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Es claro que el referendun independentista catalán es ilegal por inconstitucional, tal y como ha decretado el Tribunal Constitucional y que, por tanto, no puede celebrarse. Los jueces y fiscales competentes y el Gobierno deben hacer todo lo posible para impedirlo. Lo están haciendo y lo seguirán haciendo hasta el 1-O por lo que el referendum no se celebrará. La única incertidumbre es cuánta gente será detenida y cuántas trifulcas y tumultos tendrán lugar cuando la policía, incluídos los Mossos y la urbana de Barcelona, impidan el paso a los locales que la Generalitat y los alcaldes sediciosos habrán habilitado para el voto. Es falaz el argumento de que España no permite la expresión democrática porque sin ley no hay democracia. La Generalitat, que hoy recurrirá ante el Constitucional la intervención de cuentas, niega al mismo Constitucional su papel de intérprete máximo de la Constitución, de la que nace la legitmidad democrática de la Generalitat. Hasta aquí todo claro. El problema es que ganaremos la batalla legal – impedir el referendum – pero bien podemos perder la batalla política, sobre todo en Cataluña y en el extranjero. De ahí la necesidad de apurar la inteligencia y administrar la fuerza del Estado de Derecho con mano izquierda. En suma, no basta con impedir el referendum sino que es indispensable evitar que los independentistas consigan sumar apoyos, su verdadero objetivo, para estar en mejores condiciones de ganar el pulso la próxima vez.

En un combate resulta esencial conocer bien al enemigo: sus fortalezas, sus debilidades y sus objetivos. La fortaleza independentista es obvia: el apoyo de muchos centenares de miles de catalanes que por las más diversas razones, incluida la sensación de que el resto de España le falta al respeto a Cataluña, apoyan con mayor o menor entusiasmo la independencia de Cataluña pese a lo que ello implica de violación de la legalidad, de la democracia bien entendida y el traumático coste que tal independencia tendría, tanto en términos de conflictividad civil como económicos.

Las debilidades son también evidentes. La ley democrática no está de su parte, el Estado tiene mil herramientas legales, económicas y de pura fuerza a su disposición y, sobre todo, solo cuentan con el apoyo de casi la mitad de la ciudadanía catalana. Ningún Estado ha conseguido la independencia en semejantes condiciones. Eslovenia tenía enfrente al ejército yugoslavo pero contaba con el apoyo prácticamente unánime de la ciudadanía. Montenegro tenía la legalidad de su parte, Serbia estaba muy debilitada y la comunidad internacional, con la UE a la cabeza, impuso condiciones mínimas de participación y apoyo en y a un referendum pactado, que se cumplieron. Bosnia-Herzegovina tenía la ley de su parte y 2/3 de la población votaron a favor en el referendum, pero el tercio restante se oponía ferozmente y contaba con el apoyo de Serbia. Las similitudes con el caso catalán y la cruenta guerra civil que siguió deberíabn servir de advertencia sobre el peligro de quemarse gravemente cuando se juega con fuego.

¿Y cuál es el verdadero objetivo de Puigdemont, Mas y Jonqueras? Parecería obvio que la independencia y seguramente lo sea, pero más bien a largo plazo. A corto plazo, siendo plenamente conscientes de la imposibilidad de celebrar el referendum y alcanzar la independencia el 2-O, su objetivo es aunar fuerzas, para la independencia en su conjunto y, sobre todo, para sus respectivas fuerzas políticas, señaladamente en el caso de Jonqueras. Mas y Puigdemont se han visto arrastrados al independentismo explícito por la crisis económica, la corrupción estructural de Convergencia y el ascenso de Esquerra, a la que han tratado de unirse para no pasar a la irrelevancia que probablemente será su único futuro. El futuro de Jonqueras, en cambio, es bien distinto.

