Márgenes y límites en la Sanidad Pública

Barañain

Han empezado las rebajas y lo primero que se rebaja es el rigor en la gestión de los asuntos públicos  y el respeto debido a los ciudadanos. En año electoral, ya se sabe, vale todo. El gobierno del PP anuncia medidas novedosas respecto a lo que ha sido su práctica en toda la legislatura, medidas cuyo carácter electoralista nadie del gobierno -ni de sus propagandistas- se molestar en disimular. Y así es asumido por todo el mundo con la mayor naturalidad.  Ya se trate de impuestos, de estaciones de tren, de kilómetros de autovías, de construcción de centros sanitarios o de lo que sea, el espectáculo desatado -y sólo acaba de empezar – demuestra el poco recorrido que cabía esperar de tanta admonición como hemos tenido que soportar estos años, por parte de unos y de otros,  sobre el “despilfarro y mal uso del dinero público por parte de la clase política”. Y sobre la escasa conciencia de ello -y consiguiente escaso control social- por parte de la ciudadanía. Como es lógico, la oposición no se queda atrás. Lo dicho: vale todo.

 Programas a precio de saldo: a cada público se le dirá lo que se cree que ese público quiere escuchar y sin que importe lo más mínimo si el discurso ante unos es incoherente con el que se hace ante otros. Nadie se dejará superar  por el adversario a la hora de anunciar objetivos y compromisos, por más que sepa de sobra la inviabilidad de muchas de esas ocurrencias; sin ningún disimulo, llegada la hora de poner en práctica lo prometido el ganador  se desdecirá aduciendo dificultades sobrevenidas imprevisibles. Lo cual sólo a veces -pocas – es cierto. Puede ocurrir por supuesto que la divergencia entre lo prometido y lo que se tiene que ejecutar se deba a que previamente se valoró mal la situación. En otras, sin embargo, la divergencia entre lo que se hará y lo que se había prometido – divergencia que frustrará a la parroquia respectiva -, se debe pura y simplemente a que se había mentido. Es decir, a que conscientemente se habían minusvalorado las dificultades y se habían ocultado los planes verdaderos, seguramente los únicos posibles, quizás porque no se veía a los seguidores capaces de soportar la verdad. Por supuesto, no descubro nada nuevo ni se trata de un problema exclusivamente nuestro (que se lo pregunten, si no, a los electores de Dilma Rousseff o a los de Hollande).

Viene esto a cuento del conflicto actual en nuestro país por las dificultades de financiación de un tratamiento antiviral de última generación para  enfermos de hepatitis C (muchas decenas de miles sólo en España). Un conflicto que seguramente nadie esperaba que estallara, en la forma que lo ha hecho. El episodio -solo uno de los muchos similares que se dan continuamente en el ámbito sanitario-, pone de relieve que la complejidad de la gestión de la sanidad pública  -y de las expectativas de sus usuarios- alcanza tanto a su sostenibilidad financiera (dado su coste colosal, evidente para cualquiera a poco que se ponga a echar cuentas aunque  sea solo a partir de la experiencia que conoce en su entorno próximo), como a su gestión política y a los dilemas, incluso éticos, que debe afrontar.

También pone de relieve lo fácil que es caer en la demagogia y el oportunismo.  Es muy legítimo, y conveniente,  que se cuestione la política sanitaria del PP y es muy razonable la crítica concreta a la gestión gubernamental de la política farmacéutica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ante la evidencia de una limitación en el acceso a ese tratamiento, una vez convertida la cuestión en crisis política, el gobierno de Rajoy farfulla cosas ininteligibles y quienes están en la oposición dejan solo al PP: la presidenta socialista de Andalucía asegura que allí no faltará el medicamento a todos los que lo necesiten y lo mismo asegura el consejero de sanidad vasco, del PNV, que además dice garantizar que eso será así para cualquier tratamiento que pueda aparecer para cualquier enfermedad que sufra un vasco (¡ay, la famosa sobrefinanciación!).

