Los desplazados colombianos: las víctimas “invisibles”

Erika Fontalvo Galofre

A tan sólo una hora de Bogotá, en el municipio de Soacha, se encuentra Altos de Cazucá, hogar de decenas de miles de desplazados: hombres, mujeres y niños que viven en medio de una pobreza abrumadora, hacinados en casas de cartón y bolsas de basura, con un desempleo generalizado, sin posibilidad de educarse por la falta de escuelas y con enfermedades de todo tipo, entre ellas, desnutrición y trastornos sicológicos que difícilmente encuentran atención por la reducida presencia del Estado que carece de una política seria y sostenible para afrontar esta problemática. El drama que se vive a diario en Altos de Cazucá se repite en decenas de ciudades colombianas donde los desplazados no tienen garantizado el acceso a los derechos básicos como el trabajo, la educación y la salud. Tampoco cuentan con suficientes espacios de recreación, medios de transporte y muchas veces tienen restringidos sus derechos a la libre expresión, a la libertad de asociación y de conciencia. Por eso no es de extrañar que en muchas ocasiones ni siquiera se les garantice la vida. El conflicto, el terror, esa violencia maldita que los expulsó de sus lugares de origen los sigue acosando como una llaga que va extendiéndose por toda su piel hasta quedarse allí para siempre causando un daño irreversible. Y junto a esta dura y caótica realidad que socava las esperanzas de estos colombianos desplazados se encuentra otra verdad, tan dolorosa y cruel como el hambre, el frío y el miedo que padecen a diario: la indiferencia. Indiferencia de buena parte de un país que desconoce, se niega a reconocer o que olvida muy rápido los rostros de la tragedia que lucen los compatriotas que, con enorme frustración y desconsuelo, tienen que dejar lo poco que tienen para no ser víctimas de la infamia. Frente a esa otra Colombia que los ignora e incluso los desprecia, los desplazados resisten aferrados como antorchas que se niegan a apagarse en medio de la oscuridad más profunda.

La eterna discusión sobre las cifras del desplazamiento en Colombia se ha convertido en una debate político que le ha restado protagonismo a las víctimas. La guerra de datos,  entre la institución estatal que lleva el tema y que desde 1995 registra 2 millones de desplazados frente a los 3,8 millones de las ONG especializadas que los contabilizan desde 1985, es un conflicto agotador. Por supuesto, es imprescindible saber cuál es la dimensión real de esta crisis humanitaria, una de las más graves del mundo según la ONU, para garantizar la respuesta del Estado a través de una política pública eficaz. Pero más allá de la cifra exacta, está claro que son muchos y que siguen aumentando.

Por eso es responsabilidad de los medios de comunicación ocuparnos del tema desde la perspectiva que demanda: la denuncia del olvido en el que estas personas se encuentran, sus dramáticas condiciones de subsistencia y el reiterado incumplimiento del Estado para hacerle frente a sus obligaciones, tal y como lo ha reclamado en varias oportunidades la Corte Constitucional de Colombia que, en una sentencia de 2004, exige al Estado que cumpla con lo que dice la Ley.

Lo primero es reconocer que todos los esfuerzos resultan insuficientes para informar como se debe acerca de esta realidad. Se ha perdido mucho tiempo, tiempo valioso para crear conciencia, para construir un tejido social que nos permita ser más solidarios con esas personas de las que no nos ocupamos. Los propietarios y directores de medios de comunicación en Colombia se rasgan las vestiduras, pero en realidad están muy lejos de adquirir el grado de responsabilidad y compromiso frente a la absoluta tragedia que viven millones de compatriotas. ¿Por qué no nos duele el sufrimiento ajeno? me pregunto a diario desde la comodidad de mi casa en Madrid cuando evoco el profundo vacío que reflejaban los ojos de los habitantes de Bojayá al ver su pueblo en ruinas. Recuerdo que tras los enfrentamientos entre grupos de extrema derecha e izquierda, en mayo de 2001, más de 110 personas murieron atrapadas en una iglesia en la que se refugiaron pensando que sería un lugar seguro. Luego de recoger los pedazos de sus seres queridos, miles emprendieron la huída protagonizando uno de los casos más sonados de desplazamiento forzado en Colombia durante los últimos años.

Durante varios días, centenares de personas, familias enteras, ancianos, niños atemorizados y muchos de ellos, enfermos y perturbados arriesgaron sus vidas navegando durante días enteros hasta llegar a la capital del departamento, Quibdó, para dejar atrás el dolor de la muerte que les había alcanzado como nunca antes.

