Ignacio Sánchez-Cuenca 

 

El Partido Popular pensó que la crisis económica le permitiría realizar una oposición más eficaz que la de la anterior legislatura. Centrándose en las cuestiones que “de verdad” preocupan a la gente (el paro, los precios, las hipotecas), Rajoy y los suyos creyeron que podrían superar cómodamente al PSOE en las encuestas. Sin embargo, cuando, durante el otoño pasado, quedó claro que la crisis tenía raíces internacionales y se extendía por todo el planeta, el dedo acusador del PP se quedó apuntando a ninguna parte. Aunque Zapatero haya intentado romper España y se haya aliado con los etarras, su poder no alcanza para producir una recesión mundial. Por lo demás, dada la magnitud de la tormenta financiera y sus consecuencias para la economía real, mucha gente considera que es mejor tener un gobierno socialdemócrata que uno conservador: al menos no habrá recortes en gasto social y el seguro de paro paliará la pérdida de empleo de muchos trabajadores.

 

Los cálculos le han salido mal al PP. Las encuestas muestran que hasta el momento el desgaste de Zapatero y su Gobierno han sido mínimos. De hecho, tras el anuncio de diversos planes de medidas contra la crisis, el PSOE ha recuperado algo de intención de voto, mientras que el PP, incapaz de capitalizar la situación, incluso pierde apoyos electorales. El liderazgo de Rajoy y su equipo parece cada día más frágil.

 

En esas circunstancias, no resulta tan extraño que el PP haya intentado, una vez más, explotar el asunto de ETA. Durante el mes de diciembre de 2008, el PP y sus aliados mediáticos volvieron a tratar de crear una línea divisoria entre quienes de verdad se oponen a ETA, ellos, y quienes lo hacen sin convicción, los socialistas. En este caso, dicha línea se trazaba en torno a la cuestión de ANV y las medidas que deberían ponerse en práctica para ilegalizar a este partido. Dan igual los éxitos policiales en la lucha contra ETA, incluyendo las detenciones de Txeroki y su sucesor en el plazo de un mes. No cuentan tampoco las múltiples declaraciones del Presidente del Gobierno y del Ministro del Interior insistiendo en que ya no hay oportunidad alguna para una salida negociada. De lo que se trata es de seguir inventando motivos que permitan criticar al Gobierno por ser ambiguo y blando en la lucha contra el terrorismo y, de esta manera, continuar agitando el espantajo de ETA para hacer oposición.

 

Lo más sorprendente, no obstante, es que estos ataques al PSOE se producen cuando este partido ha asumido casi en su totalidad el discurso del PP sobre ETA. No sólo se ha olvidado cualquier referencia a la importancia de utilizar la política para acelerar la llegada de la paz, sino que incluso se ha asimilado la extraña retórica derechista que opone Estado de derecho a final dialogado del terrorismo, como si en algún lugar de nuestras leyes o de nuestra constitución se dijera que no cabe llegar a un acuerdo político para poner fin a la violencia.

 

Es más, miembros del Gobierno y del PSOE hablan sin complejos del fracaso del proceso de paz. Y es verdad que dicho proceso fracasó, pues ETA, tras un largo paréntesis de más de tres años sin muertos, decidió volver a los atentados mortales. Sin embargo, si se utiliza ese criterio para determinar el fracaso del proceso de paz, no queda más remedio que concluir que la otra alternativa, la que consiste en lucha policial y judicial contra ETA, ha fracasado incluso más estrepitosamente, pues cuarenta años después del primer atentado mortal de ETA, ETA sigue asesinando a pesar de la política represiva del Estado. ¿Qué quiere decir entonces “éxito” y “fracaso” en la política antiterrorista? La primera legislatura de Zapatero fue la que menos víctimas mortales tuvo de la historia de nuestra democracia. ¿Es eso un fracaso? La ruptura de la tregua de 1998 se saldó con más de cuarenta víctimas mortales, mientras el PP y el PSOE apretaban los dientes y aprobaban la ley de partidos. ¿Fue aquel brote de violencia un éxito del Estado de derecho?

 

La situación, contemplada con cierta perspectiva, no deja de producir pasmo. Cuando se acarició la posibilidad de que ETA renunciara de una vez por todas a la violencia terrorista, el país pareció entrar en una crisis de ansiedad. Los ataques al Gobierno fueron brutales, las víctimas pusieron el grito en el cielo, mucha gente se mostraba alarmada. En cambio, una vez que ETA rompió el alto el fuego y volvimos a la rutina de los atentados recurrentes, el país fue recobrando la calma y se fue recomponiendo el consenso. Volvimos a donde estábamos antes y casi todo el mundo empezó a sentirse más tranquilo. Hoy ya no se discute sobre la estrategia que conviene seguir. Hay una extraña unanimidad de criterio que sólo se ve rota por los intentos desesperados por parte del ala dura del PP de insinuar que sigue habiendo una afinidad última entre el PSOE y ETA que impide a los socialistas ser del todo consecuentes en su compromiso de lucha contra el terrorismo.

 

El clima político en torno a la cuestión de ETA está tan enrarecido que no parece que nadie se atreva a hablar abiertamente de la actual política antiterrorista. Dada la tendencia histórica, es evidente que en algún momento ETA acabará extinguiéndose. El número de víctimas mortales sigue siendo más bajo que en cualquier periodo anterior. Ni siquiera la ruptura del alto el fuego ha conseguido cambiar la situación. Es verdad que ha habido un ligero repunte en 2008, pero estamos hablando, afortunadamente, de niveles de violencia muy inferiores a los de hace veinte o treinta años. Por tanto, si nos mantenemos como estamos, con unas fuerzas policiales muy eficaces, así como con gran presión judicial y política, al final ETA desaparecerá. Es una cuestión de tiempo.

 

La cuestión, no obstante, es si podemos acelerar dicho final y evitar los atentados mortales que ETA todavía puede cometer. Es algo que resulta incómodo de plantear, pues parece que tras el fiasco del atentado de la T-4, lo más lógico es que el Estado no quiera saber nada de ETA. Ahora bien, si reconocemos que ETA está en una situación de extrema debilidad, que ya no tiene estrategia, que su capacidad ofensiva está muy mermada, ¿qué sentido tiene que el Estado cierre la puerta a cualquier opción de salida que pueda plantear la organización terrorista? ¿Qué van a hacer los terroristas si saben que no pueden aspirar a ninguna salida que les resulte mínimamente “honrosa” y les permita salvar la cara ante sus desconcertados seguidores?  ¿Acaso no se les está achicando el terreno, de forma que se mantengan firmes y continúen haciendo lo único que saben, que es matar?