Los recortes en educación

 Ricardo Parellada 

En el caso de la educación, las reformas y recortes del Gobierno se han plasmado sobre todo en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, publicado el sábado 21 de abril de 2012. En el preámbulo se justifica la utilización de este instrumento normativo extraordinario debido a la necesidad y la urgencia de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria constitucional y europeo. 

El decreto-ley no alude al carácter recentísimo de este objetivo constitucional y quizá no se le pueda reprochar que la política de austeridad fiscal de la UE haya entrado en una fase de cuestionamiento y revisión después de la aprobación del propio decreto. Lo que sí muestran estos hechos es que la urgencia y la precipitación legislativa suelen conllevar un mal diseño y caducidad. 

El decreto-ley introduce modificaciones de calado en todos los niveles educativos, aunque se detiene más en la educación universitaria. Respecto de la educación infantil, primaria y secundaria, el decreto-ley se refiere fundamentalmente a tres cosas: el número de estudiantes por aula y la jornada lectiva y las sustituciones de los profesores. Tanto en educación infantil y primaria como en secundaria, el número máximo de estudiantes por aula aumenta un 20% respecto del máximo legal anterior. En ambos niveles educativos, los profesores no serán sustituidos por personal externo al centro durante los diez primeros días de enfermedad, sino que las sustituciones deberán ser atendidas por personal interno. Y en cuanto a la jornada lectiva, el decreto-ley solo regula el mínimo de horas lectivas semanales que deben impartir los profesores, que en secundaria pasan a ser veinte y en infantil y primaria… ¡veinticinco! No sé si algún amigo de Debate Callejero habrá estado alguna vez cinco horas a cargo de treinta niños. A mí desde luego me cuesta imaginarlo como tarea mínima para todos los días. 

En cuanto a la universidad, el decreto-ley introduce novedades de muchos tipos, insistiendo particularmente en la capacidad regulativa de las comunidades autónomas. El decreto fomenta la fusión o supresión de titulaciones con poca demanda, establece horquillas más altas para las tasas que tienen que pagar los estudiantes (sobre todo los repetidores), introduce modificaciones importantes en la jornada lectiva de los profesores y obliga a las universidades a adecuar sus presupuestos y sus cuentas de forma inmediata al principio del equilibrio presupuestario. A continuación me referiré únicamente a algunas de estas medidas, y haré alguna valoración particular y algunos comentarios de carácter general. 

Respecto de las tasas, en las enseñanzas de Grado oscilarán entre el 15% y el 25% del coste real de las enseñanzas para el Estado, en primera matrícula, siendo mayores los porcentajes en las matrículas siguientes. Serán las comunidades autónomas quienes determinen el lugar dentro de la horquilla legal y financien íntegramente el coste de las becas públicas a partir del mínimo del 15%, que correrá a cargo del Estado. Ahora las tasas oficiales están en el 15%. En los estudios de Máster se hace una distinción importante. En el caso de los estudios de Máster que oficialmente habilitan para el ejercicio de una profesión determinada (abogacía, enseñanza secundaria), los precios públicos oscilarán dentro de la misma horquilla que los estudios de Grado, pero solo en primera matrícula, subiendo considerablemente en matrículas sucesivas. Sin embargo, los másteres universitarios que no constituyan un requisito oficial para el ejercicio de una profesión sufren una subida mayor, situándose la horquilla de la matrícula entre el 40% y el 50% del coste real.

 En cuanto a la dedicación del profesorado universitario, entre sus diversas obligaciones profesionales una de las más fácil de cuantificar es la dedicación docente presencial, que la actualidad es de 240 horas anuales, es decir, 8 horas semanales durante las 30 semanas lectivas del curso académico. El decreto utiliza un criterio de resultados de investigación, los famosos sexenios, para reducir o aumentar un tercio la dedicación docente respecto de la cifra anterior, que se toma como media. 