Muchos estuvimos allí registrando lo sucedido, pero tras un tiempo nos marchamos dejando en los improvisados albergues a estas personas. Hoy muchas de ellas siguen sin regresar a Bojayá porque lo prometido sólo se ha cumplido a medias. Este es el limitado registro de lo que pasa en Colombia con los desplazados. Es muy triste tener que reconocer que los utilizamos sin ocuparnos realmente de sus necesidades futuras y de que rara vez los acompañamos en la  búsqueda de una solución definitiva para sus problemas.

El sufrimiento de los desplazados colombianos no acaba cuando se apagan las luces de las cámaras. Sigue indefinidamente y se incrementa con la indiferencia de los medios de comunicación de Colombia que, al igual que el Estado, no se comprometen lo suficiente para garantizar espacios permanentes a las víctimas que merecen ser escuchadas y reconocidas para que nunca olvidemos su dolor y sacrificio.

No importa cuántos sean ni cuánto tiempo haya transcurrido desde que fueron obligados a marcharse de sus pueblos, a dejar sus hogares, a abandonar sus tierras; los desplazados deben seguir siendo una prioridad en nuestras agendas informativas como una exigencia diaria que nos obligue a darles el lugar que se merecen.

Y para lograrlo, debemos dejar de percibir el desplazamiento como un suceso e incorporarlo como una temática social que nos afecta a todos, que nos alcanza a todos aunque nos resistamos. Hay que avanzar hacia un cambio de mentalidad contundente e inaplazable que nos conduzca a darles voz y rostro a los que hoy no la tienen, pero que  casi siempre tienen una valiosa lección de vida y fortaleza que darnos. Escucharlos y compartir sus experiencias nos acerca al reconocimiento del problema y a la búsqueda común de posibles soluciones.

En Colombia, existe una importante presencia de medios españoles. La mayoría de los grandes diarios y la televisión pública cuentan con corresponsales permanentes que, en la mayoría de las ocasiones, se ocupan de contar aquí las noticias que a diario se registran en el país y que, suelen tener su origen en el conflicto.

Muchas veces, esos periodistas que son profesionales muy bien formados y con gran experiencia, incurren en graves imprecisiones que hacen mucho daño y le hacen un  flaco favor a sus propios medios ante los ojos de las personas que tenemos un mínimo conocimiento sobre nuestro país. Leía un caso de estos el otro día en el diario El Mundo que publicaba la ruta que había seguido un periodista tras la pista de la señora Ingrid Betancourt, en poder de las FARC. Este señor ubicaba regiones por las que él supuestamente había pasado en lugares absolutamente incorrectos, dando la sensación de un desconocimiento profundo del país y lo peor, de que las FARC estaban en lugares en los que realmente no ejercen un control como el que él relataba.

Los periodistas españoles, como los británicos, los franceses y los de muchas otras nacionalidades, entre ellos, los colombianos, encontramos en este antiguo y crónico conflicto, una forma de buscar protagonismo, de denunciar lo que a nuestro juicio es lo más acertado y muchas veces, olvidamos la importancia que tienen las víctimas.

En ocasiones sin rigor y faltando a la verdad, o con un tratamiento que no es el más adecuado porque no presenta una completa visión de las partes, se otorga mayor visibilidad a los actores armados ilegales, y también legales, y se relega a un segundo plano a los desplazados que merecen, como ningún otro actor, que se les permita expresarse y contar su drama porque es, a mi juicio, la mejor forma de reflejar lo que sucede en el país.

Yo he sido testigo de cómo se “forran� periodistas extranjeros en Colombia “vendiendo� exclusivas a medios internacionales gracias al juego que les dan por ejemplo las FARC, concediéndoles unas declaraciones o facilitándoles el acceso a una zona de conflicto o a uno de sus campamentos. Si ellos quieren hacerlo y pueden, tienen la libertad de hacerlo, pero en esa búsqueda de la imparcialidad y de la verdad que defendemos los periodistas, es hora de que los medios internacionales sean más solidarios con la realidad de las víctimas colombianas, con los desplazados que rara vez son requeridos por ellos.

En Colombia las víctimas, la mayoría de ellas desplazadas por la violencia, están liderando procesos para hacer visibles sus necesidades y demandas. Muchas de ellas están siendo perseguidas y asesinadas por los líderes de la extrema derecha que, de “dientes para afuera�, dicen estar vinculados a un proceso que pretende garantizar la verdad, la justicia y la reparación, cuando en realidad siguen con sus acciones criminales.  Es un momento decisivo para mirar hacia lo que pasa en Colombia y lograr que los medios españoles y, en general, los internacionales se ocuparan del tema.

