Los partidos políticos en España

LBNL

Asumo que la mayoría de Vds. habrá al menos oído hablar del artículo de César Molinas el domingo pasado en El País, que figuraba ayer en primer lugar de los más leídos en elpais.com y que versaba sobre las limitaciones de nuestro sistema político y la necesidad imperativa de cambiar la ley electoral para empezar a ponerles coto. Más allá de su pomposo título (“Una teoría de la política española”) y de la repetición de muchos de los argumentos, Molinas acierta: nuestra democracia no podrá progresar demasiado mientras nuestros partidos políticos sigan mostrando las deficiencias estructurales que padecen actualmente.

Conozco de primera mano el funcionamiento orgánico del PSOE y, de segunda, el del PP, ambos igualmente deleznables y completamente ineficaces en términos de fomentar el progreso de los militantes más cualificados, bien sea en función de sus conocimientos y títulos, bien por su brillantez a la hora de responder a las demandas de la sociedad. Al contrario, al nivel más bajo, los dirigentes locales se esfuerzan en acumular méritos no de cara a los electores sino a los dirigentes superiores, que son quiénes pueden proponer su inclusión en una lista electoral cerrada con independencia total de sus méritos y cualificaciones profesionales, personales y políticas, en el sentido más amplio del término, es decir, su capacidad de conectar con el electorado.

El electorado se ve así obligado a optar entre listas de diferentes partidos en las que no conoce a ninguno de sus integrantes, con excepción de quien encabeza la lista y quizás, alguno más de los incluidos en ella. Y así tenemos los diputados, diputados autonómicos y concejales que tenemos.

El problema se agrava cuando, como es el caso, el sectarismo partidista se extiende a miles de organismos públicos y semi-públicos cuya creación y utilidad es decidida en exclusiva por quienes gobiernan, sin necesidad de argumentarla en sede parlamentaria, convirtiéndose los partidos políticos dominantes – PP y PSOE a escala nacional, CiU y PNV a escala autonómica – en maquinarias generadoras de empleo para sus acólitos, generalmente mejor remunerado que en la administración puramente pública, o en el sector privado a igualdad de méritos profesionales. De tal manera que la amplia derrota del PSOE en las últimas elecciones autonómicas y locales dejó sin salario a unos 3.000 “liberados” del partido, que hasta ese momento vivían a cuenta del erario público. Nada que objetar si su salario hubiera resultado de una elección popular individualizada, o a través de listas abiertas, pero no era el caso.

Para acabar de agravar la situación, la dominación partidista se extiende a más escalones de la administración de lo que lo hace en otros países de nuestro entorno, como acertadamente denunciaba Carles Casajuana en otro artículo reciente de El País. Sería contrario a la democracia exigir un mínimo de cualificaciones profesionales a nuestros gobernantes pero, desde luego, sí cabe exigir que las ostenten quienes tienen que desempeñar funciones puramente técnicas. No es el caso. Gana las elecciones el PP y cambia de arriba a abajo la cúpula policial, así como más de cien embajadores que hasta ese momento venían representando a España – al Estado, no al Gobierno – frente a los países amigos. Y cambian también el responsable de la protección civil y el que se ocupa de las reservas petrolíferas, por poner sólo dos ejemplos en los que la alternancia política en el Gobierno no debería tener ninguna incidencia.

No estoy necesariamente de acuerdo con la recomendación de Molinas a favor de un sistema electoral como el británico, en el que cada circunscripción (más reducidas que las provinciales actuales) elige a uno solo de entre los candidatos, de manera que haya un conocimiento y una conexión directa entre los electores y su representante. Tiene muchas ventajas pero también inconvenientes, como también presentan pros y contras otros sistemas electorales que conozco como el norteamericano o el israelí (primarias antes de cualquier elección). Pero es a mi juicio evidente que nuestro sistema electoral hace aguas.

La solución más práctica sería instaurar las listas abiertas pero, como sabe cualquiera que haya ejercido de apoderado electoral, son legión quienes no entienden bien cómo votar al Senado, sin incluir a los no manifiestan su falta de entendimiento del sistema a base de votar a todos los candidatos de su partido de preferencia.

No tengo clara la solución y no me duelen prendas en reconocerlo porque, como en tantos otros ámbitos de nuestra vida pública, lo apropiado sería que estudiaran la solución un grupo de expertos electorales, elegidos en función de su competencia profesional y no de su mayor o menor afinidad ideológica con los encargados de nombrarlos.

Por el momento, todo ello es ciencia ficción en España y, lamentablemente, no veo ninguna perspectiva de que pueda cambiar.

Pero permítanme soñar. Se imaginan un país en el que para ser Ministro o Secretario de Estado (central o autonómico) fuera imprescindible haber sido elegido por el pueblo, en el que los funcionarios no vieran afectado su desempeño profesional por los vaivenes democráticos, en el que los jueces ascendieran en función de su competencia profesional, en el que los Embajadores tuvieran que pasar un examen parlamentario antes de ser nombrados, en el que quien dirigiera el CSIC fuera elegido por los científicos e investigadores a quien va a dirigir… Se lo imaginan? Afortunadamente hay muchos en los que al menos algunos de estos deseos son realidades cotidianas. Y, curiosamente, generan menos aeropuertos sin aviones y autoridades que sonrojan a propios y extraños cuando les toca expresarse con un micrófono delante.

Pero en fin, así nos va y parece que nos seguirá yendo. Y mientras tanto, cada vez más gente aborrece la democracia y se apunta al “todos son iguales” que, por más que no sea cierto, cada vez es más válido.

PD: No dejen de apreciar la ironía de Jose Ignacio Torreblanca en su última dosis del café Steiner, también de El País, donde compara la obsesión de los representantes de la Troika con la flexibilización de las condiciones laborales cualquier país que visitan y las suyas propias.