Pues bien, los criterios generales y los números particulares del decreto-ley no se pueden comprender aisladamente y sin analizar despacio cada uno de los aspectos que regula. Unas pocas líneas del decreto pueden suponer cambios absolutamente radicales en la organización y la vida docente en todos los niveles educativos.

Respecto de la subida de las tasas universitarias, es necesario decir que estarán por encima de la media europea y que están acompañadas de una menor financiación de becas por renta familiar. Ofreciendo solo opinión de trazo grueso, a mi juicio no es malo que las tasas universitarias suban, con dos condiciones: que suban también las becas de estudio por renta familiar y que las rentas altas paguen un porcentaje mayor. Pondré un ejemplo: en el caso de la universidad que conozco, buena parte de los beneficios sociales (ayudas para guarderías privadas o abono transporte) están distribuidas en tres tramos de renta por miembro de la unidad familiar. ¿No es posible hacer lo mismo con las tasas universitarias? Es absolutamente irrenunciable garantizar el acceso a la universidad pública de los estudiantes provenientes de familias humildes, pero, a la vez, hay muchas familias que podrían pagar mucho más por los estudios de sus hijos. Naturalmente, me refiero solo a los primeros niveles, pues en los niveles de posgrado debe intervenir de forma más acusada el rendimiento académico para que los estudiantes puedan sufragarse sus estudios con becas de investigación independientemente de la renta de sus padres. 

En cuanto a la dedicación del profesorado, con las cifras de gasto que se manejan en otros ámbitos, cuesta creer que sea necesario obligar a los profesores de infantil, primaria y secundaria a esas jornadas lectivas mínimas, como si no tuvieran otras muchas tareas para poder cumplir adecuadamente con las clases. Ciertamente, los sueldos de estos profesores no son los que han provocado la crisis económica ni los que podrán atajar el déficit del Estado. Estas cifras suponen simplemente un desprecio indisimulado hacia su trabajo. 

Y respecto de los profesores universitarios, es extraño que el aumento y la disminución docente dependa exclusivamente de los resultados de la investigación e ignore muchos otros aspectos de la actividad universitaria. Pero, además, puestos a regular mediante los sexenios de investigación, es incomprensible que el Ministerio no haya ofrecido reglas mucho más equilibradas y que todo dependa de tener un sexenio vivo y no. Por poner un ejemplo muy sencillo, con el criterio de tener (n-1) de los sexenios posibles se conseguiría los mismos objetivos de una forma mucho más razonable. Por otro lado, los criterios son inaplicables porque reflejan, entre otras, confusión entre la dedicación de los estudiantes (que se mide en créditos europeos o ETCS) y la dedicación horaria presencial de los profesores. Desde luego, es necesario que la dedicación del profesor introduzca los ETCS de los cursos que imparte y no solo las horas presenciales, solo quiero señalar que el decreto confunde ambos criterios y resulta por ello desconcertante e inaplicable a falta de normativa adicional. 

Este decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo persigue, quizá, algún buen objetivo, como la racionalización y reorganización de títulos repetidos en varios lugares y con poca demanda, pero este no es un problema generalizado y por el camino se atropellan muchas cosas. El grueso del decreto impone cambios importantes en las tasas de matrícula y la dedicación de los profesores que, en la mayorías de los casos, deberían haber sido matizados mucho más, aprovechando la ocasión, por ejemplo, para introducir mayores diferencias en función de la renta familiar. Y la subida de tasas de los másteres no profesionalizantes puede suponer, simplemente, la práctica supresión de másteres de investigación en las universidades públicas en algunas áreas del conocimiento. 

Estas medidas tienen una enorme relevancia en la organización de la vida educativa en sus distintos niveles y es inaceptable que no hayan sido compartidas y discutidas con la comunidad y las instituciones educativas españolas, como lo prueban los pronunciamientos generalizados en contra del decreto, desde la conferencia de los rectores universitarios a las asociaciones de profesores de enseñanza secundaria. La magnitud del ahorro no requería esta precipitación y el sistema educativo público español bien merece mucho mayor cuidado y consideración por parte del Ministerio de Educación.