluz), aquí y ahora, empeoran la situación. La consistencia absoluta no es posible ni siquiera en las máquinas lógica, menos aún en un gobierno. La modestia de los objetivos es la base de la grandeza de los logros. Las líneas que separan a PSOE e IU son amplias y rotundas, pero existe también un inmenso espacio de colaboración que debe y tiene que ser explorado en todas sus dimensiones antes de abandonar la barricada”.