Las personas más excluidas del mercado laboral

José Rodríguez

El 3 de diciembre se celebraba el día internacional de las personas con discapacidad. La UGT de Catalunya presentó un informe sobre la situación laboral de las personas discapacitadas.

Uno está acostumbrado a ver cifras de tasas de desempleo entre jóvenes entre el doble y el triple de la tasa habitual, o ver que las tasas de desempleo femeninas son 5 o 10 puntos superiores a la tasa de desempleo masculina, pero las cifras de participación del mercado laboral de las personas con discapacidad superan con creces ese nivel de exclusión.

El informe y los datos que cito en este artículo corresponden a Catalunya, pero os datos para el resto de España no varían demasiado.

El nivel de exclusión de las personas con discapacidad es el más alto de cualquier otro colectivo. Representan el 5,21% de las personas entre 16 y 65 años, es decir del grupo de personas en edad de trabajar, pero en cambio sólo representan el 0,46% del total de personas trabajadoras. Es decir, son más de 1 de cada 20 personas entre 16 y 65 años, pero no representan  ni  uno de cada 200 trabajadores.

Es decir, frente a la tasa de empleo 2 o 3 veces inferior de las personas más jóvenes y frente a las tasas unos puntos inferior de las mujeres frente a los hombres, la tasa de empleo entre personas con discapacidad es 10 veces inferior a la del conjunto de la población.

Hay muy pocas personas con discapacidad trabajando. Poquísimas. Pero además, de las personas con discapacidad que trabajan, tan sólo el 4% lo hace con un contrato laboral ordinario. El 70% trabaja en Centros Especiales de Trabajo (CET) y el 26% restante lo hace en empresas ordinarias pero con contratos bonificados.

Hay muchas críticas a las políticas activas de empleo desde algunos economistas de la academia indicando que son poco efectivas. Estas críticas suelen hacerse sin conocer los detalles del mercado laboral, y este es un claro ejemplo. Me encantaría saber que harían los trabajadores con discapacidad sin estas limitadas y exiguas medidas activas para entrar en el mercado laboral.

Además no sólo tienen una intensidad de empleo inferior y trabajan casi en exclusiva gracias a las medidas activas de empleo y los centros de especiales de trabajo, sino que además lo hacen en condiciones más precarias que el conjunto de trabajadores. Si el porcentaje de trabajadores con contratos temporales representan entre el 18-20% del total, en el colectivo de trabajadores con discapacidad el porcentaje alcanza el 78%.

El hecho es que las personas con discapacidad son los grandes excluidos del mercado laboral, son también de los colectivos de los que menos se habla cuando hablamos de problemas de dualidad del mercado laboral, y además son los que más sufren la precariedad más que ningún otro colectivo. Sostenemos su presencia en el mercado laboral en una red muy precaria de CET y de medidas muy limitadas de contratos bonificados y de una ley (LISMI) que se incumple de forma sistemática por la inmensa mayoría de las empresas españolas.

Es casi imposible que una persona con discapacidad pueda construir un proyecto viable de futuro, no sólo por las limitaciones fruto de su propia discapacidad, las cuales la mayoría de personas logran superar, sino por las limitaciones sociales y de mercado que se producen en el mercado laboral español.

Soluciones rápidas tengo pocas. Por mucho que la sociedad española sea tolerante, no confiamos en las personas con discapacidad para contratarlos en las empresas, por mucho que en la mayoría de casos la discapacidad de estas personas no afecte a su productividad (una persona en silla de ruedas puede tener algunas necesidades de accesibilidad que no tiene una personas sin limitaciones de movilidad, pero delante de un ordenador puede ser tan productiva como cualquiera). Hay empresas como “La Fageda” que no sólo es solidaria y tiene una plantilla de personas con discapacidad muy amplia, sino que son competitivas, modernas y muy productivas, demostrando que la mayoría de personas con discapacidad pueden ejercer funciones laborales de forma competitiva. Pero todas estas evidencias a lo micro no terminan de quitar los prejuicios de los empresarios españoles. Ni siquiera una ley como la LISMI que obliga a contratar un porcentaje de la plantilla entre ese colectivo logra que se aplique ni tan solo de forma mínima.

Este es uno de los problemas de los que ni tan siquiera tenemos consciencia. A diferencia de la exclusión laboral juvenil o femenina (problemas reales e indiscutibles), este problema apenas tiene espacio en los medios. Y sin ni tan siquiera ser conscientes del problema, difícilmente podremos afrontarlo.