Los impuestos y la redistribución de la renta

Miguel Sebastián
Universidad Complutense de Madrid
 
Nota previa. Quiero pedir disculpas a los administradores y participantes de DC por haber incumplido con la fecha prevista para la entrega de mi artículo, que era ayer. Se ha debido a causas técnicas, con problemas en el servidor de Telefónica, nada que ver conSantiago y cierra España.

En los últimos 30 años se ha producido una notable redistribución de la renta en España, medida por múltiples indicadores, entre ellos el más clásico, el Índice de Gini. Según los datos del IVIE, calculados a partir de la curva de Lorenz, dicho Índice, que cuando más cerca de cero indica una mejor distribución de la renta, pasó de 0,36 en 1973 a 0,30 en 2003. Sin duda ésta ha sido una de las numerosas contribuciones de la democracia a nuestro paí­s. Muchos pensarán que esta mejor distribución de la renta se debe al desarrollo de nuestro sistema fiscal, con las sucesivas reformas introducidas desde 1978. Nada más lejos de la realidad. Nuestro sistema fiscal no es progresivo, es decir, no es cierto que paguen una mayor proporción de su renta los que más ganan. De hecho, es proporcional o ligeramente regresivo.  La proporcionalidad significa que se paga la misma proporción de la renta, independientemente de lo que gana cada uno. Este fenómeno, común a otros paí­ses, se debe a que los impuestos indirectos son regresivos y las cotizaciones sociales básicamente proporcionales, y no se ve compensado por los impuestos directos, que son los progresivos. El tema se agrava porque estos últimos, además, presentan fuertes distorsiones que hacen que sean ex post menos progresivos de lo que fueron diseñados ex ante.

El escándalo del IRPF

Es llamativo lo poco conocidos que son los datos de IRPF, el impuesto directo por excelencia, que recoge todas las rentas percibidas (no sólo las salariales) y que se supone es el paradigma de la progresividad y la herramienta de redistribución de la renta.

La última decila de dicho impuesto (es decir el 10% que declara recibir la renta más alta) y que cualquier persona sensata considerarí­a los ricos de una sociedad, está definida a partir de una renta de 39.000 euros anuales brutos. Es decir, el que gane más de 3.250 euros brutos al mes, puede considerarse un “rico” de pleno derecho, porque sólo el 10% de nuestro paí­s declara recibir una renta igual o superior a esa.

Y el último percentil (es decir, el 1% que declara la renta más alta) está definido a partir de una renta de 99.000 euros anuales brutos, es decir 8.250 euros brutos al mes.

Si alguno de los lectores DC gana esa cantidad o superior, enhorabuena, pertenece Vd. al club de los riquí­simos. El 1% más rico del paí­s. En España hay 100.000 personas que declaran situarse en ese percentil de la renta. Conozco a muchas personas en ese tramo de renta y les puedo asegurar que ninguno de ellos tiene yate ni chalet de lujo, aunque sabemos que hay miles de ellos por toda la costa española.

El problema, por tanto, es que, la parte alta de la distribución de nuestro IRPF está casi vací­a. Sólo los asalariados (trabajadores por cuenta ajena) que no pueden escapar al control de la Hacienda Pública figuran en ese registro. Cuando propusimos rebajar el tipo máximo del IRPF al 30%, acompañado de una importante subida del mínimo exento que garantizase la progresividad de la reforma, el ministro Montoro decÃía que querí­amos bajar los impuestos  a los ricos. Yo le contestaba que eso era imposible porque en España los ricos no pagan impuestos.

Además de este vacío en la parte alta de la distribución de los declarantes de IRPF, el impuesto se caracteriza por unas deducciones fiscales que lo hacen menos progresivo. Entre ellas destacan dos.

La primera, la de compra de vivienda, que beneficia fundamentalmente a los dos tramos más altos de la renta y la de aportación a los planes de pensiones, que beneficia al tramo más alto. Un amigo mí­o, que está ¡en el percentil delos riquísimos! siempre comenta jocoso que, una llamada telefónica a su banco en diciembre para transferir 8.000 euros de su fondo de inversión a su fondo de pensiones le reporta un ingreso de casi 4.000 euros, a costa del contribuyente medio español.

Las deducciones, además de regresividad, introducen mayor complejidad en el sistema, lo que resulta en máscostes de inspección y, por tanto, en más evasión y más inequidad horizontal y vertical.

Finalmente, nuestro sistema está totalmente desprotegido frente a la inflación, que termina convirtiéndose en el impuesto más distorsionador y regresivo.

El gasto público es lo que redistribuye

¿Cómo es posible que con este panorama fiscal haya mejorado la redistribución de la renta en España? Gracias, sin duda, al gasto público, fundamentalmente a la construcción del Estado del Bienestar en los años 80, algo que debe ser reconocido como merito del Partido Socialista y su lí­der de entonces, Felipe González.

Los derechos universales (Sanidad, Educación) mejoran tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad social, sin perjuicio para la eficiencia económica y el crecimiento. Las pensiones y el subsidio de desempleo mejoran la equidad. Y las ayudas directas mejoran la equidad y la eficiencia.

¿Qué papel para los impuestos?

Los impuestos deben garantizar la suficiencia recaudatoria y la equidad horizontal y vertical. Deben garantizar la eficiencia económica, que se siga creciendo y compitiendo en un mundo cada vez más globalizado. Y deben ser progresivos, es decir que proporcionalmente pague más el que más tenga.

Pero la vieja pretensión de la izquierda de unos impuestos cuyo fin primordial sea la redistribución está condenada al fracaso. Suelen terminar en enormes complejidades (¿alguien recuerda la fórmula polinómica de los años 80?), en regresividad, en vací­os legales, en evasión y fraude.

Un sistema justo y eficiente se puede conseguir con un sistema fiscal más sencillo, por ejemplo con un tipo único para la renta acompañado de un importante mí­nimo exento que garantice la progresividad. Un mí­nimo exento de 12.000 euros y un tipo único del 30% garantizarí­a la suficiencia, la sencillez y la progresividad. Sólo falta la valentía polí­tica de llevarlo a la práctica.