Desde luego, sería magnífico que todos los enfermos de hepatitis C dispusieran sin coste del tratamiento antiviral novedoso. Pero el asunto de este tratamiento farmacológico tan caro, aunque sea llamativo,  no tiene nada de sorprendente; ninguno de sus rasgos habrá resultado extraño a nadie que haya tenido responsabilidades en la política sanitaria nacional o autonómica o que conozca minimamente ese terreno. Y el caso es que las condiciones de autorización del tratamiento en cuestión se validaron -como en otros casos de nuevas prestaciones- en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que se sientan los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas con el ministro del ramo, es decir, tanto populares, como socialistas (Andalucía, Asturias) y nacionalistas (Euskadi, Cataluña, Canarias). Tal vez esté confundido pero no me suena que se plantearan allí discrepancias por parte de nadie. O si las hubo -y eso fue hace unos meses- no se trasladaron fuera.  

Este pasado lunes, víspera de Reyes, Tomás Gómez (PSOE de Madrid) se acercaba a las puertas del hospital La Princesa de Madrid tras haberse reunido con profesionales médicos de ese centro.y anunciaba acciones legales de todo tipo contra el gobierno “si en cinco días, en el próximo Consejo de Ministros, no aseguran el tratamiento a todos los pacientes de hepatitis C que lo necesiten”. No me parece una buena idea que un partido político judicialice así esa cuestión pero me preocupa más otra cosa: ¿están seguros de que no les habría ocurrido algo parecido de haber estado ellos al frente del ministerio de sanidad?  ¿están seguros de que no les ocurrirá algo similar cuando vuelvan ellos al gobierno? Mas aún: ¿de verdad se creen que todo se reduce a que “los recortes matan”? (esta es una pregunta retórica; ya sé de sobra que no se lo creen).

El PSOE ha venido defendiendo en esta legislatura que se asuma como suelo financiero de la sanidad el 7% del PIB (incluso que sea por ley, en el contexto del blindaje social de la Constitución que reclaman). No me parece mal defender ese “suelo” (no así lo de su blindaje constitucional) pero ¿y el “techo”? ¿O es que alguien cree que en un ámbito como el de la sanidad, en el que aparte de los recursos humanos pesan tantísmo las nuevas tecnologías y la innovación terapéutica, no hay techo para el gasto?

La oposición en general y la  izquierda en particular  (me refiero a la izquierda solvente: de la actuación de Podemos en este asunto ya he opinado ayer, comentando el post anterior a este mío, así que no abundaré sobre el esperpento) explicará que hay margen financiero para garantizar el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C, al coste que razonablemente se pueda conseguir,  y no dudo de que eso sea posible. Y también puede haber margen para solventar otras necesidades no menos acuciantes que ya existan o que surjan. Pero si existen márgenes de actuación es porque existen límites. O sea, hablar de un márgen lleva implícito -aunque no se exteriorice- que hay un límite.  Está bien aferrarse a ese margen de actuación o incluso tratar de ensancharlo pero en algún momento habrá que empezar a hablar también del límite. Si ahora no es el momento oportuno, ¿lo será estando en el gobierno si no se ha advertido previamente de ello?

 Es lamentable que se desperdicie la oportunidad -en un asunto de tal calado y que afecta tanto a tanta gente-  de hacer un poco de pedagogía política sobre las implicaciones, dificultades, riesgos y costes de un elemento básico del llamado estado de bienestar como es la sanidad pública. Al menos debería evitarse  propagar entre la ciudadanía la idea de  que  no hay límite al gasto sanitario y que podrá seguir garantizándose todo, a todos, y  a todos a la vez, al coste que sea, en todo momento y durante el tiempo que sea, con todos los medios (humanos y materiales) que sea preciso poner a su servicio, etc. Sin duda, debe ser difícil traducir esta necesidad de sinceridad en propuestas políticas que no sean pasto de los demagogos. Pero, al fin y al cabo, de eso trata la política, de los márgenes y los límites de la actuación de los gobiernos.