Más allá de la consulta

Docrialbert

 Finalmente, se han cumplido los pronósticos. El Tribunal Constitucional ha prohibido la consulta del 9 de noviembre y el gobierno de la Generalitat ha acatado la sentencia. A partir de este momento, ha vuelto a desatarse la locura. Reuniones con contenidos secretos, ofertas de gobierno a ERC, ruptura del bloque soberanista, propuesta de sucedáneo de consulta, aceptación del ‘nuevo’ 9-N por parte de la ANC a cambio de elecciones anticipadas, negativa de CiU a aceptar dichos comicios y, finalmente, apuesta conjunta por el proceso participativo, cuando nos habían contado que el bloque por el derecho a decidir se rompía porque no se aceptaban paripés.

 La desorientación es máxima y la mayoría de la población todavía no sabe exactamente en qué consiste el proceso participativo. El gobierno catalán lo presenta como un sustituto de la consulta desconvocada, hecho que no se sostiene por el mero hecho de que está prohibida. El gobierno español, que saludó con entusiasmo el veto, ahora no sabe si debe recurrir o no la nueva propuesta. Los partidos soberanistas van dando bandazos de un lado a otro, pues en realidad no se posicionan tanto por cuestiones de coherencia, sino por el temor a lo que pensarán los demás y a no ser acusados de traidores a la patria. Y así es difícil mantener posiciones sensatas.

 Ante tales tribulaciones, el debate político de fondo se está convirtiendo en una víctima colateral de la situación. Unos defienden la sacrosanta Constitución del 78. Otros postulan la independencia como panacea y única alternativa. Y muchos de los unos y de los otros se lanzan como fieras contra las llamadas terceras vías, porque ante semejante conflicto los que no están con nosotros están contra nosotros. Por eso es tan difícil ver más allá del 9 de noviembre con una cierta lucidez política, y los que lo intentan pueden acabar clamando en desierto en medio del fragor de la batalla. Sin embargo, es obligado que alguien trate de reflexionar a este respecto.

 Si miramos un poco más lejos en el tiempo, podemos comprobar como el problema político entre el Parlamento de Cataluña y el gobierno de España se agrava unos años atrás. La primera gran movilización ciudadana tuvo lugar el 10 de julio de 2010, en defensa de un Estatut que había sido recortado por el Constitucional. A esta han seguido otras protestas cada vez más masivas, fruto del rechazo desde Madrid a cualquier intento de pacto fiscal o a la misma consulta. Es evidente que han influido factores como el papel de los medios de comunicación o el intento de CiU de desviar la atención de las miserias sociales, pero no se puede minimizar que una buena parte de la ciudadanía está en desacuerdo con la actual inserción de Cataluña en España.

El actual Estado de las Autonomías está en crisis, y no es lo único que está en crisis. La corrupción, la caída del bipartidismo, el cambio de Rey, la pujanza de las fuerzas políticas de izquierdas y el hartazgo de la población son elementos que cada vez más cuestionan el régimen político actual. En este contexto, el mantenimiento del sistema territorial que deriva de la Constitución de 1978 es uno de los anacronismos que tenemos que padecer, y el conflicto político que se vive en Catalunya hay de enmarcarlo dentro de una dinámica bastante más amplia.

El gobierno español trata de aferrarse de manera desesperada a un marco político que está siendo superado por los acontecimientos. Mantener el status quo actual es incompatible con dar satisfacción a las aspiraciones nacionales de Catalunya, y tratar de evitar encarar este problema no sólo no lo resolverá, sino que tenderá a recrudecerlo cada vez más, como se está viendo en los últimos meses. La situación a medio y largo plazo no es sostenible, y la pérdida de la mayoría absoluta del PP ha de abrir el camino al planteamiento de las distintas alternativas que tienen que discutirse con valentía política.

La independencia de Catalunya es una opción legítima y que debe discutirse con mucha seriedad, teniendo en cuenta la distribución actual de competencias entre Catalunya, el Estado y la Unión Europea. Pero hay otras salidas intermedias, que sin llegar a la secesión, pueden contribuir a crear un marco de convivencia mucho más satisfactorio. En este sentido, la apuesta por el federalismo también necesita de mucha más concreción en cuanto a la distribución de atribuciones. En todo caso, la apuesta federal debe ser puesta sobre la mesa y debe discutirse en profundidad durante los próximos años, en aras a superar la crisis actual. Si finalmente el camino final es la independencia debe decidirlo el pueblo de Catalunya, pero desde mi punto de vista esto debería hacerse planteando con rigor las diferentes alternativas que nos permitan avanzar desde la situación vigente.

Todo este debate es el que deberemos afrontar en el futuro, pero no de manera aislada a los otros temas fundamentales que comentaba más arriba. Hablar del derecho a decidir, del federalismo o de la independencia ha de ir acompañado de la discusión entre monarquía y república. Y, sobre todo, de la reflexión más de fondo sobre cómo superar un régimen político y económico que ahora mismo no es compatible ni con los derechos sociales ni con un concepto mínimo de democracia. En Catalunya, los vectores social y nacional no pueden desvincularse, pues cuando hablamos del derecho a decidir no incluimos sólo temas territoriales, sino de soberanía política y económica. 

En conclusión, espero que pronto logremos superar el cortoplacismo y la confusión que estamos sufriendo durante estas semanas, y que podamos hacer frente con un mínimo de sensatez a una situación que no puede resolverse con consignas simplistas o con posiciones de enroque político.