Las políticas activas y pasivas de educación

Carlos Montbau

En este artículo me gustaría reflexionar sobre las potencialidades y limitaciones tanto de las políticas activas de ocupación como de las pasivas. Estas políticas sociales son promovidas, potenciadas y financiadas por diversas entidades públicas desde la Unión Europea hasta las Comunidades Autonómicas y ejecutadas por los diversos entes locales, sobre todo los municipios pero también tienen protagonismo en su puesta en marcha el tercer sector y los agentes económicos. La misión última de estas políticas públicas es mejorar las condiciones laborales del trabajador y ayudar a las empresas a ser más competitivas. Estas políticas públicas promueven el desarrollo económico local como mejora conjunta del territorio. El objetivo de estas políticas es ahondar en las potenciales de cualquier territorio sumando los diferentes agentes de ese lugar.Generar sinergias y pactos entre los diversos agentes del territorio no resulta una tarea fácil porque cada uno de los protagonistas tiene legítimos intereses que no siempre coinciden con otros participantes pero no es menos cierto que los pactos que se acuerdan suelen ser duraderos y sólidos ya que tienen un respaldo mayoritario. Sin duda estos acuerdos generaran un beneficio a la población de este territorio. Este trabajo de concertación limita notablemente la tentación de tomar decisiones de manera individual tanto desde sectores sociales como económicos ya que el supuesto diagnóstico de cada uno de los protagonistas debe ser validado por el resto de agentes y esto limita las salidas de tono de los diferentes agentes.

Estas políticas activas de ocupación tienen un amplio abanico de servicios que giran desde el ámbito de la orientación laboral de las personas en situación de desempleo o de búsqueda de mejora de empleo o la formación tanto profesionalizadora (aprender un oficio) como la formación de contenidos más transversales (TICS e idiomas, principalmente). La formación ocupacional ha dado un gran paso adelante con los certificados de profesionalidad, cuya obtención de alguno de sus tres niveles, puede dar como resultado la convalidación de una parte importante de los ciclos formativos de grado medio o superior. Realizar prácticas en empresas con compromiso de contratación o formación a medida de la empresa es otro de los servicios de estas políticas públicas. En este último campo es importante que el sector público realice las correspondientes tareas de supervisión para que aquello pactado sea lo que realmente se da en el quehacer diario de las prácticas o de la contratación futura quedando excluido un posible abuso por parte de la empresa.

Pero si estas políticas tienen claros beneficios y potencialidades para el tejido de un territorio también existen a mí parecer dos limitaciones: Una tiene que ver con aplicar estas políticas sociales con el exclusivo parámetro del municipio físico administrativo cuando estas políticas han de tener como referente el territorio, la zona geográfica con un denominador común a nivel económico, cultural, social. Y las entidades supramunicipales otorgadoras de subvenciones debieran potenciar el trabajo conjunto de los municipios próximos. No siempre esto se da así. Esta dinámica tan “parcializadora” debería tender a eliminarse.

Otra limitación de estas políticas tiene que ver con decisiones legislativas macroeconómicas como son las reformas laborales de los últimos tiempos. Las condiciones draconianas para el trabajador condicionan y limitan su proyecto profesional y pueden conducir a que una persona con una trayectoria laboral sólida y extensa se vea abocado a una situación de precariedad laboral y/o de desempleo de larga duración.

Y estas limitaciones reales que cada vez parecen tener más fuerza nos lleva a hablar de las políticas pasivas de ocupación donde el consenso que antes encontrábamos en las políticas activas queda más enclenque. En estas políticas la ciudadanía que lo necesita, y después de haber superado una serie de laberínticas exigencias en función de la edad, el género o la existencia de cargas familiares puede recibir algún tipo de prestación condicionado a un “pacto de actividad”. Esto significa que la persona tiene que demostrar que ha buscado de manera activa trabajo para ser correspondido por una prestación. Y aquí vienen mis objeciones: ¿Por qué hemos de exigirle una “gincana” a una persona que se encuentra en una situación de desempleo? ¿No es suficiente angustia encontrarse en esta situación como para que encima deban ser controlados por unas administraciones que han aceptado una reforma laboral que perjudica gravemente las condiciones de vida de los trabajadores?

Para modificar este paradigma se debe hacer una apuesta clara para que las prestaciones económicas sean un derecho permanentemente y subjetivo y no limitado y condicionado en el tiempo. La primera opción es una herramienta útil para alejar la pobreza de la ciudadanía.

Y hay que reconocer el esfuerzo de algunas Comunidades Autónomas como Euskadi, Catalunya o País Valenciano donde se está avanzando hacia la renta garantizada de ciudadanía que permitirá al ciudadano poder disfrutar de una prestación económica simplemente por el hecho de no tener unos ingresos (incluso trabajando) suficientes para vivir con dignidad. Por lo tanto las políticas pasivas de empleo son políticas necesarias para generar dinámicas de inclusión social pero que se deben empezar a trabajar desde otro prisma, empezando por el cambio de nomenclatura, utilizando un nombre y apellidos que las llenen de dignidad y no de pasividad.

Un pensamiento en “Las políticas activas y pasivas de educación

  1. De acuerdo con el desarrollo y las conclusiones. Muchas gracias al articulista además por atreverse con un tema “duro”, que también hay que tocarlos de vez en cuando.
    Tratando de contribuir un poco, la Comsión Europea -que recomienda bastantes mas cosas que solo reformar las pensiones- lleva mucho tiempo llamando la atencion sobre mejorar la eficacia de nuestras políticas activas de empleo. Siempre se le pone a medias la excusa y a medias la realidad de que es una competencia transferida y que cuesta ponerse de acuerdo etc. Algo de verdad hay aunque el enfoque del autor sobre que la territorialidad en lo economico no tiene por que coincidir con la territorialidad administrativa me parece muy acertado. Por ejemplo, las relaciones económicas entre Castilla la Mancha y Madrid ciudad son más que evidentes. Añadido a esto una de las cosas que también deberiamos pensarnos es la cantidad de recursos que se dedican a bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social, se consumen aproximadamente 2000 millones de euros (hablo de memoria) anuales en unas políticas que no funcionan.
    En cuanto a políticas pasivas, parece que esa “gincana” de la que habla el autor es cierta, a la que además se añade otro problema nacional, la gran mayoria de nuestro sistema de protección social es contributivo. Todo tiene explicación, ventajas inconvenientes etc. En este sentido la inconveniencia se manifiesta en que tiene muy poco impacto en reducir la pobreza, y es muy poco redistributivo. Si las prestaciones sociales se las tiene que pagar uno para acceder el que no se las puede pagar no accede, y resulta que quedan fuera los que mas lo necesitan.
    Dentro de esta materia se hablan de rentas mínimas garantizadas o incluso rentas básicas. Finlandia ha conducido un experimento que finalizará en diciembre con una renta básica aplicada localmente. Habrá que ver que sale.

    De nuevo, agradecer al autor la puesta en suerte de temas que a mí me gustan mucho.

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