Mala praxis… política

Millán Gómez

La sentencia judicial dictada por la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de las presuntas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés supone un claro golpe a la política llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, en manos del PP. El fallo determina que no hubo mala praxis por parte de los galenos. El fallo sí confirma, en cambio, de un modo implícito las malas artes del gobierno regional y, en especial, del por entonces Consejero de Sanidad, Manuel Lamela. El ínclito Lamela ocupa actualmente la cartera de Transportes e Infraestructuras. Ahora se entiende el porqué de los fallos diarios del metro de Madrid y tal cantidad de obras que parece que están buscando un tesoro. Estas cosas suceden cuando se coloca a sujetos con semejante irresponsabilidad gestionando nuestro día a día.

 

La medida supone remediar en parte el desprestigio intencionado creado por el PP contra los profesionales de este hospital público. A pesar de ello, el daño está hecho. Nada va a remediar en su totalidad la deslegitimación del trabajo de unos profesionales a los cuales la justicia les ha dado la razón. 

Como viene siendo habitual, en el seno del PP nadie asume sus responsabilidades y dimite. Es evidente que Lamela no puede ser destituido de la cartera de Sanidad básicamente porque ya no la gestiona pero, como mínimo, debería pedir disculpas públicas y, si tiene un mínimo de coherencia personal, dimitir irrevocablemente como consejero de Transportes e Infraestructuras. Este señor debería abandonar la vida política para siempre por un bien social. Este tipo de sujetos son los que sobran y tanto abundan en las administraciones públicas.

 

El tal Lamela, ni corto ni perezoso, se encuentra de vacaciones en Baqueira Beret (Lleida). Se encuentra esquiando y disfrutando de unas “sagradas vacaciones”. Digo esquiando porque como bien dijo Alfonso Guerra, patinar ya patinó bastante. Que este señor esté de vacaciones en este preciso momento es sangrante. Donde debería estar es en Madrid pidiendo disculpas y comunicando su retirada inmediata de la política. No digo que se flagele ni se meta en un convento, pero sí que tenga un mínimo de dignidad y reconozca su error. Junto a él deberían asumir responsabilidades todo el ejecutivo autonómico, coautor de una infundada campaña de acoso y derribo contra unos profesionales que trabajan intensamente por el bienestar de todos y no de aquellos que su bolsillo lo puede permitir.

 

La noticia de que este individuo está de vacaciones la conocemos gracias al trabajo de investigación de la Cadena SER. Este medio tiene, dicho sea de paso, una facilidad encomiable para encontrar, cual Paco Lobatón, a representantes políticos que cuando las cosas van mal dadas se echan al monte, literalmente hablando. El no dar explicaciones de las malas gestiones a la opinión pública es cotidiano. Estos personajes escapan de sus responsabilidades raudos y veloces justo en el instante en que la sociedad está ávida de conocer sus impresiones. Casualidades.

 

La denuncia del PP se encuadra dentro del objetivo de este partido de atacar a los entes públicos y privatizar todo cuanto se pueda. Es muy probable que esta campaña no se hubiese producido en un hospital privado. Muy especialmente desde la segunda legislatura del profesor de Georgetown, el PP inició una campaña destinada a privatizar todo lo público que se pudiera.

 

Al igual que Cascos, Fraga y tantos otros, Manuel Lamela está de vacaciones casualmente en el momento que su gestión hace aguas y sufre un revés judicial que debería remorder muchas conciencias. Aunque parece que hay quien no la tiene y si la tiene lo disimula tanto que yo le aconsejaría que se dedique al séptimo arte. Ahí veo una tesis. La honestidad no es una virtud, es una obligación. Y parte de nuestros políticos lo desconocen. Nuestro deber ciudadano y periodístico es denunciarlo.