No es tan difícil cambiar la perspectiva de informar acerca del conflicto colombiano. Hay una serie de hechos que evidencian la profunda crisis social y humanitaria de millones de personas en Colombia. Los desplazamientos no sólo se producen por los combates o enfrentamientos entre las fuerzas irregulares y estatales, también el retorno de la guerrilla a territorios antes ocupados por los grupos de extrema derecha, las fumigaciones en áreas de cultivos ilícitos, los ataques a sectores de la población que reciben subsidios del gobierno generan movilizaciones permanentes. Además está el confinamiento, provocado por la siembra de minas antipersona en las afueras de pueblos y zonas rurales o porque los grupos irregulares deciden sitiar la localidad.

Estas son situaciones que se conocen muy poco, que no despiertan mucho interés y que merecen la pena ser denunciadas en foros internacionales y, a través de los medios de comunicación nacionales y extranjeros que, muchas veces, por razones de seguridad o simple indiferencia, pasan del tema.

En Colombia, durante 2006, se desplazaron diariamente unas 600 personas. Es como si localidades enteras de España, pequeñas poblaciones abandonaran su lugar de origen y residencia para iniciar un calvario que los llevará por un tortuoso camino marcado por el abandono, la indiferencia y el olvido.

Es imperativo establecer alianzas entre esas distintas entidades con el objetivo de ofrecer una respuesta mucho más efectiva que ayude a visibilizar la situación de los desplazados y otros grupos vulnerables en Colombia. Ellos, los más débiles, las minorías étnicas, son los que terminan soportando, en la más absoluta soledad, la presión del conflicto que persiste en buena parte del territorio nacional y que mantiene vigentes las causas estructurales del desplazamiento en el país.

Actualmente, ACNUR, aliado con la Iglesia Católica, con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, con la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional, la Contraloría y la Alcaldía de Bogotá, ha promovido marcar 2007 como el Año de los Derechos de las Personas Desplazadas, para despertar la solidaridad con estos colombianos.

Además se están llevando a cabo jornadas de recolección de firmas por todo el país, que cuentan con el respaldo de estos organismos. Se busca que por lo menos un millón de compatriotas que se solidaricen con quienes sufren el desarraigo y le pidan al gobierno nuevas y definitivas acciones a favor de los desplazados.

Es prioridad que Colombia y la Comunidad Internacional, a nivel institucional y social, pongan en marcha iniciativas que ayuden a visibilizar los hechos que provocan el desplazamiento forzado en el país. El desconocimiento de lo que allí sucede crea una situación de aislamiento y abandono de las comunidades afectadas por el conflicto, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.  

El Estado está en deuda con los desplazados colombianos a los que tiene la obligación de reconocer como víctimas civiles del conflicto, según la Ley 387 de 1997. Además, está obligado a restituir sus derechos fundamentales, así como a restablecer sus condiciones de vida alteradas por el desplazamiento y a concertar la reparación por los daños causados. En Colombia, esa ley que este año cumple 10 años es, a juicio de la ONU, una normativa recomendable, pero como suele suceder en el país, existe una gran diferencia entre lo que dice y y lo que se hace.

Se calcula que durante los últimos años más de 4,8 millones de hectáreas les fueron arrebatadas a unas 250 mil familias campesinas. Detrás de esa sistemática campaña están los jefes de las grupos de extrema derecha que hoy responden ante la justicia como parte de su estrategia de desmovilización.

Es en ese escenario, que llena de desconsuelo a las víctimas, donde los medios juegan un papel valioso. Dejarlos en el olvido porque el Estado no produce informaciones que merezcan ser registradas o asumir una posición tibia frente a sus justas demandas es “tremendamente cruel� para sus aspiraciones de sentirse parte de una sociedad que está en la obligación de integrarlos. Es imprescindible que los medios colombianos y extranjeros permanezcan atentos a los pasos que da el Estado para garantizar la realización  efectiva de los derechos reconocidos de los desplazados, como es su obligación.

Medios colombianos e internacionales, sectores estatales e independientes, organismos multilaterales, organizaciones sociales, grupos de apoyo y todos aquellos que estén en disposición de actuar estamos llamados, con urgencia,  a promover alianzas para generar mayor solidaridad con las víctimas de la violencia en el país, con los desplazados.

Olvidar, aislar a los millones de desplazados colombianos es condenarlos a un destierro sin final, es perpetuar el dolor de un conflicto que parece no tener solución. Ser solidarios, pensar en la tragedia que han tenido que vivir esas personas, no una sino muchas veces, es una forma de construir un país que merece una oportunidad.