Será inhabilitado por su participación en las decisiones ilegales del Govern pero su inhabilitación judicial necesariamente llevará tiempo. En el ínterin, cuenta con la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas bajo la bandera de haber hecho todo lo posible para que los catalanes pudieran expresarse democráticamente, deseo frustrado por la España opresora y “demófoba”. Sin duda le quitará votos a Convergencia, a Iniciativa, a la CUP y hasta a Podem. Y si el Gobierno central no juega bien sus cartas, la suma del apoyo a todas estas opciones políticas y Convergencia, será superior al registrado en las últimas elecciones, superando ya claramente el mínimo del 50%, con el agravante de que pueden contar con una parte del electorado de Podem, al menos en lo que al derecho a votar se refiere.

¿Qué es necesario para que el apoyo democrático al independentismo aumente? Opresión. O la percepción de ella. Pero la percepción no es inmune a la realidad. Intervenir las planchas para la impresión de papeletas por orden judicial se puede denunciar como crimen contra la democracia, pero no tiene mucha fuerza. Que la policía obligue a suspender un acto público en Vitoria en el que se aboga por el referendum, es mucho peor. ¿Era necesario menoscabar la libertad de expresión de tal manera? ¿No hubo un acto público ayer en Madrid con Podemos, la CUP, Esquerra y demás a favor del derecho a decidir? Perfectamente legal. Lo único ilegal es que la Generalitat, un organismo público, impulse una convocatoria electoral declarada ilegal por el Constitucional. Firmeza de hierro para evitar la desviación de recursos públicos para tal fin, pero manga ancha para cualquier iniciativa ciudadana de apoyo: la Constitución ampara nuestro derecho a reivindicar lo que nos de la gana, mientras no incitemos al odio.

Me decía un familiar el otro día que el problema es que la policía y los fiscales necesitan instrucciones claras en cada caso. Ningún problema: persigan sin ambages cualquier acto de la Generalitat para llevar a cabo el referendum así como cualquier intento de utilizar la administración electoral, lo cual incluye el despliegue policial en los colegios electorales habituales. Pero no hay ninguna necesidad de actuar – ni probablemente base legal sólida – para intervenir si unos particulares, o el Barça, o la sociedad de amigos del faisán de Tarragona, monta una mesa electoral en un local privado y se agolpan votantes en la puerta. Una distinción así no solo sería más constitucional sino mucho más inteligente de cara al futuro.

¿Es necesario que la Fiscalía ordene que se investigue a los alcaldes que se muestran favorables al referendum? En todo caso será procedente, quizás, sancionar su apoyo a posteriori, inhabilitándoles judicialmente a posteriori por ser cómplices de un acto ilegal. Pero convocarles en sede judicial solo por apoyar políticamente el referendum es un absurdo político que ofrece al enemigo la oportunidad de negarse a acudir y conseguir así la ansiada foto de los representantes democráticamente elegidos siendo esposados por las fuerzas del orden mientras el pueblo les aclama.

Los independentistas han conseguido sembrar la duda entre la comunidad internacional que piensa que el referendum se celebrará y que, como en el caso vasco, hay un conflicto entre España y Cataluña. Las imágenes de representantes democráticos esposados serían demoledoras ante la audiencia internacional, equiparándonos a la Venezuela de Maduro, por ejemplo, cuando lo hábil sería ser capaz de transmitir que los “bolivarianos” irrespetuosos de los principios básicos de la democracia y los derechos de los catalanes no independentistas, son ellos.

La mujer del César debe también parecer honesta. De ahí la necesidad de inteligencia y mano izquierda. Razones para detener a Puigdemont, Jonqueras y compañia sobran dada su irresponsabilidad, deslealtad y violación de las leyes y sentencias. Pero la razón para no hacerlo es mucho más poderosa: es lo que mejor les vendría.

Vienen dos semanitas tensas y complejas, con unos elevando el tono de las provocaciones día a día, y otros, el Gobierno principalmente, extremando la alerta e impartiendo órdenes para evitar la consumación del desafío secesionista ilegal. Pero haría bien Rajoy en hacer oídos sordos a quienes le piden mano dura y represión de todo lo que suene a independentismo. El independentismo es legal, lo ampara la Constitución. La sedición irresponsable no. Limitemos la acción, y sobre todo la represión, contra esta última. Porque es de ley y para no perder la partida en la siguiente fase.